Conozca a los actores poco conocidos y perseguidos de la cadena que mueve la minería ilegal en el Perú

• Poco se habla de la cadena de actores que giran alrededor de esta actividad ilícita. No se señala a financistas, autoridades y policías corruptos, plantas procesadoras y redes criminales.El minero que entra a los socavones o baja al río para sacar minerales es el eslabón más débil en la cadena de actores de la minería informal e ilegal, que no funciona sola ni aislada. Para desarrollarse y sostenerse necesita una red de financistas, autoridades aliadas, policías corruptos, compradores, plantas de beneficio y comunidades. Son eslabones invisibles, o que buscan mantenerse invisibles, por lo que el Estado no los controla o los controla poco. Zaraí Toledo Orozco, politóloga que investigó las economías ilegales, dijo tras la masacre de 13 personas en Pataz, que el gobierno no conoce el problema por lo que se enfoca en quien extrae el mineral, la persona que más se expone y menos gana. Toledo dijo que una política que ataque a esas economías ilegales debe apuntar a quienes se benefician y las financian, y contar con un servicio de inteligencia para reconocer a los actores y sus nexos con grupos criminales y políticos.Para que una mina empiece a operar debe haber financistas o prestamistas, personas o redes que ponen dinero, maquinaria, combustible, explosivos y campamentos. Muchas veces nunca pisan una mina, pero se quedan con la mayor parte de la producción.Estos “empresarios” tienen como aliados a alcaldes, gobernadores y congresistas que ofrecen protección política, impulsan normas, como la ampliación del Reinfo o la flexibilización de leyes, y frenan operativos. Muchos presentan a la minería ilegal como “trabajo del pueblo” para ganar legitimidad y votos. A eso se suman funcionarios de gerencias o direcciones regionales de Energía y Minas que facilitan trámites irregulares o miran a otro lado frente al daño ambiental.El analista Iván Arenas señala que algunos congresistas ya representan a este tipo de minería y desde el Congreso apoyaron y promovieron normas para flexibilizar la lucha contra la informalidad e ilegalidad. “Algunos gobiernos regionales también han sido los culpables de la informalidad, del fracaso del REINFO. Asimismo, en lugares donde hay minería informal, los alcaldes están coludidos y en algunos casos son hasta tenedores del registro”, dijo.Las redes ilegales también logran el apoyo de comunidades o dirigentes cooptados con pagos o entrega de beneficios. Otros son presionados o amenazados por organizaciones criminales, como ocurre en la Amazonía. En algunos casos, terminan convertidos en aliados y socios.De la misma forma, miembros de la Policía y del Ejército cobran cupos para permitir el paso de combustible, maquinaria o mineral, así como alertan sobre operativos, custodian convoyes o campamentos, simulan interdicciones y protegen rutas ilegales. Hay policías involucrados en el robo de oro en Cusco, Puno y Lima, mientras que en La Libertad han sido denunciados por liberar “paqueteros” y desaparecer mineral incautado. Según el medio Causa Justa, pagan a policías entre 10,000 a 50,000 soles para transportar minerales.La cadena se completa con compradores, plantas de beneficio y comercializadores. Son acopiadores locales, empresas exportadoras, intermediarios que “blanquean” mineral ilegal mezclándolo con producción formal y casas de compra que no verifican el origen. Al respecto, Arenas dijo que sin las plantas no habría el desorden que hay hoy, que han generado un mercado atractivo. “Algunas reciben producción sin ningún tipo de fiscalización más allá del Reinfo”.A nivel nacional, 304 plantas procesan minerales en 17 de departamentos, muchas son informales e ilegales, y muchas otras reciben minerales sin verificar si efectivamente su procedencia es formal. Esas plantas facilitan la expansión de este tipo de actividades y se convierten en el canal de ingreso del oro ilegal al mercado formal. No se puede obviar tampoco el papel de los proveedores de explosivos y combustible, las bandas que trafican mercurio, los dueños de maquinaria pesada, los talleres mecánicos y las empresas de transporte. Ni ignorar que alrededor de esta actividad, y muchas veces con ella, operan también redes criminales dedicadas a la trata de personas, prostitución, extorsión, sicariato y lavado de dinero.