Mineros informales y Gobierno ponen condiciones al Congreso sobre ampliación del Reinfo

Los mineros informales e ilegales y el gobierno del presidente interino José Jerí Oré empezaron a presionar al Congreso sobre la aprobación del dictamen que buscar ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2027.
Los mineros se declararon en huelga hasta que el dictamen de la Comisión de Energía y Minas sea aprobado tal como está, con una prórroga por dos años y la reincorporación al registro de los 50 000 mineros excluidos en julio pasado, mientras que Jerí Oré consideró que “razonable” una ampliación de solo un año, no reincorporar a los 50 000 excluidos y diferenciar bien a mineros artesanales de informales e ilegales.
Los mineros bloquearon las carreteras en varias regiones del país. En Cusco, según el dirigente Walter Molina, mañana y pasado mañana bloquearán el corredor minero del sur en la zona de Choccoyo del distrito de Colquemarca, en Chumbivilcas. “Nuestro pedido es que amplíen la formalización”, dijo.
Mientras tanto, Jerí Oré se manifestó en contra de una prórroga por dos años, hasta diciembre
de 2027. “Dos años no; un año, porque si ponemos seis meses le vamos a dejar una cierta
situación complicada al próximo gobierno”, dijo Jerí Oré el fin de semana.
Además, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, señaló que el Ejecutivo observará la extensión de la vigencia del Reinfo si la norma se aprueba tal como está, sin diferenciar a los mineros informales y artesanales de los ilegales.
“El Congreso tiene los instrumentos adecuados para separar la paja del trigo. Si ellos no lo
hacen, nosotros primero vamos a observar la ley; pero, si no hay la decisión del Congreso de
hacer algo bien hecho, entonces van a superar la insistencia y nosotros llevaremos el tema al
Tribunal Constitucional”, dijo Álvarez.
Cambio de posición
La postura de Jerí Oré muestra un cambio. Como congresista apoyó en dos ocasiones la
ampliación del Reinfo, en un debate que giraba en torno a la presión social y política de los
mineros ilegales e informales, que tienen contactos en el Legislativo y pueden influir en
determinados parlamentarios. Sin embargo, desde el Ejecutivo ya no mira el problema solo
como una negociación con un grupo, sino como un problema nacional. Formalizar ya no se
trata de dar un plazo más, sino de asumir que el fracaso del Reinfo ha permitido el desborde
de la minería ilegal.
Parece que el entorno de Jerí también ha visto el deterioro de la imagen del Congreso, las
encuestas que muestran el rechazo ciudadano al avance de la minería ilegal y la necesidad de
que el Gobierno marque distancia de las economías ilegales. Por eso, aunque Jerí evitó cerrar
completamente la puerta a un acuerdo, dijo que el Ejecutivo no está satisfecho con una
ampliación hasta 2027. Entonces, si el Congreso aprueba la quinta ampliación tal como está
planteada, el Gobierno de Jerí observará la ley.