Cusco
Delitos de extorsión y minería ilegal aumentan y se convierten en las nuevas amenazas para el Cusco
• El delito que más avanza en la región se vincula con las extorsiones, que subieron en 24 % respecto al 2024. Ese hecho, en el corto y mediano plazo, podrían afectar el turismo y la actividad minera.La inseguridad ya se relaciona con actividades de extorsión de bandas criminales que operan en la ciudad del Cusco, mientras que en algunas provincias se ha puesto en evidencia el crecimiento sostenido de actividades de minería ilegal.En 2025, la extorsión fue el delito que aumentó en la región. Se registraron 14 casos por cada 100 mil habitantes. Eso equivale a 26 % más que en 2024 y siete veces más que en 2019. La cifra, por sí sola, ya alerta de un problema que podría poner en aprietos a la ciudad y ahuyentar al turismo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), menos del 20 % de las víctimas denuncia los hechos, por lo que hay un subregistro de casos de extorsión en la ciudad.*Minería en provincias*Según datos oficiales, el crecimiento de la minería ilegal es otra actividad delictiva que ha aumentado el año pasado. En 2025, el Ministerio Público registró seis denuncias por minería ilegal por cada 100 mil habitantes en Cusco, un aumento de 50 % respecto a 2020.La provincia de Chumbivilcas concentra casi la mitad de los casos. Le siguen Quispicanchi (14 %) y La Convención (12 %). En estas tres provincias, las denuncias por todo tipo de delitos crecieron 44 % frente a 2019. No aparece en este mapeo la provincia de Paucartambo, donde también se desarrollan actividades mineras informales e ilegales. *Los peligros*Cusco no es cualquier región. Es uno de los principales destinos turísticos del país y, al mismo tiempo, un territorio por donde pasa el corredor minero del sur. El avance del crimen organizado pone en riesgo ambas actividades económicas. Por un lado, deteriora la imagen de seguridad que necesita el turismo. Por otro, generan conflicto en el mercado minero.La capacidad de respuesta del Estado, además, es limitada. Aunque Cusco cuenta con 462 policías por cada 100 mil habitantes (por encima del promedio nacional), la infraestructura no es la más adecuada. Cifras oficiales, de Contraloría y otras entidades, precisan que menos del 30 % de las comisarías está en buen estado y el 40 % no tiene servicios básicos adecuados.A esto se suma un presupuesto en retroceso. En 2026, se asignaron S/66 millones para proyectos de orden y seguridad, 13 % menos que en 2025.
Cusco
Defensoría Universitaria de la Unsaac registra 26 casos de hostigamiento sexual
De docentes -alumnos, entre estudiantes y de administrativos a estudiantes
Ruth Mayhua, Defensora Universitaria de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, informó que en esta instancia se cuenta con 26 denuncias de hostigamiento sexual, de docentes a estudiantes, entre estudiantes y de trabajadores administrativos a estudiantes.
La representante precisó que un total de 14 casos, ya fueron derivados al Ministerio Público para las investigaciones del caso.
“De las denuncias que hemos registrado, algunas fueron sancionadas y otras archivadas”, dijo, Ruth Mayhua, quien precisó además que a la fecha en la UNSAAC, se encuentran instaladas la secretaria de Instrucción, la Comisión Disciplinaria y el Tribunal Disciplinario, quienes son los encargados de realizar esta labor.
Finalmente la Defensora Universitaria se dirigió a los estudiantes antonianos y les dijo que si hay algún caso de hostigamiento sexual, denuncien, que estén seguros porque no están solos, pues es necesario consolidar la campaña que tiene como lema “Sin hostigamiento sexual Si Podemos”.
Redacción La Última
Cusco
Inseguridad en Cusco: sujetos desatan pelea hasta con machete en centro histórico
El centro histórico de la ciudad del Cusco es inseguro. Un video grabado por un transeúnte demuestra como dos tipos, uno provisto de un machete, se enfrascan en una pelea que algunos intentan separar.
La riña es al final de la calle Procuradores, a una cuadra de la plaza mayor y a menos de dos cuadras de la municipalidad del Cusco. El más avezado saca el arma blanca e intenta golpear a su oponente a la altura de la cintura, mientras que el otro espera el ataque para responder con un puñete en la cabeza.
Ambos luego se ven sobre la vereda y la vía, se golpean y algunos allegados intentan separarlos sin fortuna en un principio. Mientras todo esto ocurre no hay agentes policiales y menos miembros de serenazgo de la comuna provincial.
Tanto la institución policial como la municipalidad del Cusco, anunciaron medidas de seguridad para las fiestas del Cusco, pero no se refleja en las calles cercanas a la misma plaza de armas, bastante recorrida por turistas en diferentes horarios.
Esta pelea se suma a las muchas que se registraron, incluso con muertes, que el alcalde de la Municipalidad del Cusco, Luis Pantoja Calvo, no supo evitar. El burgomaestre se comprometió que en menos de cien días erradicaría los antros de la perdición, pero estás están más presentes que nunca y atendiendo a toda hora, pese a la cercanía de instituciones educativas.
Redacción La Última
Cusco
Nueve irregularidades en la obra del Paseo de los Incas de Luis Pantoja Calvo
• Un informe del Órgano de Control Institucional revela que el proyecto de S/17 millones carece de supervisor, utiliza materiales fuera de norma y tiene a profesionales sin habilitación vigente.
El Paseo de los Incas, obra vendida como emblemática por el alcalde del Cusco, Luis Pantoja Calvo, puede se está convirtiendo en un proyecto manchado por irregularidades. El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco emitió un informe sobre la obra «Creación de los servicios de espacios públicos urbanos en el espacio público Paseo de los Incas». El proyecto, que se ejecuta por administración directa con un presupuesto de 17 millones de soles, acumula al menos nueve situaciones adversas que comprometen su calidad, legalidad y seguridad.
La Contraloría detectó que la municipalidad no contrató un supervisor de obra, fraccionó compras, utiliza materiales fuera de especificación y tiene personal técnico sin habilitación profesional. En juego está más de 5 millones 212 mil soles que fueron devengados hasta el momento del control.
El Informe de visita de control 009-2026, del 3 de junio, advierte que el proyecto categoría «C», por su alto presupuesto, se ejecuta con un inspector de obra en lugar de un supervisor. La normativa exige que cualquier obra con costo igual o mayor a 4.3 millones de soles cuente con supervisión obligatoria. La municipalidad intentó contratar un supervisor a fines de 2025, pero el proceso no se concretó. Hasta la fecha, la entidad no ha tomado acciones para subsanar esta falta, pese a que el proyecto supera los 17 millones.
Los responsables de la obra tampoco cumplen con los perfiles exigidos. La Contraloría verificó que el residente de obra, Gean Marcos Quispe Castro, fue designado en julio de 2025 con apenas cinco años y diez meses de colegiatura. La directiva exige un mínimo de ocho años de experiencia en obras públicas de similar naturaleza para proyectos de categoría C.
Asimismo, señala que el inspector de arquitectura y el ingeniero de seguridad no se encuentran habilitados para ejercer su profesión. El arquitecto Ruperto Garay Tamayo y el ingeniero Barnaby Bustamante Navarrete figuran como inhabilitados en los registros del Colegio de Arquitectos y del Colegio de Ingenieros del Perú.
La ejecución de la obra también presenta graves deficiencias técnicas. La Contraloría constató que los trabajadores utilizan piedra laja con espesores menores a los exigidos en el expediente técnico. Las especificaciones requieren un mínimo de 1 1/2 pulgadas de espesor, pero el material colocado es más delgado. Además, el mortero de asentado contiene materiales que no corresponden a la mezcla establecida (proporción 1:4 cemento-arena). Estos incumplimientos podrían afectar la durabilidad y calidad de los pisos y pavimentos del Paseo de los Incas.
El personal técnico tampoco trabaja a tiempo completo ni con dedicación exclusiva. El ingeniero Ricardo Montoya Jara aparece como inspector de calidad de cuatro proyectos simultáneos, pese a que el expediente técnico exige su dedicación al 100 % en esta obra. El ingeniero Romario Pumachara Corrales, modelador BIM, fue encargado adicionalmente como ingeniero de calidad, asumiendo dos cargos distintos en el mismo proyecto. La normativa prohíbe que un profesional participe en más de una obra o tenga doble función, salvo que el expediente técnico contemple una participación menor al 50 %.
La gestión del alcalde Luis Pantoja tampoco contrató a los especialistas contemplados en el expediente técnico. Se verificó la ausencia de profesionales en arqueología, topografía, mecánica de suelos, estructuras metálicas y electricidad. El residente e inspector reconocieron que, pese a haber solicitado su asignación, la entidad no los ha contratado. Esta situación genera el riesgo de ejecutar partidas sin el control técnico especializado necesario.
El almacenamiento de materiales también es deficiente. La Contraloría encontró madera, agregados y acero expuestos a la intemperie, sin señalización y en contacto directo con el piso. Los materiales no cuentan con tarjetas de control visible o las tienen desactualizadas, lo que podría generar merma o pérdida de los bienes. La situación altera las propiedades del concreto y morteros que se elaboran en obra.
La obra carece de medidas básicas de seguridad y salud. Las áreas de trabajo, vías de circulación y rutas de evacuación no están señalizadas ni libres de obstáculos. Los residuos y materiales sobrantes permanecen esparcidos por el suelo. Tampoco se han ejecutado los monitoreos ambientales de calidad de aire y ruido que exige el expediente técnico, a pesar de que estos deben realizarse al inicio, durante y al final del proceso constructivo.
La Contraloría también detectó un posible fraccionamiento de compras. La municipalidad adquirió combustible, madera, triplay, agregados y alambre negro mediante requerimientos parciales por montos menores a 8 UIT (aproximadamente 41,200). Sin embargo, el total de cada tipo de bien supera ese límite, lo que evita la realización de procedimientos de selección. Esta práctica podría vulnerar la legalidad y la competencia en las contrataciones públicas.
Estas nueve situaciones adversas afectan o podrían afectar la continuidad, el resultado y el logro de los objetivos del proyecto. El alcalde Luis Beltrán Pantoja debía adoptar acciones preventivas y correctivas en un plazo máximo de cinco días hábiles, pero no se sabe si lo hizo.
Redacción La Última
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