Cusco: empresa buscaría apoderarse del teatrín del colegio Garcilaso amparándose en “mejoras” realizadas sin autorización

El director de la Gran Unidad Escolar Inca Garcilaso de la Vega, Erminio Rojas Zavaleta, indicó que a la fecha se encuentran en un “proceso de conversatorio” con la empresa JMJ Reyes, la cual ocupa indebidamente el teatrín del plantel y se ha amparado en la realización de “mejoras” no autorizadas para pretender apoderarse del inmueble.
“Hemos revisado esos documentos con el equipo de abogados y resulta que esas mejoras no han sido autorizadas por condiciones operativas y tampoco por la dirección del colegio. Es decir, debió haber una autorización previa”, explicó el director.
Agregó que no se puede “tocar un terreno del Estado así por así”, ya que se necesita la autorización de la institución, del municipio, del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de todas las entidades involucradas en una construcción, por lo que su argumento no tendría sustento para seguir en la propiedad que le pertenece al colegio.
Asimismo, informó que el contrato venció en el mes de abril de este año y que se encuentran como “poseedores indebidos”, pues la contrata ya concluyó. En ese sentido, explicó que este hecho afecta a la institución en el aspecto técnico y pedagógico, ya que los estudiantes hacen uso de ese bien común para distintas actividades.
“Está en poder de la empresa privada a partir del 2023. En todo caso, es un buen tiempo que ellos seguramente, con las anteriores gestiones, han estado renovando. Al parecer, esto ha sido indebido, puesto que por más de un año no se puede tener a una persona alquilando un bien del Estado”, finalizó.
Situación legal
Por su parte, desde la Procuraduría se explicó que la situación actual se encuentra judicializada con procesos en trámite. Por un lado, se ventila un hábeas corpus interpuesto por la empresa debido a una presunta violación al derecho de domicilio de la empresa lo cual fue calificado como “irracional e ilógico” por el procurador, Jimmy Villavicencio.
Por el otro, un interdicto sustentado en un contrato firmado con el anterior director, el cual estipulaba que se reconocerían todas las mejoras previa autorización. Sin embargo, dado que dicha autorización nunca existió, la magistrada a cargo se encuentra evaluando el caso, por lo que, hasta que no se aclare, no es posible ejecutar una recuperación extrajudicial.

Redacción La Última