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La política de esterilización forzada violó los derechos de las mujeres según la ONU
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer publicó el miércoles 30 de octubre del 2024, en Ginebra, su dictamen a favor de los casos de esterilización forzada presentados en el 2020, por la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF).
En su dictamen, la CEDAW señala que hubo una violación a los derechos humanos porque las esterilizaciones forzadas se llevaron a cabo como parte de un ataque sistemático y generalizado contra mujeres rurales e indígenas, cuyo fin fue la anulación de su autonomía reproductiva como parte de una política de control de la natalidad.
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) publicó la determinación tras revisar una denuncia conjunta presentada por cinco víctimas que fueron esterilizadas forzosamente entre 1996 y 1997 como parte de una política de control de natalidad dirigida por el Estado en Perú.
«Las víctimas describieron un patrón consistente de coerción, presión o engaño para someterse a esterilizaciones en clínicas sin la infraestructura adecuada o personal capacitado», afirmó la miembro del Comité, Leticia Bonifaz, y añadió: «Los procedimientos se realizaron sin el consentimiento informado de estas víctimas; incluso algunas de ellas, especialmente las de áreas remotas, no sabían leer o hablar español o no eran capaces de comprender completamente la naturaleza del procedimiento».
El Comité también concluyó que Perú no cumplió con su obligación de investigar debidamente estas violaciones ni de compensar adecuadamente a las víctimas de las esterilizaciones forzadas. Hizo un llamado urgente al Estado parte para que acelere y amplíe sus investigaciones, proporcione compensación financiera y apoyo psicológico, y ponga en marcha un programa integral de reparaciones para las víctimas.
El Comité señaló que la esterilización forzada generalizada o sistemática podría constituir un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Expresó su preocupación la ley promulgada por el Estado parte en agosto que impide la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
El Comité recordó que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU han instado al Estado parte a anular esta ley, ya que contraviene el derecho internacional.