Rogers Valencia en lista de ex ministros de Cultura, investigados por contratos con Richard Swing

Las investigaciones en torno a Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, ahora ponen en la mira de la Comisión de Fiscalización del Congreso y el Ministerio Público, a seis exministros de Cultura, debido a 9 contratos que se firmaran con el artista, entre el 25 de julio del 2018 y el 24 de mayo de 2020.

La primera involucrada es la exministra Patricia Balbuena, quien le concedió dos consultorías por S/21 mil soles cada una. Un hecho que se respalda en la información proporcionada por colaboradores a la fiscalía, quienes manifiestan que dichos servicios se hicieron por orden de Mirian Morales, exsecretaria general de Palacio de Gobierno.

El otro involucrado es el ex ministro Rogers Valencia. El cusqueño durante su permanencia en cartera de Cultura, otorgó una sola orden de servicio para Swing, por un monto de 7 mil soles en febrero de 2019.

También figura, la ex ministra Ulla Holmquist. Durante su gestión, se emitieron otras dos órdenes de servicio, entre el 11 de marzo y el 8 de julio de 2019, las cuales fueron pagadas en mayo y en junio de ese año, por S/ 7 mil la primera y por S/21 mil la segunda.

Asimismo, encontramos a Luis Jaime Castillo, quien, a sólo dos meses de asumir el cargo, emitió otra orden de servicio para Cisneros por S/ 8 mil.

El actual agregado cultural de la embajada de Perú en Alemania, Francesco Petrozzi, emitió una importante orden de servicio, nada menos que por S/ 27 mil, en octubre de 2019.

Para finalizar, en el tiempo en que estuvo la ex ministra Sonia Guillén, salieron las dos últimas órdenes a favor de Swing. Una en febrero por S/ 33 mil 400 soles y otra en abril, por S/ 30 mil soles, ambas en este año.

Dato:

En el caso de Rogers Valencia, además de este nuevo escándalo, fue declarado como persona no grata en Machu Picchu en febrero del 2019. Luego de que se supiera que estuvo a favor y promoviendo el Decreto Legislativo N° 1198, el cual establecía que el Ministerio de Cultura podía otorgar a entidades públicas y/o privadas, la administración de determinados componentes de los inmuebles que integren el Patrimonio Cultural de la Nación, mediante la suscripción de convenios de gestión cultural.