La disputa por la vía que lleva a Machupicchu

La Municipalidad de Urubamba autorizó a una nueva empresa para operar en la vía hacia la ciudad inca de Machupicchu y desconoció la cuestionada autorización que defiende el monopolio Consettur Machupicchu. Este es un nuevo episodio de la pelea por esta ruta que genera millones de ganancias.

La plaza principal de la ciudad de Urubamba, en la región Cusco, estuvo casi repleta. Comuneros de Machupicchu, Ollantaytambo y Urubamba asistieron el martes pasado a la ceremonia donde la Municipalidad Provincial de Urubamba entregó la autorización a la empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy para que entre a operar en la carretera Hiram Bingham. Con esa resolución, la comuna abrió la competencia en la ruta que maneja el consorcio Consettur Machupicchu desde 1995 y de paso desconoce la autorización que dice tener esta empresa.

“Esta empresa (Consettur) no cuenta con la autorización para operar en la ruta, podría decirse que es una ruta ilegal”, dijo Alex Valencia, jefe de la División de Transporte de la municipalidad.

La vía apenas tiene una extensión de 7 kilómetros y tiene una capacidad de carga de 24 unidades vehiculares. Actualmente, Consettur tiene los 24 buses para prestar el servicio y cobra a los turistas extranjeros entre USD 11 y USD 24, y a los visitantes nacionales entre USD 5 y USD 15.

Los 14 buses de Consettur deben ser retirados a medida que se autoricen a nuevas empresas, dice Valencia.

La empresa Sumaq Ayllu San Antonio de Torontoy entrará a operar con dos unidades vehiculares. Tiene 30 días de plazo para gestionar su ingreso ante el Sernanp. La municipalidad evalúa dos solicitudes de autorización presentadas por otras dos empresas: una pretende operar seis unidades y la otra solo un vehículo.

El alcalde de Urubamba, Luis Alberto Valcárcel Villegas, dijo que se rompió el monopolio de la empresa Consettur.

CONTRAATAQUE

Consettur Machupicchu anunció en un comunicado que hará respetar la autorización que tiene hasta el 2025. Esta empresa ganó la concesión por dos años en 1995 y, al cabo de ese periodo, se amplió hasta el 2025 en un proceso declarado vencido por la Comisión de Libre Competencia de Indecopi, en abril de 2017.

Desde entonces hubo varios intentos de otras empresas para entrar a competir en la ruta. Sin embargo, Consettur impidió el ingreso de competidores con protestas y acciones legales ante el Poder Judicial.

“Consettur Machupicchu se mantiene firme en su posición jurídica respecto de la ruta y procurará los medios necesarios, legalmente reconocidos, para impedir el acceso de cualquier otro operador que no cuente con las habilitaciones válidas y legítimamente otorgadas por autoridad competente y conforme al ordenamiento legal vigente”, señaló en un comunicado.

El gerente general de Consettur, Darío Zúñiga, señaló que la media adoptada por la Municipalidad de Urubamba “es irresponsable para con el Santuario Histórico de Machupicchu y para con el distrito de Machupicchu (…) Contraviene los contratos habilitantes y altera la capacidad de carga y desconoce las funciones de Sernanp y genera un conflicto”.

Y remató: “No va a ocurrir que saquemos las 24 unidades en base a las autorizaciones que es hasta el 2025”.

USO DE LA FUERZA

Al respecto, el jefe de la División de Transporte de la Municipalidad Provincial de Urubamba, Alex Valencia, dijo que si Consettur se resiste a cumplir la orden de retirar sus unidades vehiculares usarán la fuerza. “Si no se retiran, usaremos la fuerza pública para hacerla cumplir (…) Cuando una unidad vehicular está operando sin tener la autorización del organismo competente debe ser retirado con el apoyo de la fuerza pública. Así lo señala el reglamento de administración de transporte”.

El alcalde de Machupicchu, Darwin Baca, casi en estado de negación, dijo que hay equivocaciones en esta resolución y que está fuera de foco. “Lo que ha existido es una autorización de la Municipalidad de Urubamba para que haga todos los trámites ante las instancias que corresponden. Entonces, no podemos hablar de un ingreso”, anotó.

Baca señaló que tomarán acciones legales que correspondan en el momento que sea necesario. Lo que no quiso reconocer es que ha empezado un nuevo conflicto social en el distrito más turístico del Perú.