Contraloría: ambulancia de bomberos adquirida en La Convención no cumple con especificaciones técnicas

La Contraloría General de la República detectó que para la adquisición de una ambulancia urbana tipo II se calificó y otorgó la buena pro a un postor que no cumplió con los requisitos.

Asimismo, se dio conformidad y pagó S/ 457 900. por el vehículo que incumplió con las especificaciones técnicas, hechos que afectaron el cumplimiento de la finalidad pública, la legalidad de la actuación administrativa y el correcto funcionamiento de la administración pública.

Según el Informe de Control Específicos a hechos con Presunta Responsabilidad N° 068-2024-2-0388-SCE, (período de evaluación fue del 4 de octubre de 2022 al 1 de setiembre de 2023), la Municipalidad Provincial de La Convención convocó el procedimiento de selección adquisición simplificada N° 001-2023-CS- MPLC/LC-1 para la compra de una ambulancia urbana tipo II completamente equipada.

El vehículo estaba destinado para el mejoramiento del servicio de prevención y atención oportuna de emergencias de la compañía de bomberos voluntarios N° 57 de Quillabamba –La Convención, derivada de la licitación pública LP-SM-1-2022-CS-MPLC/LC-1.

El comité de selección, en la fase de elección, adjudicó y validó la oferta del único postor admitido, pese a que no cumplió con presentar los requisitos de calificación referidos a la capacidad legal y, posteriormente, fue beneficiado con el otorgamiento de la buena pro por S/ 457 900.

Asimismo, la comisión de recepción y el especialista independiente no realizaron ninguna observación al momento de verificar y recepcionar la ambulancia. Además, el área usuaria otorgó la conformidad sin indicar que el vehículo no cumplía con las especificaciones técnicas referidas a la condición de “nuevo” como el que la carrocería sea de fábrica, tenga sistema de aire acondicionado y la marca de dispositivos médicos, entre otros.

A pesar de dichos incumplimientos, la Municipalidad Provincial de La Convención pagó a favor del contratista S/ 457 900. Por los hechos antes mencionados nueve funcionarios y servidores de la entidad tienen presunta responsabilidad penal y administrativa sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría (PAS).

Los resultados del informe fueron comunicados al titular del municipio a fin de que el órgano competente deslinde las responsabilidades que correspondan y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos del presente informe.