• Pobladores de Ccapacmarca iniciaron un paro indefinido y cerraron el corredor minero del sur para exigir al Gobierno nacional el financiamiento inmediato para proyectos paralizados.

Desde la madrugada de este martes, pobladores, dirigentes comunales y autoridades de Ccapacmarca iniciaron una huelga indefinida y bloquearon el corredor minero del sur, ruta estratégica utilizada diariamente por los camiones de Las Bambas y que conecta las regiones de Apurímac, Cusco y Arequipa.
Los manifestantes exigen al Gobierno central el financiamiento inmediato de proyectos de agua, salud, saneamiento, riego y carreteras que permanecen paralizados o sin presupuesto. “El dinero sí existe, pero no llega a Ccapacmarca”, reclamó el Frente de Defensa.
Los dirigentes aseguran que el distrito soporta desde hace años el tránsito pesado, el polvo y el deterioro de sus vías por la actividad minera, pero no recibe inversión pública equivalente. “No estamos en contra de la minería, exigimos justicia. Nuestras familias sufren el daño a los cultivos y caminos, pero cuando pedimos presupuesto para agua o salud nos dicen que no hay dinero”, señalaron los dirigentes comunales.
Obras sin presupuesto
El reclamo de la población se sostiene en una larga lista de proyectos pendientes. Entre las principales demandas figuran obras de agua potable, sistemas de riego, saneamiento y mejoramiento vial.
Según la relación presentada por las autoridades locales, el distrito requiere financiamiento para nuevos proyectos valorizados en más de 38 millones de soles.
Entre ellos destacan la ampliación del servicio de movilidad urbana en el centro poblado de Ccapacmarca, valorizada en más de 12.5 millones de soles; obras de agua potable y saneamiento en varias comunidades campesinas por montos que superan los 7 millones; y proyectos de riego para sectores agrícolas afectados por la escasez hídrica.
A eso se suman proyectos en continuidad vinculados a educación, salud y riego que superan los 26 millones de soles. Entre ellos figura el mejoramiento del puesto de salud de Cancahuani y obras educativas en instituciones del distrito.
Los dirigentes sostienen que estas obras avanzan lentamente o permanecen detenidas por falta de asignación presupuestal del Estado.
Los manifestantes anunciaron que no levantarán la medida hasta que funcionarios de alto nivel lleguen a la zona y firmen compromisos concretos. “No levantaremos la protesta hasta que se garantice presupuesto real para nuestras obras. Queremos soluciones y documentos firmados, no más promesas”, advirtieron.
Por acuerdo comunal, el paso permanece cerrado para vehículos mineros y de carga pesada. Solo circulan vehículos particulares y unidades de emergencia. La protesta afecta directamente la logística de la empresa minera Las Bambas, una de las principales operaciones mineras del país.
La protesta ocurre pocos días después de que autoridades y representantes de la minera firmaran un convenio de aporte voluntario de 3.6 millones de soles para el periodo 2026-2027.
Sin embargo, los pobladores remarcaron que ese aporte no reemplaza las obligaciones del Estado. “El convenio ayuda, pero no resuelve el problema. El Gobierno debe invertir en las zonas que soportan el impacto de la minería. Ese dinero nos corresponde por derecho”, señalaron los dirigentes.
El conflicto vuelve a abrir el debate sobre la paradoja de las provincias mineras: territorios por donde circula la riqueza extractiva, pero donde muchas comunidades todavía esperan acceso a agua potable, salud y carreteras en buen estado.

Las largas colas en el acceso a la Ciudadela Inca de Machu Picchu y para la compra de un boleto, de los 1000 que ofrece la Dirección de Cultura de Cusco, es un maltrato al turista que viene a conocer la maravilla.
El gerente de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco, Rosendo Baca Palomino, lamentó haber constatado que los visitantes tienen que esperar para conocer el destino más importante que tiene el país, justo en la misma puerta.
Según dijo, solo hay una persona que controla el acceso para los 4,500 turistas que a diario acceden para recorren la llaqta. Al respecto hay responsabilidad de la Dirección de Cultura, y no es ajena la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM).
“En la última reunión también se puso en conocimiento. Hemos estado presentes en el ingreso a la llaqta y solamente había una persona haciendo el control de ingreso a los turistas y unas colas excesivas, este es un maltrato a nuestros turistas”, expresó.
Estas colas se repiten en Machu Picchu Pueblo o Aguas Calientes, donde los turistas que llegan por Ollantaytambo e Hidroeléctrica esperan a la intemperie para tener un boleto para acceder a la maravilla, boleto que recién les servirá al día siguiente. Al respecto se informó que para este jueves 7 de mayo se agotaron los boletos.
Baca Palomino reconoció que este problema se presenta cada año con el inicio de la temporada alta del turismo, pero hay deficiencias de la entidad cultural que tienen que ser resueltas lo más antes posible, y que desde la Gercetur ya presentan propuestas técnicas.
Uno de los factores para no tener una adecuada venta y recepción de turistas en Machu Picchu Pueblo, es el constante cambio de ministros de Cultura y funcionarios en la Dirección de Cultura de Cusco.

Redacción La Última

• En territorios lejanos votar implica atravesar distancias largas y geografías difíciles. Por eso las mesas instaladas en centros poblados garantizan el derecho al sufragio de los peruanos más pobres. La ONPE sostiene que su legalidad no está en cuestión.

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas Serrano, acudió a la Comisión de Constitución del Congreso para responder por las Elecciones Generales 2026. En su intervención puso énfasis la validez de las mesas de sufragio instaladas en centros poblados y localidades rurales, especialmente en territorios extensos y de difícil acceso como La Convención, en Cusco.
Pachas explicó que estas mesas, identificadas con códigos de seis dígitos que comienzan en 900001, forman parte de una estrategia implementada desde 2006 para garantizar el derecho al voto en zonas donde trasladarse hasta una capital distrital puede implicar horas o incluso días de viaje. No se trata solo de centros poblados, sino de comunidades campesinas, comunidades nativas, caseríos y anexos dispersos en la geografía andino-amazónica.
En provincias como La Convención, donde la distancia y la precariedad de las vías limitan el acceso, estas mesas no son una excepción sino una necesidad. Según el funcionario, existen actualmente en 1913 centros poblados a nivel nacional y todos los electores asignados a ellas están debidamente registrados en el padrón electoral de su distrito. La instalación de estas mesas, remarcó, no altera la legalidad del proceso, sino que lo hace viable en contextos donde el Estado suele llegar con dificultad.
Reconoció problemas logísticos en Lima Metropolitana durante la jornada electoral, aunque aclaró que estos no guardan relación con el funcionamiento de las mesas en zonas rurales. En esos casos, la ONPE extendió el horario de votación y adoptó medidas internas, como la separación de funcionarios y el inicio de procesos disciplinarios.

Redacción La Última