El gerente regional de educación de Cusco, Heraclio Valencia, se pronunció sobre los desafíos del sistema educativo local, señalando que la solución ante casos graves de bullying no debe limitarse a la expulsión automática de los estudiantes ni a su derivación improvisada a la Educación Básica Alternativa. El funcionario advirtió que estas medidas drásticas, si no se evalúan estrictamente, corren el riesgo de estigmatizar a los menores y empujarlos hacia la deserción escolar, por lo que enfatizó que el marco legal debe garantizar que ningún alumno vea truncado su derecho a culminar sus estudios.
Respecto a las acciones ante conductas violentas o faltas dentro de las instituciones, Valencia explicó que se mantienen activos los protocolos de atención formal, los cuales obligan a registrar los incidentes en la plataforma oficial del SíseVe para su seguimiento continuo hasta el cierre definitivo del caso. Asimismo, recordó que las Comisiones de Procesos Administrativos (CEPAT) de cada UGEL son las encargadas de evaluar rigurosamente los documentos y determinar las sanciones que correspondan, descartando que este tipo de situaciones se manejen con ligereza.
Como se sabe, el Ministerio de educación está preparando nuevas disposiciones para que los colegio puedan actuar frente a casos de violencia y regular el uso de celular en las instituciones educativas. A fin de fortalecer a las autoridades educativas en situaciones de violencia según la gravedad.
En el plano de la planificación nacional, el titular del sector en Cusco cuestionó la sostenibilidad del reciente Plan Nacional Quinquenal, señalando que debió articularse con instrumentos de largo plazo como el Acuerdo Nacional y el Proyecto Educativo Nacional en lugar de responder únicamente a la coyuntura. Ante el anuncio de la implementación de un nuevo Currículo Nacional para el 2028, exhortó al Ministerio de Educación a evitar su elaboración a puerta cerrada en gabinetes.
Finalmente, Valencia remarcó que el diseño curricular requiere de amplios consensos y de una efectiva socialización con los actores principales en las regiones. El gerente confía en que el Ejecutivo promueva una agenda articulada que fortalezca el sistema de educación básica regular desde las bases, asegurando que las normativas futuras reflejen la realidad y las necesidades reales de la comunidad educativa local.

Redacción La Última

A dos años de los trágicos hechos ocurridos el 10 de agosto de 2024, los familiares y comuneros de Llaqto Vinicunca exigen justicia al Poder Judicial por la muerte del exdirigente y ex alcalde Flavio Illatinco para evitar que el caso quede en la impunidad. Alan Mijael Illatinco denunció públicamente que su hermano fue secuestrado junto a otros cuatro agraviados, interceptado y asesinado de manera salvaje a pedradas, sufriendo graves fracturas en el cráneo.
Según la manifestación, la agresión inicial estuvo acompañada de actos de violencia extrema contra las fuerzas del orden, ya que los atacantes también agredieron con piedras a la Policía Nacional cuando intentaron intervenir en el lugar de los hechos. Ante esta gravedad, la Fiscalía ha formalizado imputaciones por cuatro delitos principales: homicidio calificado, secuestro agravado, daño agravado y resistencia a la autoridad.
El proceso fiscal comprende actualmente a 27 imputados distribuidos según su presunta participación en los delitos mencionados, para quienes el Ministerio Público ha solicitado la pena de cadena perpetua. No obstante, los deudos advierten que esta drástica solicitud ha motivado que la contraparte busque frenar la justicia por todos los medios posibles.
“Quince personas están en prisión preventiva y los demás esta con orden de captura y los otros con comparecencia con restricciones. Si estos criminales van a salir ban a huis y también van a manipular los medios de pruebas”, detalló el hermano de la víctima.
La principal preocupación de la familia radica en la estrategia legal desplegada por la defensa, la cual cuenta con más de 30 abogados que estarían utilizando diversos mecanismos para dilatar y aletargar el proceso. Esta prolongación tiene como fecha límite el inminente vencimiento de la ampliación de la prisión preventiva el 9 de noviembre que pesa sobre los investigados.
El familiar alertó que, de quedar en libertad, los acusados no solo buscarán fugar para evadir la acción de la justicia, sino que también podrían manipular los medios probatorios y presionar a los testigos presentados. Esto último pondría en serio riesgo la tesis fiscal construida hasta el momento, debilitando el caso principal antes de que llegue a una sentencia firme.
“Mi hermano ha sido amenazado desde muchos años anteriores porque luchaba contra la corrupción, buscaba la equidad y transparencia de los ingresos porque quienes manejan estos ingresos no querían que se maneje de manera transparente, y al buscar esto han acabado con su vida”, explicó.
Finalmente, el impacto de este crimen dejó devastada a la familia, pues la esposa del exdirigente falleció poco tiempo después a causa del sufrimiento y la preocupación. Como resultado, cuatro hijos han quedaron en orfandad y actualmente sobreviven gracias al soporte solidario de los comuneros locales, quienes reiteran su llamado a las autoridades para garantizar justicia.

Redacción La Última

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Cusco, Wilson Chirinos respondió con firmeza a los cuestionamientos y denuncias de presunto fraude lanzadas por el candidato excluido Eddy Cuellar Margholt (partido Progresemos) y su equipo, quienes calificaron como ilegales las publicaciones informativas colocadas en las cámaras secretas.
Como se sabe, pocos días previo a la elección, el Jurado Nacional de Elecciones excluyó a Cuellar por tener una sentencia por difamación agravada. Sin embargo, el candidato presentó una apelación la cual resultó infundada, por tanto, quedó fuera de la contienda electoral.
La ODPE defendió la medida amparándose en el artículo 210 de la Ley Orgánica de Elecciones, que exige de manera obligatoria la publicación de carteles de candidatos actualizados en las cámaras secretas para garantizar un voto informado.
Explicó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la exclusión del candidato el 3 de octubre, por lo que la institución tenía la obligación legal de informar de inmediato esta actualización en el material electoral.
Chirinos aclaró enfáticamente que la exclusión afecta únicamente a la fórmula de gobernador y vicegobernador, descartando que alcance a la elección de consejeros regionales o a listas municipales (provinciales y distritales), las cuales operan de manera independiente. También indicó que se actuó bajo el mismo procedimiento ante un caso similar reportado en la provincia de Anta (Ancahuasi).
«Lamento mucho algunas declaraciones antojadizas, carentes de conocimiento, que sólo llevan a la zozobra, a la desinformación, al miedo y a la desconfianza de la población… De que a algunos no nos pueda parecer cómo se ejecuta la normativa electoral, no nos da derecho a levantar banderas de fraude cuando no hay sustento alguno», enfatizó Chirinos.
Finalmente, el jefe de la ODPE Cusco desmintió las acusaciones sobre una supuesta falta de atención a los reclamos del candidato afectado y extendió una invitación directa a Eddy Cuellar y a sus personeros legales para visitar su despacho. Aclaró que los voluntarios u orientadores en los locales de votación no manejan información técnica detallada y reiteró que las puertas de la institución están abiertas para aclarar cualquier duda dentro del marco de la ley.

Redacción La Última