Incendios forestales se incrementan en Cusco

Casi 5 mil hectáreas de pastizales devoradas y una persona fallecida en lo que va del año

Los meses de sequía en Cusco, desafortunadamente se caracteriza por la ocurrencia de incendios
forestales. Tan solo en el 2021, se reportó más de 40,524 hectáreas pérdidas y la mayoría de ellos
perpetrados por las personas.

Solo en la última semana, la región Cusco registra la pérdida de 4,832 hectáreas (ha), en promedio,
donde el fuego afectó pajonales de puna húmeda, bosques relictos, matorrales con especies
nativas y de vegetación secundaria, en los distritos de Machupicchu y Ollantaytambo, en la
provincia de Urubamba; y en los distritos de Yanatile en Calca y Oropesa en Quispicanchi.
Hasta la fecha se ha podido advertir la ocurrencia de 38 incendios forestales, y la cifra va en
aumento. Esta tragedia ambiental obliga a las autoridades a que se deba retomar la realización de
sesiones de información y fortalecimiento de capacidades de los funcionarios de diferentes niveles
de gobierno, a fin de impulsar la prevención de estos eventos producidos casi en su totalidad por
los pobladores locales.

Con ese motivo, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego —a través del Servicio Nacional
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)— y el Gobierno Regional del Cusco realizaron el Módulo I
del curso virtual “Gestión de riesgos ant4e incendios forestales en el ámbito de la región Cusco”
versión 2022, como parte de las estrategias para prevenir la presencia de incendios forestales.
En dicho evento se presentaron especialistas del Instituto de Defensa Civil (INDECI) y del Centro de
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el SERVICIO Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR), y expusieron ante funcionarios públicos de los gobiernos regionales y municipales
cuáles son las competencias de las instituciones involucradas en la gestión de riesgos ante
incendios forestales. Con ello, se precisará cuál es el rol que le corresponde a cada organismo
gubernamental en esta tarea; y se explicará cómo se realiza la gestión de información del COEN en
el caso de la ocurrencia de estos desastres.

El SERFOR alerta que es importante que los gobiernos locales (distritales y provinciales) elaboren
planes de contingencia destinados a la gestión de riesgos ante incendios forestales, promuevan
algunas alternativas para no quemar y desarrollen acciones de sensibilización para prevenir la
ocurrencia de estos. Todo esfuerzo suma a la prevención de los incendios forestales que son más
frecuentes en la temporada de sequía, que va de mayo a noviembre, en la sierra del Perú.

VIDAS HUMANAS
Esta última semana, un hombre de 76 años fue encontrado muerto muy cerca de su vivienda
ubicada en Livitaca Chumbivilcas tras un incendio forestal. El cadáver presentaba graves
quemaduras, y según la hipótesis de la policía, al ser la única víctima, se trataría del responsable
del siniestro.

En años anteriores, se han reportado incendios de gran magnitud que ocasionaron la muerte de
comuneros, y otros resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado con secuelas para toda
la vida.
Pese a la labor de concientización, no hay cambios tangibles en el modo de vida de algunos
comuneros que persisten en esta práctica que afecta al medio ambiente, destruye ecosistemas, y
en ocasiones lleva a la muerte a los propios responsables de los incendios.

DATOS
Según la Ley 29664, corresponde a los municipios distritales atender la primera respuesta ante los
incendios forestales. Si es de mayor magnitud, la responsabilidad se trasfiere al municipio
provincial, seguidamente al gobierno regional y finalmente al Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI).

El SERFOR actúa como ente articulador y promueve constantemente la realización de campañas de
prevención contra incendios forestales y participa en la evaluación de daños a la afectación del
patrimonio forestal y de fauna silvestre.
La Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, considera la provocación de un incendio
forestal como una falta muy grave, la misma es sancionada con el pago de una multa que va desde
las 10 hasta las 5000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que puede acarrear una sanción
penal (cárcel).