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Sentencian a 6 años y 7 años a cuatro jóvenes campesinos en Cusco
La primera sala de apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cusco, sentenció ayer a seis y siete años de prisión efectiva a cuatro jóvenes campesinos de la comunidad de Cuyo Grande, distrito de Pisac, detenidos durante las protestas sociales en enero del 2023.
Richard Camala Ccoyo (23) y Redy Huamán Camala (23) cumplirán seis años y 15 días en la cárcel, mientras que Joel David Hivallanca Huamán (21) seis años con seis meses y 15 días y Ferdinan Huaccanqui Yucra (33) siete años y 15 días, además de una reparación civil de más de 20 mil soles.
El colegiado conformado por los jueces Mario Hugo Silva Astete, Elizabeth Grossman Casas y Sandra Smilly Bedoya Galdós, leyó la sentencia por ser coautores de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad disturbios, y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, en agravio diez ciudadanos y el estado peruano.Los condenados oyeron la sentencia desde el penal de Qenccoro, donde están recluidos después de su detención el 31 de enero del 2023 y la prisión preventiva.
Ellos fueron intervenidos en la prolongación de la Av. De La Cultura de esta ciudad, tras ser acusados con videos de lanzar piedras a buses de transporte público en funcionamiento, entre otros actos.
Tras la audiencia, Marcelino Quispe, abogado de tres de los cuatro campesinos, informó que presentará el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, e incluso afirmó que recurriría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando justicia.Por otro lado, Felipe Camala Soncco, padre de Richard Camala Ccoyo, reveló que los cuatro jóvenes fueron abandonados en el proceso judicial, luego que fueran obligados a participar de las marchas en la ciudad del Cusco bajo amenazas de multas de 100 soles y restricciones de agua para sus campos de cultivo.
«Somos pobres y hemos llegado a esta tristeza. Tengo varios hijos porque Dios lo ha designado. La junta directiva de nuestro pueblo dijo que pagarán una multa de 100 soles si se ausentan, no van a tener ni agua y ahora estamos en este problema, ni siquiera nos ayudaron, se han olvidado, como a sonsos nos han engañado”, decía en quechua, y a la vez solicitaba libertad para los ahora condenados.
DATO
Durante el proceso judicial se aceptó el argumento de que un campesino no tiene arraigo domiciliario de calidad, y que los abogados de los detenidos les dijeron que se acogieran a la terminación anticipada.
“Los hijos de campesinos no pueden sufrir detención, no pueden ser objetos de venganza, el artículo 10 del Convenio 169 de la OIT prohíbe que hijos de campesinos, indígenas, se encuentren encarcelados, solo pueden sufrir arresto domiciliario”, dijo Marcelino Quispe.