• Un análisis de Erick Chuquitapa, economista de REDES y docente de la Unsaac, advierte que el presupuesto regional y municipal caerá 6,3 % en 2027 y que el gasto de capital tendrá un recorte de 22,2 %. El investigador plantea revisar las obras en marcha y ordenar nuevas inversiones.

Las autoridades que sean elegidas en octubre tendrán que gobernar con menos recursos para inversión. El presupuesto conjunto del Gobierno Regional del Cusco y las 116 municipalidades de la región pasará de S/7 023,6 millones aprobados para 2026 a S/ 6 580,8 millones propuestos para 2027. Una reducción de 6,3 %.
El recorte será mayor en el gasto de capital. El monto destinado a inversiones y otros gastos de capital caerá en S/685 millones, equivalente a 22,2 %. La reducción será más pronunciada en el Gobierno Regional del Cusco, donde el gasto de capital caerá 45,3 %. En las municipalidades disminuirá 12,2 %. Al mismo tiempo, el servicio de la deuda municipal aumentará 82,2 %.
El análisis pertenece a Erick Chuquitapa Rojas, economista de REDES y docente de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac). El investigador sostiene que las cifras deberían convertirse en un punto de partida para discutir las propuestas de los candidatos.
“Las propuestas electorales tienen que partir de una pregunta básica: ¿con qué recursos se van a ejecutar?”, plantea Chuquitapa. A su juicio, las nuevas autoridades tendrán que conocer primero las obligaciones que recibirán antes de asumir nuevos compromisos.
Un GORE con menos margen para invertir
El presupuesto propuesto para el Gobierno Regional del Cusco asciende a S/3 221,6 millones para 2027. Son S/299,1 millones menos que los S/ 3520,7 millones aprobados para 2026. La reducción alcanza 8,5 %.
El cambio también modifica la composición del presupuesto. El gasto corriente aumentará 3,7 %, mientras que el gasto de capital caerá 45,3 %. El servicio de la deuda, por su parte, crecerá 63,2 %. Así, el gasto corriente pasará de representar 72,3 % del presupuesto regional a 81,9 %. El gasto de capital bajará de 26,4 % a 15,8 %.
Para Chuquitapa, esta situación obliga a revisar con cuidado la cartera de inversiones que recibirá la próxima gestión. “Una menor asignación no significa automáticamente que una obra esté paralizada”, advierte. Puede responder a la culminación de proyectos, cambios en los cronogramas o falta de recursos para determinadas etapas.
Por eso, recomienda revisar cada proyecto antes de incorporar nuevas obras al presupuesto. La nueva administración debería conocer cuánto se ha ejecutado, qué compromisos contractuales están pendientes, qué recursos necesita cada proyecto y cuáles son sus hitos para 2027.
El presupuesto también muestra una mayor presión del gasto corriente. Personal y obligaciones sociales aumentará S/93 millones y explica prácticamente todo el incremento neto del gasto corriente, que será de S/93,1 millones. Bienes y servicios se mantendrá alrededor de S/240,7 millones.
Chuquitapa señala que estos datos muestran cómo cambia la estructura presupuestal, pero no permiten determinar por sí solos si existe un exceso de burocracia o un deterioro en la calidad de los servicios. Para eso se necesita revisar las obligaciones y la situación de cada unidad ejecutora.
¿De dónde saldrá el dinero?
El análisis también identifica cambios en las fuentes de financiamiento del GORE. Las operaciones oficiales de crédito pasarán de S/ 150 millones en 2026 a cero en la asignación inicial propuesta para 2027. Los recursos determinados disminuirán de S/700,2 millones a S/564,7 millones. Los recursos ordinarios caerán S/21,8 millones.
En contraste, los recursos directamente recaudados aumentarán S/8,1 millones. La reducción conjunta de las asignaciones por crédito y recursos determinados suma S/285,5 millones. Esa cifra representa el 95,4 % de la reducción neta del presupuesto regional.
Chuquitapa considera importante mirar estos cambios antes de prometer nuevas inversiones. No basta con conocer cuánto cuesta una obra. Hay que saber con qué fuente se financiará, cuánto requerirá cada año y qué obligaciones dejará para las siguientes gestiones.
El investigador también advierte que un aumento de los recursos directamente recaudados no significa que ese dinero ya esté disponible. Se trata de una previsión presupuestaria cuya recaudación deberá verificarse durante el ejercicio.
Las municipalidades también tendrán menos para invertir
Las 116 municipalidades del Cusco tendrán en conjunto un presupuesto propuesto de S/3 359,2 millones para 2027. Son S/143,7 millones menos que el presupuesto aprobado para 2026.
El gasto corriente municipal caerá 1,6 % y el gasto de capital disminuirá 12,2 %. La principal diferencia aparece en el servicio de la deuda, que aumentará S/138,8 millones y pasará de representar 4,8 % del presupuesto municipal a 9,2 %.
Según Chuquitapa, este incremento no debe confundirse con mayores recursos para nuevas obras. “Lo relevante será contrastar el financiamiento anual de las inversiones con sus hitos físicos y contractuales antes de asumir nuevos compromisos”, sostiene.
Los cambios en las fuentes de financiamiento también son importantes. Los recursos ordinarios caerán S/153,4 millones, una reducción de 68,7 %. Los Recursos Determinados disminuirán S/36,7 millones. En cambio, los recursos directamente recaudados aumentarán S/48,1 millones.
El investigador plantea que las nuevas autoridades municipales deberán revisar de manera particular el origen y destino de sus recursos. No todos pueden utilizarse para los mismos fines y una mayor disponibilidad presupuestaria en una fuente no implica necesariamente que pueda financiar cualquier proyecto.
La Convención concentra la mayor caída
La reducción tampoco será igual en todas las provincias. La Convención concentra la mayor caída del gasto de capital, con S/269,7 millones menos. La cifra supera incluso la reducción neta de S/264,1 millones registrada en el conjunto de las municipalidades. Las otras 12 provincias acumulan un aumento neto de S/5,6 millones, aunque ocho también reducirán su gasto de capital.
Espinar y Chumbivilcas compensan parte de las caídas. En Espinar, siete de sus ocho municipalidades aumentan su gasto de capital. En Chumbivilcas ocurre lo mismo en siete de sus ocho municipalidades.
La diferencia también aparece en las fuentes de financiamiento. La Convención pierde S/ 305,8 millones de recursos determinados, mientras que Espinar aumenta S/ 128,8 millones y Chumbivilcas S/ 92,2 millones. A escala regional, 70 de las 116 municipalidades reducirán su gasto de capital y 46 lo aumentarán.
Para Chuquitapa, estas diferencias impiden plantear una sola respuesta para todos los gobiernos locales. Cada autoridad tendrá que revisar su cartera de proyectos, sus fuentes de financiamiento y sus obligaciones antes de definir nuevas prioridades.
¿Qué deberían hacer las nuevas autoridades?
El primer paso, según Chuquitapa, debería ser conocer exactamente qué reciben y qué obligaciones heredan. En el GORE y en las municipalidades, las nuevas autoridades tendrán que revisar las inversiones en marcha, los contratos vigentes, los cronogramas de pago y los recursos necesarios para concluir los proyectos. Solo después deberían definir nuevas obras.
El segundo paso será vincular cada promesa con una fuente de financiamiento. Chuquitapa considera insuficiente anunciar una obra y mencionar únicamente su costo total. Una propuesta responsable debe indicar cuánto costará cada año, de dónde saldrá el dinero y qué otras obligaciones tendrán que atender.
El tercer paso será revisar el peso de la deuda. El servicio de deuda aumentará en ambos niveles de gobierno y, en el caso municipal, tendrá un peso mucho mayor en el presupuesto. Por eso, el investigador recomienda conocer los cronogramas de pago antes de asumir nuevos compromisos.
El cuarto será coordinar entre gobiernos regionales y locales sin confundir competencias. Las municipalidades concentran el 78,8 % del gasto de capital conjunto propuesto. Para Chuquitapa, esto hace necesario coordinar proyectos que tengan impacto provincial o regional, pero sin asumir que el GORE puede financiar automáticamente las obras municipales. “El cambio presupuestario es un punto de partida, no una medida del desempeño futuro”, sostiene Chuquitapa.
El análisis compara asignaciones presupuestarias de 2026 y 2027, no niveles de ejecución. Además, el presupuesto propuesto todavía puede cambiar. Para las nuevas autoridades, sin embargo, el mensaje es que antes de prometer nuevas obras, tendrán que saber cuánto dinero recibirán, cuánto deberán pagar y qué proyectos tendrán que terminar.

Redacción La Última

Docentes, escolares, incluso el director de la institución educativa Tomasa Tito Condemayta de la provincia de Acomayo, se intoxicaron por consumir pollo enlatado, aparentemente del programa Wasi Mikuna.El centro de salud de esta localidad recibió a los pacientes desde la noche del viernes y el sábado, por presentar dolores estomacales, náuseas, vómitos, diarrea y deshidratación, que eran constantes. Los padres denunciaron la carencia de atención y falta de ambulancia para evacuarlos a Cusco.La Gerencia Regional de Salud (Geresa) Cusco, informó que la intoxicación masiva es investigada como un probable brote de enfermedad transmitida por alimentos (ETA), y preliminarmente se sabe que alrededor de 200 personas consumieron alimentos durante el almuerzo del viernes 18 de septiembre. A las 10:30 horas de este último domingo, se han atendido a 26 pacientes, 17 permanecen hospitalizados en Acomayo y 9 fueron referidos a hospitales de la ciudad del Cusco. “Todos los pacientes atendidos se encuentran estables y fuera de peligro; sin embargo, continúan llegando personas con síntomas, por lo que los servicios de salud mantienen activa la atención y vigilancia”, señalaron en un comunicado.Los equipos de Epidemiologia y Salud Ambiental de la Geresa vienen realizando la investigación correspondiente para determinar el alimento involucrado y la causa de este evento.“Se recomienda a quienes hayan consumido alimentos en la institución y presenten dolor abdominal, diarrea, vómitos, náuseas, fiebre o malestar general, acudir a establecimiento de salud más cercano y evitar la automedicación”, finalizan.

Redacción La Última

Los trabajos que involucran la segunda etapa del Proyecto de Drenaje pluvial de la Microcuenca Cachimayo estarían a punto de paralizarse, por una presunta irregularidad que habría cometido el administrador de contratos, este hecho afectaría a más de 200 mil pobladores del Cusco, según información propalada por el diario “Expreso”, el último viernes.
Asimismo, se deja entrever en el informe que, por oposición de la población, la obra se habría retrasado, lo cual, de resolverse este contrato, podría llevar implícitamente a un “arbitraje”.
El proyecto impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Urbano a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), es financiada mediante un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La inversión asciende a S/200’800,723.98 y beneficiarás a las familias de los distritos de Cusco, Santiago, Wánchaq y San Sebastián.
El proyecto de drenaje pluvial considera la construcción de 10.4 kilómetros de colectores, 180 sumideros y dos grandes tanques de almacenamiento de agua de lluvia de seis metros de profundidad, destinados a reducir el impacto de las inundaciones.

Contexto:
Con el fin de poner en marcha la obra se suscribió el contrato el 4 de diciembre del 2024 entre el PNSU y el Consorcio Cachimayo, sin embargo, se indica que “los vecinos de la zona impidieron el inicio de la construcción de los Tanques Tormenta del Sistema Casuarinas, que según el expediente técnico debían levantarse frente a sus viviendas. Ese conflicto social paralizó un frente de obra cuyo cronograma de ejecución equivale, según el contrato, al 60% del total del plazo contractual”.
“El cronograma oficial establecía que los tanques debían comenzar a ejecutarse el 14 de abril de 2025. Pero los vecinos ya habían expresado su rechazo a que estos reservorios se construyeran a escasos dos metros de las puertas de sus viviendas, argumentando inestabilidad del terreno y presencia de napa freática. La tensión escaló el 28 de abril, cuando trabajadores del consorcio que realizaban labores de replanteo fueron expulsados a la fuerza por los pobladores”.
“… Frente a este hecho el administrador de contratos del PNSU, ingeniero Raffo Sotomayor Cabrera, no solo desconoció ese hecho —pese a que los propios vecinos declararon públicamente ante los medios su rechazo a la ejecución de los tanques—, sino que además denegó la ampliación de plazo solicitada, a pesar de que la Supervisión había recomendado aprobarla”, indica el informe del diario capitalino.
De otro lado, en este informe señalan que “Sotomayor intentó previamente resolver el contrato, recomendando iniciar el trámite de resolución contractual por vía notarial y atribuyendo un supuesto atraso al contratista. Ese intento se habría frenado luego de que el contratista recurriera al Poder Judicial para solicitar una medida cautelar”.
“Más aún, informes del propio PNSU y de la Supervisión reconocieron, mediante los documentos CCM-EHP-GEO-ADM-CAR-0189-2025 y CCM-EHP-GEO-ADM-CAR-0253-2025, que el atraso era atribuible a un conflicto social y no a la empresa ejecutora”.
Supervisión recomendó ampliar el plazo
“El supervisor de la obra, Consorcio Concremat-Milla, recomendó al PNSU ampliar el plazo contractual en 158 días mediante la Carta N.° 0182-2026/CCM-JRMR-RCA, del 24 de julio de 2026. La recomendación se sustentó en que la paralización se produjo por un problema social que no fue causado por el contratista”.
“Sin embargo, el 8 de septiembre de 2026, el ingeniero Sotomayor emitió el Informe Técnico N.° 204-2026/VMCS/PNSU/UGPP-BID-CT-PNSU, mediante el cual denegó la ampliación, contradiciendo el sustento técnico y legal presentado por la Supervisión”.
“El problema adquiere mayor dimensión porque, de acuerdo con el expediente, indica el informe del diario Expreso, los tanques tormenta representan el 36% del valor del contrato, pero su ejecución utiliza el 60% del plazo contractual. Es decir, si la ampliación no es aprobada, resulta materialmente imposible que el contratista recupere el tiempo perdido».