SUNAT fiscalizará plantas de procesamiento de minerales

Según cifras oficiales, en el país operan 357 plantas de procesamiento de minerales, de las
cuales 53 procesan material no metálico y 304 material metálico. Funcionan en 17 de los 24
departamentos: algunas pertenecen a las mineras formales y otras —que serían la mayoría—
procesan mineral de mineros informales e ilegales, aunque no hay información para
diferenciarlas.
Además, habría un subregistro en los datos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
(INGEMMET). El investigador de CooperAcción, Mauricio Pinzás, mediante observación
satelital encontró que “existen más en el terreno de lo que la data oficial recoge”. Esa
información se encuentra en el estudio que elaboró en septiembre, denominado “Las plantas
de beneficio, el eslabón invisible en la cadena productiva de la minería informal e ilegal”.
En el sur, entre Arequipa, Puno, Cusco y Apurímac, suman 83 plantas de beneficio, de acuerdo con los datos del INGEMMET. Para Pinzás, esas plantas de procesamiento son el eslabón invisible en la cadena productiva de la minería informal e ilegal.
Por esa razón, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) anunció
acciones para fiscalizarlas y así detectar la producción de minerales de origen informal e ilegal.
La jefa de la SUNAT, Marilú Llerena, afirmó que el control se concentrará en las plantas de
procesamiento que acopian material en zonas de extracción.
Aunque resulta imposible rastrear toda la cadena —desde la extracción y el transporte hasta la exportación—, se aplicará un modelo de control inteligente que combine puestos de vigilancia física y supervisión directa en las plantas. “Cuando analizamos todo este circuito, hay un actor clave: las plantas de procesamiento, principalmente las que no están integradas a la extracción. Tenemos más de 350 plantas donde converge la producción de la minería
artesanal, informal e ilegal. La estrategia es reforzar los controles en esas plantas”, explicó
Llerena.
Se sabe, entonces, que las plantas de procesamiento son un eslabón importante en el lavado
de dinero proveniente de la minería ilegal e informal. Por eso, el Observatorio de Minería Ilegal
(OMI) ya había propuesto mejorar la fiscalización de estas plantas, que operan en la sombra.
No solo eso. En su estudio, el investigador Mauricio Pinzás señala que las plantas no solo son
actores productivos, promotores y facilitadores que estimulan la expansión de actividades
mineras, sino que, al mismo tiempo, son fuente de contaminación porque usan agentes
químicos y otros compuestos tóxicos de alto riesgo. Y como no se les fiscaliza —o se les
fiscaliza poco—, no suelen cumplir prácticas ni estándares de seguridad ambiental. En
consecuencia, son un foco de riesgo para la salud y el ambiente, además de un futuro pasivo
ambiental.