Urubamba contrató por S/30.500 al yerno de un juez superior de Cusco, pese a prohibición legal

• Urubamba emitió dos órdenes de servicio a favor de Gonzalo Vicenth Huarcaya Portilla, yerno del juez superior Luis Alfonso Sarmiento Núñez. Un informe de control advierte que el proveedor estaba impedido de contratar con el Estado.

La Municipalidad Provincial de Urubamba contrató por S/30.500 a Gonzalo Vicenth Huarcaya Portilla, yerno de un juez superior de la Corte Superior de Justicia de Cusco, pese a que la ley le prohibía contratar con entidades públicas dentro del ámbito territorial de competencia del magistrado.
El Órgano de Control Institucional (OCI) de la municipalidad identificó indicios de irregularidad en dos contratos suscritos durante 2023, cuando Luis Alfonso Sarmiento Núñez ejercía como juez superior titular. Los hallazgos figuran en el informe de Acción de Oficio Posterior 061-2026-2-0392-AOP.
La municipalidad emitió una primera orden de servicio el 19 de abril de 2023 por S/29.000 para formular expedientes técnicos. Luego, el 23 de noviembre del mismo año, contrató al proveedor por S/1.500 para capacitar a agentes de tránsito. Ambos servicios suman S/30.500.
Declaró que no tenía impedimentos
El informe de control advierte que Huarcaya Portilla estaba impedido de contratar con el Estado por su vínculo familiar con el magistrado. Sin embargo, suscribió declaraciones juradas para ambas órdenes de servicio en las que afirmó que no tenía impedimentos legales para contratar con entidades públicas.
El OCI sustenta esta conclusión en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Esta norma prohíbe contratar con el Estado a los parientes hasta el segundo grado de afinidad de los jueces superiores, cuando la contratación se realiza dentro del ámbito de competencia territorial correspondiente.
La entidad de control también tomó en cuenta el acuerdo de sala plena 006-2021/TCE y la información remitida por la Corte Superior de Justicia de Cusco mediante el oficio 001348-2026-GAD-CSJCU-PJ. Según esos documentos, Urubamba se encontraba dentro del ámbito territorial de competencia del magistrado, por lo que el impedimento alcanzaba al proveedor.
La presentación de las declaraciones juradas agrava los cuestionamientos, pues el proveedor aseguró que podía contratar con el Estado pese a la restricción identificada por el OCI. El informe advierte que esta situación afecta la transparencia y la legalidad de las contrataciones públicas.
Ante los indicios detectados, el órgano de control recomendó al alcalde provincial de Urubamba adoptar medidas para determinar las responsabilidades correspondientes. También solicitó que la municipalidad remita un plan de acción en un plazo de 20 días hábiles. Según el informe, hay presuntas irregularidades en la contratación y recomienda acciones correctivas.