Conflictos sociales retrasaron drenaje pluvial en Cusco y se alerta eventual paralización de obra

Los trabajos que involucran la segunda etapa del Proyecto de Drenaje pluvial de la Microcuenca Cachimayo estarían a punto de paralizarse, por una presunta irregularidad que habría cometido el administrador de contratos, este hecho afectaría a más de 200 mil pobladores del Cusco, según información propalada por el diario “Expreso”, el último viernes.
Asimismo, se deja entrever en el informe que, por oposición de la población, la obra se habría retrasado, lo cual, de resolverse este contrato, podría llevar implícitamente a un “arbitraje”.
El proyecto impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Urbano a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), es financiada mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La inversión asciende a S/200’800,723.98 y beneficiarás a las familias de los distritos de Cusco, Santiago, Wánchaq y San Sebastián.
El proyecto de drenaje pluvial considera la construcción de 10.4 kilómetros de colectores, 180 sumideros y dos grandes tanques de almacenamiento de agua de lluvia de seis metros de profundidad, destinados a reducir el impacto de las inundaciones.

Contexto:
Con el fin de poner en marcha la obra se suscribió el contrato el 4 de diciembre del 2024 entre el PNSU y el Consorcio Cachimayo, sin embargo, se indica que “los vecinos de la zona impidieron el inicio de la construcción de los Tanques Tormenta del Sistema Casuarinas, que según el expediente técnico debían levantarse frente a sus viviendas. Ese conflicto social paralizó un frente de obra cuyo cronograma de ejecución equivale, según el contrato, al 60% del total del plazo contractual”.
“El cronograma oficial establecía que los tanques debían comenzar a ejecutarse el 14 de abril de 2025. Pero los vecinos ya habían expresado su rechazo a que estos reservorios se construyeran a escasos dos metros de las puertas de sus viviendas, argumentando inestabilidad del terreno y presencia de napa freática. La tensión escaló el 28 de abril, cuando trabajadores del consorcio que realizaban labores de replanteo fueron expulsados a la fuerza por los pobladores”.
“… Frente a este hecho el administrador de contratos del PNSU, ingeniero Raffo Sotomayor Cabrera, no solo desconoció ese hecho —pese a que los propios vecinos declararon públicamente ante los medios su rechazo a la ejecución de los tanques—, sino que además denegó la ampliación de plazo solicitada, a pesar de que la Supervisión había recomendado aprobarla”, indica el informe del diario capitalino.
De otro lado, en este informe señalan que “Sotomayor intentó previamente resolver el contrato, recomendando iniciar el trámite de resolución contractual por vía notarial y atribuyendo un supuesto atraso al contratista. Ese intento se habría frenado luego de que el contratista recurriera al Poder Judicial para solicitar una medida cautelar”.
“Más aún, informes del propio PNSU y de la Supervisión reconocieron, mediante los documentos CCM-EHP-GEO-ADM-CAR-0189-2025 y CCM-EHP-GEO-ADM-CAR-0253-2025, que el atraso era atribuible a un conflicto social y no a la empresa ejecutora”.
Supervisión recomendó ampliar el plazo
“El supervisor de la obra, Consorcio Concremat-Milla, recomendó al PNSU ampliar el plazo contractual en 158 días mediante la Carta N.° 0182-2026/CCM-JRMR-RCA, del 24 de julio de 2026. La recomendación se sustentó en que la paralización se produjo por un problema social que no fue causado por el contratista”.
“Sin embargo, el 8 de septiembre de 2026, el ingeniero Sotomayor emitió el Informe Técnico N.° 204-2026/VMCS/PNSU/UGPP-BID-CT-PNSU, mediante el cual denegó la ampliación, contradiciendo el sustento técnico y legal presentado por la Supervisión”.
“El problema adquiere mayor dimensión porque, de acuerdo con el expediente, indica el informe del diario Expreso, los tanques tormenta representan el 36% del valor del contrato, pero su ejecución utiliza el 60% del plazo contractual. Es decir, si la ampliación no es aprobada, resulta materialmente imposible que el contratista recupere el tiempo perdido».