Rogers Valencia y el caso Sheraton: la decisión que anuló una millonaria sanción por daños al patrimonio del Cusco

• Cuando fue ministro de Cultura, Valencia anuló una multa de más de S/4,5 millones a la empresa R&G que construyó el hotel Sheraton en el Centro Histórico. La obra destruyó muros y andenes incas, y vulneró el Plan Maestro.

La designación de Rogers Martín Valencia Espinoza como ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) recordó una de las decisiones más cuestionadas de su paso por el Ministerio de Cultura. En 2018, cuando ocupó ese cargo, anuló una millonaria sanción contra la empresa Inmobiliaria R&G S. A. C., responsable de la construcción del hotel Sheraton en la calle Saphy, en pleno Centro Histórico del Cusco.
T’ika Luizar Obregón, integrante de la Comisión de Juristas contra la Corrupción y por la Defensa Social, recordó que Valencia firmó las resoluciones ministeriales que declararon fundadas las apelaciones de la empresa, anularon las sanciones impuestas por la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco y declararon la caducidad de los procedimientos administrativos. Como consecuencia, la inmobiliaria dejó de pagar una multa superior a S/4,5 millones por los daños ocasionados al patrimonio cultural.
La resolución ministerial del 11 de enero del 2018, firmada por Valencia, anuló todos los procesos contra la empresa iniciados un año antes. Para Valencia, se realizó una deficiente interpretación de la ley y de los medios probatorios y se vulneró el principio de legalidad, al atentar contra la buena fe procedimental del administrado.
El proyecto del hotel Sheraton se convirtió en uno de los mayores conflictos patrimoniales. Durante la construcción se demolió un inmueble republicano protegido, se destruyeron muros y andenes incas y se realizaron excavaciones arqueológicas sin autorización. Además, el edificio superó ampliamente los parámetros urbanísticos del Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, que permite construcciones de hasta dos niveles en esa zona. El hotel fue levantado con varios pisos más, alterando el perfil urbano de una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Aunque las sanciones fueron anuladas durante la gestión de Valencia, posteriormente el Ministerio de Cultura inició nuevos procedimientos administrativos e impuso otras multas a la empresa por la destrucción de muros incas, el exceso de volumen de la edificación y otras afectaciones al patrimonio. Para Luízar, la decisión adoptada por Valencia muestra la débil respuesta del Estado frente a la protección del patrimonio cultural.
Cabe recordar que el Poder Judicial ordenó la demolición de las estructuras que afectan los andenes incas y la restitución de los bienes patrimoniales dañados. Esa decisión fue ratificada y cuya ejecución fue respaldada por el Tribunal Constitucional.
Para la Comisión de Juristas, el caso Sheraton sigue siendo un ejemplo de cómo decisiones administrativas pueden favorecer intereses privados en perjuicio de uno de los patrimonios culturales más importantes del Perú.

Redacción La Última