Un incendio forestal de grandes proporciones registrado en el anexo Ccomayo del distrito de Quehue, provincia de Canas, dejó en cenizas varias viviendas y hectáreas de pastizales.
El fuego se activó pasada las 13:00 horas de este jueves 3 de setiembre por causas que se desconocen. Los fuertes vientos hicieron que se propague rápidamente por pastos secos.
Un grupo de viviendas con techo de ichu o paja se vieron afectadas, pues las lenguas de fuego alcanzaron y en cuestión de minutos desnudaron a los inmuebles de adobe. El siniestro afectó los medios de vida.
La municipalidad de Quehue informó que la plataforma de Defensa Civil y la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres atendió la emergencia junto comuneros del anexo Ccomayo, logrando controlar y liquidar el incendio, que dejó daños materiales.
Al cierre de edición, no se dio a conocer detalles de las familias damnificadas y tampoco la extensión de pastos que se han perdido, aunque hicieron un llamado a la población a extremar las medidas de prevención y evitar cualquier acción que pueda originar incendios forestales.
“Una pequeña quema puede convertirse rápidamente en un incendio de grandes proporciones y poner en riesgo nuestros campos, cultivos, animales, viviendas y la vida de las personas”, señalaron en un comunicado.

Redacción La Última

• Los jueces dictaron hasta 18 meses de prisión preventiva para los intervenidos en cuatro operativos realizados en Paucartambo, Chumbivilcas y Quispicanchi.

La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Cusco logró que el Poder Judicial dicte prisión preventiva contra 13 investigados por minería ilegal agravada y tenencia ilegal de materiales explosivos, tras cuatro operativos realizados en las provincias de Paucartambo, Chumbivilcas y Quispicanchi.
Las intervenciones se realizaron con participación de la Policía Nacional y entidades fiscalizadoras. Los operativos permitieron intervenir campamentos y frentes de extracción minera, incautar explosivos y maquinaria y destruir instalaciones utilizadas para estas actividades.
En Paucartambo, la FEMA consiguió 18 meses de prisión preventiva para cinco investigados intervenidos en el sector Umana, en la quebrada Cumbrera Ttio Mayo. Según la Fiscalía, los intervenidos extraían mineral aurífero durante las 24 horas mediante excavaciones a tajo abierto sobre el cauce natural que desemboca en el río Mapacho.
Durante el operativo se incautaron cuatro volquetes de carga pesada y 45 cartuchos de dinamita con sus detonadores. Además, las autoridades destruyeron maquinaria pesada, chutes y campamentos utilizados para la extracción.
En Chumbivilcas, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva en dos casos. El primero ocurrió en el sector Ingata, distrito de Chamaca. Allí, cuatro personas fueron intervenidas dentro de una bocamina activa mientras almacenaban 250 kilogramos de nitrato de amonio estabilizado, 208 cartuchos de emulsión explosiva, mechas de seguridad y 238 detonadores industriales, que, según la Fiscalía, estaban ocultos en sus dormitorios.
El segundo operativo se realizó en el sector Gallo Rumiyoc, distrito de Colquemarca. En este caso, dos personas fueron enviadas a prisión preventiva por nueve meses. La Fiscalía las acusa de operar una galería subterránea de unos 10 metros y almacenar clandestinamente 124 cartuchos de hidrogel explosivo, fulminantes y herramientas de voladura. Según la investigación fiscal, los intervenidos no contaban con autorización administrativa ni registro en el Reinfo.
El cuarto caso se produjo en Camanti, provincia de Quispicanchi. El Poder Judicial dictó también nueve meses de prisión preventiva contra dos investigados que, según la Fiscalía, operaban en las faldas y la cumbre del cerro Huayna Camanti, dentro de una zona superpuesta al Área de Conservación Regional Q’eros Kosñipata.
Los intervenidos fueron capturados mientras procesaban rocas auríferas con molinos industriales. La Policía también encontró 19 cartuchos de dinamita y cordón detonante.
La Fiscalía sostiene que estas actividades provocaron deforestación de especies maderables nativas y afectaron la calidad del agua del río Garrote por el aumento de la turbidez. Esto es parte de los operativos contra la extracción ilegal de oro y el almacenamiento y uso clandestino de explosivos.

Redacción La Última

A poco de finalizar la gestión del alcalde Luis Pantoja, la Municipalidad Provincial del Cusco continúa sin mostrar una estrategia eficaz para erradicar o reubicar el comercio ambulatorio en la ciudad.
Desde la Gerencia de Desarrollo Económico, el gerente Mario Zárate ha admitido la incapacidad para hallar una solución a este problema social y justifica que la aparición de vendedores es por la crisis económica y limitándose únicamente a empadronar a los comerciantes para cobrarles un monto por las ferias que realizan.
“El comercio ambulatorio no se va a poder erradicar. Lo que no podemos permitir es que sea en el centro histórico. Pero lo que tenemos que hacer como municipalidad, es un control”, declaró.
Lejos de ofrecer una solución que garantice el libre tránsito, la seguridad y la formalidad en las calles, la comuna se ha dedicado a otorgar autorizaciones temporales en vías altamente transitadas como la calle Túpac Amaru, bajo la modalidad de ferias en distintos meses del año. En cada una de ellas, el municipio recauda S/ 27.50 diarios por día de feria a los 180 ambulantes empadronados, dinero que ingresa directamente a las arcas municipales para pagar sueldos y servicios internos.
Esta pasividad de la comuna no solo perjudica el ordenamiento urbano y la imagen del Cusco, sino que representa una competencia desleal para los comerciantes formales que pagan licencias, impuestos y alquileres todo el año. Mientras la gestión municipal sostenga que el comercio informal «no se va a poder erradicar», el espacio público continuará tomado por la informalidad ante la vista y paciencia de las autoridades.

Redacción La Última