Ganancias de mineros ilegales alcanzarían para construir diez aeropuertos como Chinchero

La semana pasada, el Congreso cedió en dos ocasiones a las presiones de los mineros
ilegales. Primero, censuró y sacó del Ministerio de Energía y Minas a Rómulo Mucho
Mamani; después, aprobó con celeridad la ampliación de la vigencia del Registro
Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta junio de 2025, con posibilidad de que,
al cabo de ese tiempo, se pueda ampliar nuevamente.
Con estos dos hechos demostraron que tienen poder para influir en las decisiones
políticas del Estado. Esto no es extraño si tomamos en cuenta que la minería ilegal de
oro ocupa el primer lugar en el ranking de las economías ilegales en el Perú, seguido
por la trata de personas y el tráfico ilícito de drogas, según el Instituto Peruano de
Economía (IPE). La formalización no ha funcionado y, aun así, se ha ampliado el plazo
del Reinfo.
El IPE precisó que las diez principales economías ilegales representan un total de
12,645 millones de dólares: la minería ilegal de oro (6,840 millones), trata de personas
(1,300 millones), tráfico ilícito de drogas (1,208 millones), tala ilegal de madera (880
millones), extorsión (758 millones), contrabando (594 millones), pesca ilegal (466
millones), tráfico de terrenos (240 millones), piratería–software (209 millones) y tráfico
de fauna y flora (150 millones). Stephani Maita, economista del IPE, señaló que la
minería ilegal creció siete veces en los últimos 10 años.
Se sabe que las ganancias de la minería ilegal del oro se concentran principalmente en
las regiones de Madre de Dios, Amazonas, La Libertad, Loreto, Arequipa, Huánuco,
Apurímac, Cusco, Puno y Piura.
Como se ha visto, la minería ilegal de oro obtiene ganancias de 6,840 millones de
dólares anuales, monto que permitiría cerrar brechas sociales en salud, educación y
saneamiento básico. Con esa cantidad de dinero, en un cálculo mesurado, se podría
reducir la pobreza en Tacna, donde se incrementó del 12 al 26 % en los últimos doce
años, según el gerente general del IPE, Carlos Gallardo. O permitiría cerrar las brechas
sociales de la anemia, que afecta a 3 de cada 10 niños en esta región. También se
lograría construir 240 colegios de Alto Rendimiento (COAR), como el actual que costó
105 millones de soles; cubrir el sueldo mínimo de los 340,000 habitantes de la región
hasta por seis años.
Con esos 6,840 millones de dólares anuales también se podrían construir 20 hospitales
como el hospital Antonio Lorena de Cusco, cuyo precio está alrededor de 1,200
millones de soles (308 millones de dólares), o financiar diez aeropuertos como el
Aeropuerto Internacional de Chinchero, valorizado en 665 millones de dólares.

Asimismo, se podrían financiar las diez plantas de tratamiento que necesita Puno y así
reducir la contaminación del Lago Titicaca, proyecto valorizado en casi 900 millones de
soles; y garantizar la construcción de la autopista Arequipa-Puno-Desaguadero, cuyo
valor aproximado es de 455 millones de dólares.