• La propuesta limita a cinco años la fiscalización de las plantas de beneficio con capacidad superior a 25 toneladas métricas diarias. Posterga para el reglamento los mecanismos para rastrear el oro desde su extracción hasta su comercialización.

Más de la mitad del oro exportado por el Perú hasta agosto de 2026 habría tenido origen ilegal y alcanzaría un valor de 12.063 millones de dólares. Según la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), esta cifra ya supera el monto registrado durante todo 2025.
¿Cómo llega ese oro al mercado internacional? De acuerdo con Redes, el negocio no termina en el lugar donde se extrae el mineral. “Antes de salir del país, el oro pasa por plantas de procesamiento, intermediarios y comercializadores. En ese recorrido, los controles insuficientes, la débil fiscalización y los vacíos del Reinfo permiten que el oro ilegal se mezcle con producción legal y pierda su rastro”, precisa.
La nueva Ley MAPE presentada al Congreso por el Ejecutivo no tiene propuesta claras sobre los mecanismos de control. La propuesta asigna temporalmente al OEFA, Osinergmin y Sunafil la fiscalización de las plantas de beneficio, pero solo durante cinco años y para aquellas con capacidad superior a 25 toneladas métricas diarias.
El analista Iván Arenas advierte que la norma no garantiza un control efectivo de estas operaciones. Las plantas con capacidad inferior a 25 toneladas continuarán bajo la supervisión de los gobiernos regionales, que, según señala, no ejercen una fiscalización efectiva. “El detalle es que nada garantiza que, bajando la fiscalización de la producción, se siga camuflando minerales”, dijo.
Además, la efectividad de este cambio dependerá de la transferencia de las funciones de fiscalización. La norma no precisa cuándo comenzará ni cuándo concluirá ese proceso. “Mientras no se transfieran las competencias, quedarán en manos del Minem. Se supone que el Formape, la nueva institución, asumirá la dirección de la formalización. Si se retrasan las competencias, entonces seguirán en manos del Minem”, precisó Arenas.
A esta dificultad se suma la falta de plazos y responsabilidades definidos para implementar sistemas de trazabilidad e interoperabilidad que permitan seguir el recorrido del mineral desde su extracción hasta su procesamiento y comercialización. Estos mecanismos recién se definirán en el reglamento, que deberá aprobarse 120 días después de publicada la ley.
Arenas advierte que la propuesta plantea un control del origen del mineral, pero ese control actualmente se queda en el papel y resulta insuficiente. “La trazabilidad implica no solo la demostración de los papeles, sino la rigurosidad de las autoridades y funcionarios”, señaló.
La apertura de cuentas en el Banco de la Nación para los mineros comprendidos en el régimen también requiere mayores precisiones. La propuesta no deja claro qué controles permitirán verificar el origen legal del oro y evitar que ingresen al sistema financiero recursos procedentes de la minería ilegal.
Según Arenas, sin una trazabilidad efectiva será posible camuflar minerales de origen ilegal en el mercado formal. Recordó que actualmente se comercializa oro ilegal utilizando el Reinfo, que, de aprobarse la nueva ley, pasaría a llamarse Régimen de Consolidación. “Se supone que el sistema de trazabilidad dará las garantías, pero hoy ya hay un sistema de trazabilidad que no funciona”, afirmó.

• El delito que más avanza en la región se vincula con las extorsiones, que subieron en 24 % respecto al 2024. Ese hecho, en el corto y mediano plazo, podrían afectar el turismo y la actividad minera.La inseguridad ya se relaciona con actividades de extorsión de bandas criminales que operan en la ciudad del Cusco, mientras que en algunas provincias se ha puesto en evidencia el crecimiento sostenido de actividades de minería ilegal.En 2025, la extorsión fue el delito que aumentó en la región. Se registraron 14 casos por cada 100 mil habitantes. Eso equivale a 26 % más que en 2024 y siete veces más que en 2019. La cifra, por sí sola, ya alerta de un problema que podría poner en aprietos a la ciudad y ahuyentar al turismo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), menos del 20 % de las víctimas denuncia los hechos, por lo que hay un subregistro de casos de extorsión en la ciudad.*Minería en provincias*Según datos oficiales, el crecimiento de la minería ilegal es otra actividad delictiva que ha aumentado el año pasado. En 2025, el Ministerio Público registró seis denuncias por minería ilegal por cada 100 mil habitantes en Cusco, un aumento de 50 % respecto a 2020.La provincia de Chumbivilcas concentra casi la mitad de los casos. Le siguen Quispicanchi (14 %) y La Convención (12 %). En estas tres provincias, las denuncias por todo tipo de delitos crecieron 44 % frente a 2019. No aparece en este mapeo la provincia de Paucartambo, donde también se desarrollan actividades mineras informales e ilegales. *Los peligros*Cusco no es cualquier región. Es uno de los principales destinos turísticos del país y, al mismo tiempo, un territorio por donde pasa el corredor minero del sur. El avance del crimen organizado pone en riesgo ambas actividades económicas. Por un lado, deteriora la imagen de seguridad que necesita el turismo. Por otro, generan conflicto en el mercado minero.La capacidad de respuesta del Estado, además, es limitada. Aunque Cusco cuenta con 462 policías por cada 100 mil habitantes (por encima del promedio nacional), la infraestructura no es la más adecuada. Cifras oficiales, de Contraloría y otras entidades, precisan que menos del 30 % de las comisarías está en buen estado y el 40 % no tiene servicios básicos adecuados.A esto se suma un presupuesto en retroceso. En 2026, se asignaron S/66 millones para proyectos de orden y seguridad, 13 % menos que en 2025.

El gobernador de Cusco Werner Salcedo Álvarez, afirmó que será el Ministerio de Transportes que tenga que aclarar quien es responsable de la vía a Machu Picchu, luego de la presentación de una demanda de amparo de la empresa Consettur para que el gobierno Regional de Cusco sea quien asuma la administración de la ruta a Machu Picchu, y en consecuencia, se evite la intervención de la Municipalidad de Urubamba.

La autoridad regional señaló que la ruta Hiram Bingham es considerada “como turismo especial” y quien tiene que administrar dicho servicio en el transporte es el Gobierno Regional del Cusco. Sin embargo, también explicó, que cuando se trata de “turismo de transporte masivo, es el municipio provincial quien debe tomar la batuta”.

“Hemos pedido que quien tenga que aclarar ello, es el Ministerio de Transportes conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, Cultura y el de Turismo… a quien den la responsabilidad (de la ruta) yo estoy de acuerdo de que efectivamente, la implemente como corresponde, con justicia, en honestidad, en transparencia”, declaró el gobernador. 

Asimismo, indicó que “hasta la fecha es prolongar la decisión final y que no hay un alcalde provincial que tenga todas las armas para licitar, convocar”, y también están los problemas sociales de parte de las comunidades campesinas y la conservación del servicio por parte de la empresa Consettur. Como Gobierno Regional se tiene que coadyuvar a la solución del problema que, sobre todos, sea en favor del visitante.