• El TC admitió una nueva demanda contra la prórroga del registro. El Colegio de Abogados de Loreto cuestiona la continuidad de un régimen que, según sostiene, protege actividades ilegales y afecta derechos fundamentales.El Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y los cambios al Código Penal sobre minería ilegal. El organismo ya notificó al Poder Ejecutivo y al Congreso para que respondan a la demanda.Según el Colegio de Abogados de Loreto, este mecanismo, creado hace más de dos décadas para facilitar la formalización, vulnera derechos ambientales, de salud y de igualdad ante la ley. Cuestiona el daño que ocasiona el uso del Reinfo al proteger actividades ilegales. En Loreto, la minería ilegal se ha incrementado en diversas cuencas, como el río Nanay, de donde proviene agua para la población de Iquitos.Erick Salas Barrera, decano del Colegio de Abogados de Loreto, precisó en un comunicado que la ley de la quinta prórroga, que vence este 31 de diciembre, fue inadecuada, ineficiente e irrazonable porque no cumplió con su objetivo. “Ha promovido, más bien, centros de explotación minera ilegal. Esta prórroga prolonga la vulneración de distintos derechos como la protección del medio ambiente, la salud y las personas en situación de vulnerabilidad”, dijo.Henry Delgado Urrutia, abogado especializado en gobierno y políticas públicas y docente universitario en materia procesal civil, coincide con esa posición. Recordó que el Reinfo nació como un régimen transitorio para que los mineros avanzaran hacia la formalización, pero corre el riesgo de convertirse en una regla permanente.La demanda fue admitida mientras la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) gestiona ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados la ampliación del registro por otros cuatro años. y el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que los inscritos continuarían el proceso mediante “un régimen simplificado de formalización”.Delgado Urrutia consideró que una extensión indefinida pierde razonabilidad cuando no está respaldada por resultados verificables, metas concretas ni plazos definidos. Además, desnaturaliza el carácter transitorio del régimen y contradice el principio de temporalidad, que exige que estas medidas respondan a una necesidad específica y no se prolonguen indefinidamente, como ha advertido el TC.Para el especialista, el TC debe aplicar un test de ponderación que considere la intensidad de la afectación, la finalidad de la medida, su idoneidad y necesidad, y la proporcionalidad en sentido estricto. Aunque la formalización de los mineros constituye un objetivo legítimo, el TC debe evaluar si la ampliación del registro es el medio más adecuado y menos lesivo o si existen alternativas, como plazos estrictos, fiscalización efectiva e incentivos para la formalización. También debe comparar los beneficios de mantener a los mineros dentro del proceso con los costos ambientales y sociales de la medida. La prórroga permite que actividades con impactos ambientales continúen sin cumplir los estándares exigidos, con consecuencias para los derechos colectivos.Para el especialista del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, el TC debería declarar inconstitucionales la prórroga del Reinfo y las modificaciones al Código Penal aprobadas este año. Además, su prolongación vulnera derechos fundamentales, como el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, la igualdad ante la ley y el desarrollo sostenible de la Amazonía, que requiere una legislación adecuada, conforme a la Constitución.Ipenza cuestionó que el proceso continúe sin garantizar la protección ambiental ni la sostenibilidad de la Amazonía. A su juicio, el TC debe declarar inconstitucional el régimen porque mantiene una situación que afecta esos derechos.En 2025, el TC declaró improcedente una demanda similar presentada por el mismo colegio de abogados, debido a que el Congreso ya había prorrogado nuevamente el Reinfo. Sin embargo, en su resolución exhortó al Congreso y al Ejecutivo aprobar un régimen normativo que no contemple un marco de exención de responsabilidades civiles, administrativas o penales en el proceso de formalización minera.Ipenza recordó que pese a esa exhortación el Congreso y el Ejecutivo aprobaron nuevas normas que mantienen la exención de responsabilidad penal, civil y administrativa para los mineros inscritos en el Reinfo. Según el especialista, estas disposiciones crean mecanismos de impunidad.Delgado Urrutia destacó la importancia de esa resolución, porque, según su interpretación, el TC ya había advertido que la prórroga desnaturaliza su carácter transitorio y afecta derechos como el ambiente equilibrado, la salud y la seguridad jurídica. “Si la afectación al ambiente y a la salud supera los beneficios que genera la prórroga, el TC debería señalar que el Reinfo resulta inconstitucional”, sostuvo.Si el TC declara inconstitucional la prórroga del Reinfo, los mineros perderían su protección transitoria y sus actividades podrían ser consideradas minería ilegal si no cumplen los requisitos de formalización, explicó Delgado Urrutia. En el ámbito penal, podrían reactivarse investigaciones suspendidas o limitadas por el registro, lo que daría al Ministerio Público un mayor margen para perseguir los delitos de minería ilegal.Asimismo, se fortalecerían las acciones de reparación y sanción por daños ambientales, mientras que el Estado tendría que adoptar medidas de fiscalización y remediación. Una decisión así podría marcar un punto de quiebre en el régimen de formalización, al exigir que los mineros cumplan los requisitos legales o enfrenten las consecuencias penales y administrativas que correspondan.Para evitar que el Reinfo vuelva a ser prorrogado, el TC tendría que resolver la demanda antes de que el actual Congreso apruebe una nueva ley de ampliación del proceso de formalización. Una demanda de inconstitucionalidad suele tardar entre tres y cuatro meses en resolverse.

Redacción La Última

El candidato a regidor por la Municipalidad Provincial de Cusco del partido Perú Primero, Kori Paulett, señaló que uno de los principales problemas que afecta a la ciudadanía es el mal estado de las calles y avenidas, las cuales se encuentran saturadas de huecos y baches. El postulante acompaña en la fórmula al candidato a la alcaldía, William Peña.
Paulett calificó de «infierno» la experiencia diaria de transitar por la ciudad, indicando que esta situación genera daños a los vehículos particulares y de transporte público, además de obligar a los conductores a realizar maniobras peligrosas. Al respecto, cuestionó que se haya normalizado esta problemática e incluso recordó que hasta en la avenida El Sol se han registrado baches, una situación preocupante de cara a la imagen de la ciudad.
Programa «Bache Cero» y planta asfaltadora Como solución directa a esta demanda ciudadana, el candidato propuso la implementación del programa «Bache Cero». Asimismo, enfatizó que la Municipalidad Provincial de Cusco cuenta con una planta asfaltadora que debería ser puesta en funcionamiento de inmediato para agilizar los trabajos de reparación.
Consultado sobre las vías que están bajo la competencia del gobierno nacional (como la avenida de la Cultura o la vía hacia Sacsayhuamán), Paulet sostuvo que un alcalde debe actuar como un gestor dinámico. En ese sentido, planteó tocar las puertas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de Provías Nacional para lograr un convenio de delegación de facultades y presupuesto, estimando que en un plazo aproximado de un año se podría reducir significativamente el alto porcentaje de baches en la ciudad.
Gestión y saneamiento
El aspirante al concejo provincial reconoció que aún no se cuenta con un número exacto de vías en mal estado, pero aseguró que el problema es transversal y afecta a toda la provincia. Indicó que, de ganar la confianza de los electores, se levantará el diagnóstico técnico necesario desde el inicio de la gestión.
Finalmente, adelantó que otra de las propuestas clave de su agrupación contempla el desarrollo de proyectos de inversión orientados al saneamiento físico-legal en las zonas periféricas de Cusco, buscando evitar la saturación en la Gerencia de Desarrollo Urbano de la municipalidad.

Redacción La Última

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) recomienda adoptar medidas preventivas para reducir la exposición a los riesgos asociados al Fenómeno El Niño (FEN) y fortalecer la preparación ante los peligros inminentes previstos para la temporada de lluvias (entre setiembre de 2026 y abril de 2027). En ese contexto, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) brinda asistencia técnica a nivel nacional para orientar a los empleadores en la implementación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).  Diversas empresas del país podrían estar expuestas a lluvias intensas, inundaciones, huaicos, movimientos en masa y afectaciones en la prestación de servicios básicos, situaciones que pueden comprometer la seguridad y salud de los trabajadores.

Cuatro ejes para reducir la exposición de trabajadores

1. Formación e información: Los empleadores deben capacitar a su personal en SST según los riesgos. La capacitación debe incluir el reconocimiento de alertas, la actuación frente a lluvias, inundaciones, huaicos, derrumbes y movimientos en masa; las rutas y puntos de evacuación, los mecanismos de comunicación ante emergencias, la prevención de riesgo eléctrico, los criterios para la suspensión preventiva de labores y los procedimientos para el retorno seguro a las actividades. Estas medidas deben incluir a todo el personal, independientemente de la modalidad contractual.

• Mapeo de riesgos y preparación ante emergencias: Las empresas deben realizar evaluaciones periódicas de riesgos e implementar controles para evitar accidentes de trabajo. Cuando el FEN sea un peligro para las actividades, este deberá incorporarse en la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC), considerando factores como el nivel de exposición, la vulnerabilidad, las rutas de acceso, la cercanía a quebradas o cauces, las zonas inundables, la estabilidad de taludes, el estado de las instalaciones eléctricas, la infraestructura y los desplazamientos de los trabajadores. Asimismo, se debe actualizar y difundir el Plan de Respuesta ante Emergencias, precisando responsables y suplentes, niveles de alerta, criterios de activación, suspensión, coordinación con entidades y procedimientos de evaluación posterior al evento para autorizar el reinicio seguro de las operaciones.

• Seguridad en el centro de trabajo: Se recomienda realizar simulacros frente a inundaciones, huaicos, derrumbes y pérdida de servicios básicos, considerando protocolos de atención para trabajadores con necesidades particulares. La señalización de rutas de evacuación y la difusión de números de emergencia deben complementarse con sistemas de comunicación bidireccional. Se sugiere reforzar la protección eléctrica (desconexión preventiva, prohibición de manipular equipos mojados e inspección técnica antes de reenergizar). Además, se deben controlar los focos de contaminación y aguas estancadas tras una inundación.

Labores de campo: En las actividades desarrolladas en campo, debe establecerse una regla expresa de suspensión o retiro preventivo ante la activación de quebradas, incremento de caudales o deslizamientos. Es necesario definir responsables para la toma de decisiones, garantizar medios de comunicación efectivos y definir las condiciones para un reinicio seguro de las actividades.