Paro nacional contra el crimen organizado y rechazo a la minería ilegal

El paro nacional contra la inseguridad ciudadana, convocado por organizaciones sociales y
gremios, se cumplió con matices en todas las regiones del país. Paralizaron o salieron en
movilizaciones transportistas, obreros, profesores y ciudadanos de a pie, quienes expresaron
su rechazo a las políticas gubernamentales y exigieron soluciones efectivas contra el crimen
organizado que mata todos los días.
Autoridades y organizaciones sociales del Cusco rechazaron las leyes a favor del crimen
organizado, las extorsiones, el sicariato y la minería ilegal, aprobadas por el Congreso; además, cuestionaron al gobierno por su incapacidad en la lucha contra la criminalidad.
“El desgobierno de Boluarte en materia policial es un rotundo fracaso, por la absoluta
incapacidad para derrotar el crimen, delitos que se apoyan en las leyes aprobadas por el
Congreso”, cuestionó la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC).
El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo Álvarez, dijo que la protesta era justa
porque se exigía el derecho a vivir en paz. “Lo que estamos viviendo los peruanos a nivel de
inseguridad exige mejores resultados del gobierno”, señaló.
El paro se desarrolló después de que, en la víspera, renunciara Gustavo Adrianzén a la
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), debido a sus desaciertos en materia de seguridad ciudadana y por haber minimizado el secuestro de 13 trabajadores en Pataz, que luego fueron ejecutados en una mina de socavón.
RECHAZO A LA MINERÍA ILEGAL
A propósito del secuestro y ejecución de 13 trabajadores en Pataz, La Libertad, una encuesta
de Ipsos reveló que un tercio de los peruanos (31 %) consideró que los mineros ilegales son los principales responsables de la masacre, solo por debajo de quienes señalan al gobierno
nacional (47 %) y por encima del Congreso (30 %).
Otro resultado del estudio señaló que 81 de cada 100 peruanos (81 %) considera que la
minería ilegal es una amenaza para la seguridad nacional. Solo el 15 % cree que esa actividad ilícita no representa un peligro para el país. Asimismo, el 81 % pidió reemplazar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por un sistema de control más eficaz.
Mientras tanto, el 43 % de la población opinó que el trabajo minero debe continuar, pero con
mayor seguridad; y el 28 % consideró que solo las mineras formales deben seguir operando,
mientras que la actividad minera informal debe suspenderse.