Buscarán garantizar la seguridad de usuarios en terminales terrestres y vías.

La Sutran, Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, anunció que ya realizan operativos junto a la Policía Nacional, para garantizar al seguridad y formalidad de los buses y vehículos que prestarán el servicio en las rutas del país y Cusco durante la Semana Santa.
Los inspectores intentarán reducir la incidencia, sobre todo informalidad, en el servicio de transporte interprovincial e interregional, para de esa manera salvaguardar la integridad de los usuarios, ya que por estas fechas se estima gran movimiento de personas y familias al interior del país.
Handersson Casafranca Valencia, Jefe de la Unidad Desconcentrada Cusco de la Sutran, afirmó que “Viaje Seguro” comienza desde los terminales terrestres formales y las mismas vías nacionales. El personal fortalece la capacidad operativa y brinda las garantías, verificando los documentos y aspectos técnicos de los vehículos y los mismos conductores.
“Ya hemos empezado de manera preventiva, pero desde el lunes 30 de marzo empiezan las acciones de fiscalización en campo, desde las 7 de la mañana estaremos junto a otras autoridades e instituciones”, señaló, y conminó la Sunafil par ver las otras de trabajo de las unidades y choferes, y la fiscalía para evitar irregularidades.
El trabajo de la Sutran es garantizado por la Policía Nacional de comisarías de Carreteras, además de un software que permite seguir por GPS a los vehículos para evitar que hagan paradas en lugares no autorizados “se les hace seguimiento y podemos ver si se exceden de velocidad, están en paradas no autorizadas y de les aplica una sanción”, finalizó.

El director de Inteligencia Sanitaria de la Geresa Cusco, Alex Jaramillo, informó que se detectaron cuatro casos de fiebre amarilla en la región, de los cuales una persona falleció. Ninguno de los infectados estaba vacunado y todos provenían de Madre de Dios, zona en la que se ha reportado un brote de dicha enfermedad.
“El primer caso fue detectado en enero en una adolescente de Acomayo. El segundo, en una mujer de 36 años de Abancay, y el tercero en un joven de 19 años de Quiquijana. Estos tres pacientes están en recuperación, aunque una de ellas permanece hospitalizada. Sin embargo, el cuarto caso, un joven de 19 años de Yaurisque detectado el 13 de marzo, falleció el viernes 20 de marzo, pese a que acudió el día 14 a EsSalud con síntomas y fue internado en la UCI”, detalló el médico.
Se trata de una enfermedad “prevenible”, ya que solo requiere de una vacuna que brinda protección de por vida. El especialista recomendó que aquellas personas que se desplacen hacia Madre de Dios u otras zonas similares, deben vacunarse con al menos 10 días de anticipación.
“Deben vacunarse especialmente aquellos que, por motivos laborales, tienen que ir a Madre de Dios, específicamente a las zonas de Tambopata, Mazuco, Laberinto, Colorado, Delta 1 e Inambari, entre otras”, puntualizó.
El médico sostuvo que, debido a la actividad minera, mucha población altoandina viaja a esa región en busca de empleo. Las cuatro personas afectadas retornaron de Madre de Dios y ninguna estaba inmunizada.
Finalmente, exhortó a la población a vacunarse antes de viajar a zonas endémicas. Los puntos de salud autorizados para aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla se encuentran en el Centro de Salud de Ttio, en Wanchaq (Cusco), y en el distrito de Urcos, en la provincia de Quispicanchi.

La Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras. Recoge propuestas promovidas por congresistas y partidos vinculados a la defensa de la minería informal. Especialistas advierten que esos cambios podrán afectar la estabilidad jurídica del sector.

En medio de la campaña electoral, la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que está de salida, aprobó un dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras y altera reglas que durante décadas definieron la estabilidad jurídica del sector. Víctor Cutipa Ccama, presidente del grupo de trabajo y militante de Juntos por el Perú, aceleró su aprobación, agrupando nueve proyectos de ley que buscaban introducir cambios en ese régimen.
El dictamen recoge propuestas contenidas en el plan de gobierno de Juntos por el Perú, que postula a la presidencia a Roberto Sánchez, quien ha defendido públicamente a los mineros informales.
En ese documento se plantea establecer la propiedad a la minería pequeña y artesanal, revertir las concesiones extinguidas al Estado y que sean entregadas a pequeños mineros. Sánchez plantea también reducir el plazo de caducidad de las concesiones, de 30 años a cuatro o cinco años. Sostiene que no deberían existir concesiones ociosas: aquellas que permanezcan sin actividad serían reasignadas a pequeños mineros y mineros artesanales organizados en cooperativas.
Pero el dictamen consolida iniciativas presentadas por Alejandro Muñante (Renovación Popular), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Edwin Martínez (no agrupado), Paúl Gutiérrez (Bloque Magisterial), Roberto Sánchez y Wilson Quispe (Juntos por el Perú), Guido Bellido (Podemos Perú) y Flavio Cruz (Perú Libre).
Los cambios que propone el Ccongreso
El texto sustitutorio busca obligar a las empresas mineras a suscribir acuerdos de participación en beneficios con comunidades del área de influencia directa. Diversos especialistas advierten que, en la práctica, obligaría a transferir parte del patrimonio empresarial sin indemnización, lo que podría configurar una expropiación indirecta.
Otro cambio elimina el carácter irrevocable de las concesiones mineras. Hasta ahora, una concesión solo podía revertirse si el titular incumplía obligaciones específicas. Según el dictamen, la medida abre la puerta a que la autoridad administrativa pueda revocarla de forma discrecional. Eleva hasta en 300 % el derecho de vigencia de las concesiones y aumenta en 400 % las penalidades por no acreditar producción o inversión mínima y reduce de 30 a 15 años el plazo para iniciar producción.
Según especialistas del sector, en el mejor de los casos conseguirlo toma entre 25 y 45 años. Solo la etapa exploratoria puede superar los 18 años. La norma también obliga a presentar un plan quinquenal de trabajo e inversión desde las primeras etapas de exploración, cuando todavía no hay certeza suficiente para proyectar inversiones.
La vicepresidenta de la comisión, Diana Gonzales, cuestionó un presunto direccionamiento en la agenda por parte de la bancada de Juntos por el Perú. “Actuar al margen de la ley no es emprender. Los mineros ilegales contaminan, evaden impuestos, precarizan el trabajo y amparan la trata de personas. Este absurdo dictamen busca satisfacer caprichos ideológicos”, afirmó.
Mientras el Congreso discute medidas que eso, la minería ilegal continúa expandiéndose. Diversos estudios muestran que esta mueve miles de millones de dólares al año y ya supera a otras actividades ilícitas como el narcotráfico o la trata de personas.
El dictamen aprobado por la comisión deberá pasar ahora al Pleno del Congreso, donde será debatido y sometido a votación.