Gobiernos regionales y locales perderán S/2.600 millones a causa de mineros informales e ilegales

La minería ilegal e informal generará pérdidas al Estado peruano por 5.200 millones de soles
en la recaudación del Impuesto a la Renta (IR). El 50 % de ese impuesto se convierte en canon minero y se transfiere a los gobiernos regionales, provinciales y distritales: 2.600 millones de soles.
Eso quiere decir que los departamentos donde hay presencia de mineros informales e ilegales
que extraen minerales y no pagan impuestos dejarán de recibir, en conjunto, esa cantidad de
dinero.
Según el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, la región Apurímac dejará de recibir
213 millones de soles; la región Puno, 460 millones; Arequipa, 450 millones; Madre de Dios,
240 millones; La Libertad, 215 millones; Ayacucho, 160 millones.
En estas regiones, la minería ilegal e informal se lleva el dinero que podría ser utilizado en
obras para mejorar los servicios de salud, educación, carreteras, agua, desagüe, entre otros.
Con el dinero que no recibirá cada región este año por la evasión tributaria, se podrían
construir tres o cuatro colegios emblemáticos (que en promedio cuestan 60 millones de soles)
o unos cuarenta colegios rurales, un hospital nivel II-2 (que suele costar 162 millones de soles) y aún quedaría presupuesto disponible para otras obras menos costosas.
“Todas estas regiones se ven afectadas en su recaudación tributaria, lo que impide el
desarrollo, destruye el medio ambiente y genera inseguridad ciudadana”, dijo el ministro Jorge
Luis Montero.
Trabajo precario
No es el único problema. Varios investigadores y el gobierno han detectado que, en la mayoría
de las minas informales e ilegales, se vulneran los derechos laborales de los trabajadores
mineros.
Los dueños contratan personas para cavar socavones y extraer minerales. A estos
trabajadores, aunque se les paga su sueldo, no se les otorgan vacaciones, ni seguro social, ni
compensación por tiempo de servicios, ni se realizan aportes al sistema de pensiones.
Tampoco cuentan con seguro de vida, por lo que, cuando ocurre un accidente y muere un
minero, se realizan acuerdos extralegales para evitar sanciones penales.
Desde el gobierno dijeron que revisarán las normas sobre derechos laborales de los pequeños
mineros para que puedan trabajar con salud y seguridad ocupacional. “Y no sean manipulados
por personas que dicen que los defienden, pero que solamente los explotan y los exponen”,
dijo el ministro.