Gobierno suspende mesa técnica para el Bajo Urubamba por daños causados por la deflagración del gasoducto

• Comunidades del Bajo Urubamba exigen atención sanitaria e indemnización por deflagración de ducto, mientras la PCM reprograma la reunión para el 21 de mayo en Camisea.

El Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba (CGBU) confirmó que la segunda sesión de la Mesa Técnica para el desarrollo de los distritos de Megantoni y Sepahua ha sido reprogramada para el 21 de mayo a las diez de la mañana en la comunidad de Camisea. La cita, originalmente prevista para el 7 de mayo, fue reprogramada por decisión unilateral de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Este cambio de fecha ocurre pese a que no se ha resuelto la crisis social ni ambiental en la zona, luego de la deflagración del ducto de gas de Camisea, ocurrida el uno de marzo pasado, durante trabajos de mantenimiento de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).
Ese accidente afectó a comunidades indígenas de los distritos de Megantoni y Sepahua. Según las organizaciones indígenas, la emanación de gas afectó la salud de la población local, sobre todo menores, en las comunidades de Camana, Timpía, Saringabeni, Sababantiari y Kitaparay. Los afectados reportaron mareos, náuseas, vómitos, dolor estomacal, ardor en la piel, irritación ocular y de garganta.
Gas sin desarrollo para las comunidades
A pesar de que el proyecto Camisea lleva más de dos décadas extrayendo gas que abastece a gran parte del país, los líderes indígenas denuncian que las comunidades de la zona no han visto que esa riqueza mejore su calidad de vida. El distrito de Megantoni (donde se produjo la deflagración) es el que concentra el mayor ingreso por canon gasífero del país: superó los 327 millones de soles en 2025 y alcanzó picos de más de 750 millones en 2023, aunque las comunidades no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad estable ni atención de salud oportuna.
El presidente del CGBU, Hitler Sebastián Pascal, señaló que las comunidades del Bajo Urubamba pagan hasta tres veces más que los limeños por un balón de gas, a pesar de vivir en la zona productora. «Lamentablemente, este recurso no se revierte en la calidad de servicios que deberíamos tener como ciudadanos peruanos».
Una agenda pendiente
La Mesa Técnica, creada en respuesta a las movilizaciones y exigencias de las organizaciones indígenas, debe servir para canalizar las demandas históricas de las comunidades productoras de gas.
El alcalde de Megantoni, Esaú Ríos, viajó al Congreso para denunciar el abandono estatal. «No es posible que el distrito que tiene gas de Camisea siga viviendo así, sin atención como corresponde», declaró en Lima e informó que entre 1,000 y 1,500 personas resultaron afectadas directamente por la deflagración. La demanda es que hay indemnización para las comunidades damnificadas.
Además, los líderes indígenas han solicitado al Ejecutivo y al Legislativo un fondo de emergencia ambiental y compensaciones por los daños causados.
La sesión del 21 de mayo en Camisea deberá definir esas prioridades y un cronograma de ejecución de obras que garanticen el desarrollo del Bajo Urubamba y su integración con la región Ucayali.