Cusco lidera aumento de extorsiones pese a operativos y vigilancia de instituciones

De acuerdo a un informe publicado por Vigilante. Pe, Cusco registra un aumento preocupante
de denuncias por extorsión y robos, pues se indica que mientras el Estado redirige más
recursos para combatir la inseguridad ciudadana, la Contraloría y el Ministerio del Interior
supervisan el uso del presupuesto, la efectividad de las medidas aún se ponen en duda.
De acuerdo al informe del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) del Ministerio del Interior
(Mininter), Cusco habría experimentado un aumento cercano al 69 % en denuncias por
extorsión, al pasar de 87 casos en 2024 a 147 en 2025. Este crecimiento la ubica entre las seis regiones del país con mayor alza relativa en este tipo de delito.
En paralelo, informes de victimización —como los del Observatorio del Crimen y la Violencia—
indican que alrededor del 18 % de la población nacional ha sido víctima de robo en los últimos
tres meses, un fenómeno que se acentúa en zonas urbanas como Cusco. Sin embargo, el temor a represalias continúa siendo un obstáculo para la denuncia. Especialistas advierten que las cifras oficiales reflejan sólo una parte del problema, pues las personas afectadas optan por no reportar los hechos ante la falta de garantías y resultados.
Más recursos y control, pero aún con varias deficiencias El Gobierno Regional de Cusco administró en 2025 un presupuesto institucional cercano a S/ 3,255 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Parte de estos recursos se destinó a fortalecer las funciones de orden público y seguridad ciudadana, en coordinación con el Mininter y los gobiernos locales. En ese marco, se programó la ejecución de 22 proyectos de inversión en comisarías a nivel nacional, incluidas varias en Cusco, junto con la ampliación de operativos policiales, equipamiento logístico y sistemas de videovigilancia en zonas consideradas críticas.
Por su parte, la Contraloría General de la República desplegó desde mayo el operativo
“Seguridad Ciudadana 2025” en 22 municipalidades de la región cusqueña, con el objetivo de
supervisar el uso de recursos destinados al patrullaje, serenazgo y videovigilancia. Los informes revelaron deficiencias generalizadas: el 16 % de las cámaras de seguridad estaba inoperativo, más del 60 % de los municipios no mantenía conexión con la Policía Nacional del Perú (PNP) ni con la Central 105, y cerca del 70 % carecía de planes de mantenimiento preventivo o correctivo.
Además, la mayoría de los gobiernos locales no contaba con personal capacitado ni manuales
de operación, y varios equipos de serenazgo o vehículos de patrullaje se encontraban fuera de servicio.
Ante este panorama, la Contraloría recomendó a las autoridades municipales de Cusco
elaborar planes de mantenimiento, capacitar al personal y asegurar la interconexión con la
PNP, así como actualizar sus planes de seguridad ciudadana. Los resultados fueron notificados en agosto, pero, aunque las municipalidades deben adoptar las medidas correctivas, aún no se ha publicado un cronograma de cumplimiento a nivel regional.