Un total de 18 escolares del primer año de secundaria de la emblemática Institución Educativa Inca Garcilaso de la Vega terminaron con cuadros graves de intoxicación alimentaria, tras acudir a celebrar una actividad escolar en la pollería «Arebol», ubicada en la calle Puputi, en la ciudad de Cusco. Según la denuncia de los padres de familia, los menores y hasta los propios trabajadores del local sufrieron severos malestares estomacales tras consumir alimentos contaminados.
El hecho ocurrió cuando un grupo de aproximadamente 25 alumnos, acompañados por algunos padres, acudieron al establecimiento recomendado por cercanía a la institución educativa para evitar cruzar avenidas principales. Sin embargo, horas más tarde, los menores comenzaron a presentar fuertes dolores musculares, cólicos abdominales y constantes episodios de vómitos.
De acuerdo con el testimonio de una madre afectada, su hijo le refirió que la mayonesa servida tenía un sabor ácido, similar al vinagre. Tras acudir de emergencia al Hospital Regional del Cusco, los análisis médicos confirmaron que los niños contrajeron tifoidea y salmonella. Sorpresivamente, en el mismo nosocomio se encontraron con los mozos y trabajadores de la pollería, quienes también ingresaron por presentar exactamente los mismos síntomas de intoxicación.
Los padres de familia denunciaron además haber sufrido maltratos por parte de personal médico del Hospital Regional. Según relataron, al ver la llegada masiva de los menores afectados, los galenos habrían emitido expresiones despectivas señalando que acudían «monas», negándoles en un primer momento la atención adecuada pese a que los niños continuaban vomitando en los pasillos.
Actualmente, los menores ya se encuentran en sus hogares bajo observación médica, aunque algunos continúan en cama debido a la debilidad provocada por la infección. Los padres formalizaron la denuncia policial en la comisaría del sector de Tahuantinsuyo, con el respaldo del director del colegio, y exigieron a las autoridades municipales y sanitarias una inspección inmediata y el cierre definitivo del establecimiento por poner en riesgo la salud pública.

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• El uso de ese fondo enfrenta a la población urbana de Espinar, que exige un bono de hasta 30 millones de soles, con las comunidades originarias del área de influencia minera, que defienden la inversión en obras permanentes de agua, salud y educación.

Las comunidades originarias del área de influencia directa de la minera Antapaccay (Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco) rechazaron en un pronunciamiento la propuesta de los regidores de la Municipalidad Provincial de Espinar de destinar el 100 % de los recursos el Convenio Marco al pago de un bono individual. Los dirigentes comunales señalaron que esta medida omite las necesidades del territorio y contraviene los lineamientos del propio acuerdo.
Mientras tanto, cientos de ciudadanos se hallan en un paro desde hace cuatro días exigiendo que se apruebe de una vez la entrega del bono. En años pasados, el bono ascendía a entre 500 y 700 soles para cada ciudadano elector o con residencia mayor a tres años en la provincia de Espinar. El paro no ha sido levantado todavía.
El Convenio Marco es un fondo conformado por el aporte del 3 % de las utilidades de la minera Antapaccay. La población y algunos gremios urbanos exigen que ese fondo, que oscila entre 20 y 30 millones de soles, se entregue como bono a todos los electores, como ocurrió en años anteriores. Las comunidades originarias, en cambio, exigen que el dinero se use para desarrollar obras como estaba previsto en la creación del Convenio hace más de 20 años.
Los dirigentes comunales sustentaron su postura citando los términos normativos del acuerdo. La cláusula tercera, recordaron, establece que los fondos del Convenio Marco deben orientarse a la ejecución de infraestructura pública y proyectos en áreas como educación, salud, saneamiento, desarrollo agropecuario, medio ambiente y programas productivos.
Asimismo, la cláusula octava dispone explícitamente que las comunidades campesinas directamente afectadas por la actividad minera constituyen la prioridad en las políticas de sostenibilidad y deben recibir una ponderación preferencial en la asignación de proyectos.
En el documento, las autoridades originarias manifestaron que la entrega de un bono representa un beneficio temporal, mientras que la inversión en obras permanentes e infraestructura hídrica y de salud garantiza el desarrollo de las futuras generaciones. Asimismo, hicieron un llamado a no utilizar las demandas históricas de la población con fines políticos.
El pronunciamiento lleva la firma y sello de los representantes de las comunidades campesinas del área de influencia, entre las cuales figuran Cala Cala, Huisa, Huisa Ccollana, Antaccollana, Huancané Bajo, Suero y Cama, Huarca y otros. Los dirigentes reafirmaron que las decisiones sobre sus territorios se toman mediante sus respectivas asambleas generales y que ningún regidor, funcionario municipal, dirigente social, comité ni intermediario puede tomar decisiones a nombre de ellos.

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La Corte Superior de Justicia de Cusco reasignó el inicio del juicio oral por un caso de violación sexual para octubre de 2026, logrando revertir una polémica reprogramación que postergaba la audiencia hasta marzo de 2029. La medida busca corregir la excesiva dilación en procesos judiciales que afectan a personas en situación de vulnerabilidad en la región, según informó la presidenta de la instancia, Elcira Farfán.

El retraso inicial se originó tras el retiro de los juzgados colegiados transitorios del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ) debido a restricciones presupuestales. Esta falta de órganos jurisdiccionales provocó un colapso en las agendas del tribunal, obligando a diferir los juicios orales por lapsos de entre dos y tres años.

Ante la gravedad del impacto en las víctimas de violencia, la presidencia de la Corte elevó informes estadísticos para solicitar la restitución de personal. Como respuesta, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso la habilitación de tres nuevos juzgados colegiados transitorios que operarán a partir de octubre de este año.

Con el retorno de estas dependencias, las autoridades judiciales informaron que se retrotraerán las agendas procesales, adelantando las fechas de juzgamiento de manera inmediata. El tribunal aclaró que el caso en cuestión ingresó al sistema judicial recién en 2025, año en el que el Ministerio Público formuló la acusación fiscal formal.

Los hechos se remontan a 2018, cuando una menor de edad fue víctima de una presunta agresión sexual por parte de su vecino mientras la trasladaba en su vehículo hacia su vivienda en la provincia de Quispicanchi. Aunque la denuncia se presentó semanas después, el hermano de la agraviada había criticado fuertemente que el proceso aún no llegara a la etapa de juicio oral.

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