Juzgado dictó 14 meses de prisión preventiva tras hallar más de 4 kilos de cocaína.

Seis mujeres cusqueñas que intentaban trasladar más de 4 kilos de cocaína adherida en sus cuerpos, se hallan con 18 meses de prisión preventiva, en Lima, luego de que el 14° Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, dispusiera su internamiento como presuntas coautoras de tráfico ilícito de drogas agravado, informaron medios nacionales. Según las evidencias recabadas por la fiscalía se indica que se trataría de una organización criminal jerarquizada familiar, la misma que era dirigida por Alexander Flórez Valdeiglesias, según los registros hallados en los celulares.Las mujeres implicadas son: Rosmery Rocío Huaraca Arosquipa, médica de profesión, Lucero Milagros Narvaez Arosquipa, Verónicas Arosquipa Gómez, Lilibeth Janela Quispe Loayza, Dina Huillca Quispe y Frecia Huillca Quispe. Las investigadas, se trasladaron de Cusco a Lima, el 30 de marzo a un departamento de San Isidro. El viaje de turismo, que era la fachada, para no despertar sospechas se realizaría a Barcelona el 6 de abril, con escala previa en España, para luego dirigirse a Francia. Sin embargo, cuando casi todas, habían pasado, los controles, la persona halló algo irregular en Verónica Arosquipa, una mujer de 60 años, entre sus prendas, siendo llevada a la división antidrogas, donde se confirmó la posesión de la sustancia ilícita.Tras la detención, las otras mujeres, se movieron hacia los servicios higiénicos, con el fin de dejar los paquetes de droga, sin embargo, las cámaras de vigilancia, registraron sus pasos, por lo que fueron intervenidas.

Con el fin de exigir al alcalde del Cusco, el saneamiento físico legal del Centro Comercial Confraternidad, ubicado en el distrito de Wánchaq, ayer se movilizaron hasta la plaza Regocijo más de un centenar de comerciantes encabezados por la Junta de Propietarios.
Los quejosos, señalaron, frente al local edil que la situación se ha vuelto insostenible, pues, el hecho de no contar, hasta la fecha, con el título de propiedad, por más de 15 años -a pesar de que ellos financiaron su ejecución- les impide una serie de gestiones y mejoras en el local.
Uno de los tantos problemas que se les presentó y les afectó fueron las filtraciones en el techo, el mismo que por la antigüedad de la infraestructura, era una coladera, durante la temporada de lluvias, frente a este problema, según relataron, no se podía hacer nada, pues ellos, no tenían ni el título, para intervenir, por lo que al final se había optado, en hacer trabajos con aval del municipio, sin embargo, hay deudas pendientes.
La Junta de Propietarios solicitó ayer, al burgomaestre cusqueño, apoyarlos en el saneamiento físico legal de sus stands ante Registros Públicos y las instancias que les corresponde.
Recordemos que los comerciantes de Confraternidad, hace años, eran informales que vendían en Av. Ejército, los mismos que fueron reubicados por la gestión del exalcalde Carlos Valencia, con el fin de realizar el reordenamiento urbano, en la ciudad.

• Comunidades del Bajo Urubamba exigen respuestas tras la emergencia del 1 de marzo en el gasoducto de Camisea.

Pobladores, colonos y dirigentes del Bajo Urubamba se movilizan hacia la comunidad nativa de Camisea, en el distrito de Megantoni. Buscan iniciar un paro indefinido. Reclaman la falta de atención de las autoridades y de las empresas que operan el gas de Camisea.
La protesta apunta a Transportadora de Gas del Perú (TGP). Las comunidades denuncian que la empresa no atendió a los afectados por la deflagración del ducto. El hecho dejó a medio país sin gas por varios días y elevó el costo de la gasolina y la electricidad.
La medida fue anunciada con anticipación. Desde el 1 de marzo, cuando ocurrió la emergencia en el KP 43 del gasoducto, los pobladores sostienen que no se tomaron acciones para contener la contaminación ni para atender a los afectados.
El incidente ocurrió en el sistema de transporte de gas de TGP y generó impactos ambientales y sociales en la zona. Las comunidades esperaban respuestas en una reunión convocada para el 26 de marzo con la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (PCM). La cita se reprogramó. Desde entonces, no hay nueva fecha ni avances en el diálogo.
Ante ese escenario, autoridades locales, organizaciones indígenas, colonos y jefes comunales decidieron iniciar el paro desde hoy. Los dirigentes dicen que no solo buscan esclarecer lo ocurrido. También exigen que se prioricen los intereses de la población local frente a la explotación de recursos naturales. “Mientras millones de soles se generan por el gas, nuestras comunidades siguen esperando respuestas”, señalaron.
Tras el anuncio, según los pobladores, un helicóptero trasladó a decenas de policías al sector Túpac Amaru. El objetivo sería reforzar la seguridad de las instalaciones y del ducto.
En Megantoni, todavía esperan que el Gobierno y las empresas abran un diálogo real en los próximos días. Si no ocurre, el conflicto puede escalar en una de las zonas clave para la producción de gas.