• En la última década, las regiones recibieron más de 17,000 millones de soles por ese concepto. Sin embargo, los cambios en las concesiones afectarían esas transferencias que sostienen el gasto público y pondría en riesgo obras y servicios básicos.

A inicios de enero, el Gobierno Regional del Cusco (GORE) recibió, por concepto de adelanto de canon, 31 millones 307 mil 261 soles; y los gobiernos municipales, en conjunto, 117 millones 402 mil 232 soles. Cabe precisar que esta transferencia es la primera; la segunda, que es más cuantiosa, se realizará entre junio y julio próximo.
Mientras tanto, en 2025, el GORE Cusco recibió transferencias por canon y regalías mineras por más de 786 millones de soles y logró invertir más del noventa por ciento. Ese mismo año, las 13 municipalidades provinciales y las más de 110 distritales recibieron transferencias por 2 840 millones de soles y alcanzaron una ejecución del noventa y uno por ciento.
Según un análisis de Videnza Instituto, la minería formal aporta recursos que, cuando son bien utilizados, contribuyen al desarrollo de las regiones. “En la última década, los gobiernos locales y regionales contaron en promedio con más de 17 000 millones de soles anuales en su presupuesto”, señala la institución.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el año pasado la gestión regional de Werner Salcedo Álvarez destinó esos recursos principalmente a planeamiento, gestión y reserva de contingencia, así como a salud y educación; mientras que los gobiernos locales los orientaron a agro y ganadería, planeamiento, gestión y reserva de contingencia, transporte, cultura y deportes.
Es cierto que varias autoridades no han usado adecuadamente el dinero del canon y las regalías; sin embargo, en la mayoría de las regiones esta fuente representa más del 70 y 80 % de su presupuesto.
Por esa razón, según el analista Iván Arenas, el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que busca modificar el régimen minero encareciendo las inversiones y reduciendo los plazos de concesión, afectaría directamente el canon y las regalías, sin contar con los cientos iniciativas que la minería formal impulsa directamente. En el mediano plazo, perjudicaría a la minería formal y, al mismo tiempo, reduciría el presupuesto de los gobiernos regionales y locales.
En Cusco, con recursos del canon se construyeron obras como el centro de salud en Chilloroya, en Chumbivilcas, donde hoy es posible realizar consultas por telemedicina con especialistas de la ciudad y se avanza en el asfaltado de la carretera de la carretera Colquemarca-Muyoqorco, en Chumbivilcas. Asimismo, unos 50 mil pobladores de Apurímac dejaron de viajar ocho horas hasta Cusco desde la construcción del puente Kutuctay, obra construida a través del mecanismo de Obras por Impuestos, que redujo el tiempo de traslado a cuatro horas.
Gasto de canon y regalías
En 2025, a nivel nacional, los gobiernos regionales con mayor ejecución de los recursos transferidos por canon y regalías fueron Junín (97.3 %), Áncash (96.7 %) y Ayacucho (95.6 %); mientras que los de menor desempeño fueron Tumbes (61.9 %), Huánuco (57.3 %) y Lambayeque (34.7 %).
En el caso de los gobiernos locales, la mejor ejecución se registró en las comunas de Tacna (93.7 %), Callao (93.2 %) y Cusco (91.3 %); mientras que el menor desempeño se observó en Cajamarca (65.3 %), La Libertad (65.1 %) y Ayacucho (64.8 %).
Sin canon, muchos gobiernos regionales y municipales verían recortado su presupuesto y se quedarían sin dinero para concluir obras e iniciar nuevos proyectos.

El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, presentó ante la fiscalía una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a tres altos funcionarios de esa entidad y al representante legal de la empresa GALAGA S.A.C por las presuntas irregularidades ocurridas durante las Elecciones Generales 2026.
Les atribuye los presuntos delitos contra el derecho de sufragio – atentado contra el derecho de sufragio; delito contra la administración pública – omisión, y rehusamiento o demora de actos funcionales en la contratación de la empresa GALAGA S.A.C. para la distribución de material electoral y los problemas que presentó la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) para el proceso electoral.
En el caso de Corvetto, la denuncia indica que, a pesar de la “crisis logística y tecnológica”, “mantuvo una conducta omisiva sistemática” y no informó oportunamente al Pleno del JNE la magnitud de la falta de material, permitiendo que la ciudadanía permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día.
Señala además que, ante la inminente e irreversible quiebra del sistema de instalación de mesas, “pretendió mitigar el impacto institucional anunciando que gestionaría la exoneración de las multas electorales para los ciudadanos impedidos de sufragar debido a la falta de material”, hecho que constituye “una aceptación tácita del incumplimiento de sus funciones esenciales como garante del proceso”.
En tanto, la denuncia atribuye a Edward Eloy Alarcón, gerente de Administración de la ONPE, haber presuntamente omitido activar los mecanismos de supervisión directa sobre la flota de GALAGA S.A.C., lo que permitió la vulneración de la seguridad nacional electoral al entregar el material a un tercero sin las garantías mínimas de fidelidad y control. Ello habría facilitado la obstaculización del desarrollo electoral por parte del proveedor privado.
Asimismo, precisa que José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de ONPE, habría permitido que “el sistema tecnológico sufriera un colapso sistémico reportado en locales de votación, donde la falta de reconocimiento de códigos y fallas en la verificación biométrica impidieron el inicio de la jornada electoral”.
Asimismo, la denuncia penal incluye a Ricardo Javier Saavedra Mávila, gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE.
De igual manera, contra Juan Charles Alvarado Pfuyo, en su condición de representante legal de la empresa GALAGA S.A.C.
El procurador del JNE, en declaraciones a RPP, puntualizó que el JNE considera que ha habido una serie de irregularidades que deben investigarse a nivel fiscal para que se determine la responsabilidad en estos hechos.
«Una vez que se abra la investigación, se va a realizar una serie de diligencias y se va a poder determinar si hay otras personas que estarían involucradas justamente estos hechos», aseveró. (Andina).

Buscarán garantizar la seguridad de usuarios en terminales terrestres y vías.

La Sutran, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, anunció que ya realizan operativos junto a la Policía Nacional, para garantizar al seguridad y formalidad de los buses y vehículos que prestarán el servicio en las rutas del país y Cusco durante la Semana Santa.
Los inspectores intentarán reducir la incidencia, sobre todo informalidad, en el servicio de transporte interprovincial e interregional, para de esa manera salvaguardar la integridad de los usuarios, ya que por estas fechas se estima gran movimiento de personas y familias al interior del país.
Handersson Casafranca Valencia, Jefe de la Unidad Desconcentrada Cusco de la Sutran, afirmó que “Viaje Seguro” comienza desde los terminales terrestres formales y las mismas vías nacionales. El personal fortalece la capacidad operativa y brinda las garantías, verificando los documentos y aspectos técnicos de los vehículos y los mismos conductores.
“Ya hemos empezado de manera preventiva, pero desde el lunes 30 de marzo empiezan las acciones de fiscalización en campo, desde las 7 de la mañana estaremos junto a otras autoridades e instituciones”, señaló, y conminó la Sunafil par ver las otras de trabajo de las unidades y choferes, y la fiscalía para evitar irregularidades.
El trabajo de la Sutran es garantizado por la Policía Nacional de comisarías de Carreteras, además de un software que permite seguir por GPS a los vehículos para evitar que hagan paradas en lugares no autorizados “se les hace seguimiento y podemos ver si se exceden de velocidad, están en paradas no autorizadas y de les aplica una sanción”, finalizó.