Las largas colas en el acceso a la Ciudadela Inca de Machu Picchu y para la compra de un boleto, de los 1000 que ofrece la Dirección de Cultura de Cusco, es un maltrato al turista que viene a conocer la maravilla.
El gerente de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco, Rosendo Baca Palomino, lamentó haber constatado que los visitantes tienen que esperar para conocer el destino más importante que tiene el país, justo en la misma puerta.
Según dijo, solo hay una persona que controla el acceso para los 4,500 turistas que a diario acceden para recorren la llaqta. Al respecto hay responsabilidad de la Dirección de Cultura, y no es ajena la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM).
“En la última reunión también se puso en conocimiento. Hemos estado presentes en el ingreso a la llaqta y solamente había una persona haciendo el control de ingreso a los turistas y unas colas excesivas, este es un maltrato a nuestros turistas”, expresó.
Estas colas se repiten en Machu Picchu Pueblo o Aguas Calientes, donde los turistas que llegan por Ollantaytambo e Hidroeléctrica esperan a la intemperie para tener un boleto para acceder a la maravilla, boleto que recién les servirá al día siguiente. Al respecto se informó que para este jueves 7 de mayo se agotaron los boletos.
Baca Palomino reconoció que este problema se presenta cada año con el inicio de la temporada alta del turismo, pero hay deficiencias de la entidad cultural que tienen que ser resueltas lo más antes posible, y que desde la Gercetur ya presentan propuestas técnicas.
Uno de los factores para no tener una adecuada venta y recepción de turistas en Machu Picchu Pueblo, es el constante cambio de ministros de Cultura y funcionarios en la Dirección de Cultura de Cusco.

Redacción La Última

• Bajo el pretexto de combatir denuncias falsas, el proyecto de Renovación Popular criminalizaría a víctimas de violencia en un país que registró 154 feminicidios solo en 2024.

La congresista Ruth Luque Ibarra alertó que el Congreso pretende aprobar hoy un proyecto normativo que calificó como «nefasto» y que busca criminalizar a las mujeres que se atreven a denunciar violencia familiar. La iniciativa legislativa, impulsada por la bancada de Renovación Popular, propone castigar con cárcel a las víctimas y perseguir a jueces y fiscales que las protegen.
El dictamen propone incorporar el artículo 402-A en el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para sancionar las «denuncias falsas» en procesos de violencia familiar. Según el texto, quien interponga una denuncia que luego sea archivada por inexistencia de los hechos o por manipulación de pruebas podría recibir una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, además de una multa de hasta 730 días.
La propuesta también establece que jueces, fiscales, policías, médicos, peritos y psicólogos que participen en la «simulación o adulteración de documentos» podrían recibir la misma pena e inhabilitación. Además, se modifica el artículo 15 de la Ley 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres) para establecer responsabilidad penal a quien interponga una denuncia «a sabiendas de que contiene hechos falsos».
La espiral violencia contra las mujeres
La aprobación de esta medida ocurre en un contexto grave para la violencia contra la mujer en el país. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la Policía, en 2025 se cometieron 133 feminicidios, y en lo que va de este años ya suman 33 casos. Mientras que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2024 se registraron 154 casos. Estamos entonces ante una tasa de un feminicidio por cada 100 mil mujeres. En la última década, entre 2015 y 2024, se contabilizaron 1,345 feminicidios.
La región Cusco, según Amnistía Internacional, es la segunda región con mayor incidencia de feminicidios, solo detrás de Lima. En 2024 hubo 15 feminicidios y en 2026, 7 casos. Además, la tasa de feminicidio en Cusco alcanzó 2,2 víctimas por cada 100 mil mujeres en ese año, muy por encima del promedio nacional de 0,9.
Criminalizar a las víctimas
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que esta iniciativa, bajo el pretexto de combatir las «denuncias falsas», en realidad busca desincentivar que las mujeres busquen justicia.
La parlamentaria Ruth Luque sostuvo que el objetivo real de esta propuesta es «dejar a las mujeres en total desprotección» y que se trata de «una medida deplorable que atenta contra los derechos fundamentales y perpetúa la impunidad en un país con altos índices de feminicidios».

• Comunidades del Bajo Urubamba exigen atención sanitaria e indemnización por deflagración de ducto, mientras la PCM reprograma la reunión para el 21 de mayo en Camisea.

El Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible del Bajo Urubamba (CGBU) confirmó que la segunda sesión de la Mesa Técnica para el desarrollo de los distritos de Megantoni y Sepahua ha sido reprogramada para el 21 de mayo a las diez de la mañana en la comunidad de Camisea. La cita, originalmente prevista para el 7 de mayo, fue reprogramada por decisión unilateral de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Este cambio de fecha ocurre pese a que no se ha resuelto la crisis social ni ambiental en la zona, luego de la deflagración del ducto de gas de Camisea, ocurrida el uno de marzo pasado, durante trabajos de mantenimiento de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP).
Ese accidente afectó a comunidades indígenas de los distritos de Megantoni y Sepahua. Según las organizaciones indígenas, la emanación de gas afectó la salud de la población local, sobre todo menores, en las comunidades de Camana, Timpía, Saringabeni, Sababantiari y Kitaparay. Los afectados reportaron mareos, náuseas, vómitos, dolor estomacal, ardor en la piel, irritación ocular y de garganta.
Gas sin desarrollo para las comunidades
A pesar de que el proyecto Camisea lleva más de dos décadas extrayendo gas que abastece a gran parte del país, los líderes indígenas denuncian que las comunidades de la zona no han visto que esa riqueza mejore su calidad de vida. El distrito de Megantoni (donde se produjo la deflagración) es el que concentra el mayor ingreso por canon gasífero del país: superó los 327 millones de soles en 2025 y alcanzó picos de más de 750 millones en 2023, aunque las comunidades no tienen acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad estable ni atención de salud oportuna.
El presidente del CGBU, Hitler Sebastián Pascal, señaló que las comunidades del Bajo Urubamba pagan hasta tres veces más que los limeños por un balón de gas, a pesar de vivir en la zona productora. «Lamentablemente, este recurso no se revierte en la calidad de servicios que deberíamos tener como ciudadanos peruanos».
Una agenda pendiente
La Mesa Técnica, creada en respuesta a las movilizaciones y exigencias de las organizaciones indígenas, debe servir para canalizar las demandas históricas de las comunidades productoras de gas.
El alcalde de Megantoni, Esaú Ríos, viajó al Congreso para denunciar el abandono estatal. «No es posible que el distrito que tiene gas de Camisea siga viviendo así, sin atención como corresponde», declaró en Lima e informó que entre 1,000 y 1,500 personas resultaron afectadas directamente por la deflagración. La demanda es que hay indemnización para las comunidades damnificadas.
Además, los líderes indígenas han solicitado al Ejecutivo y al Legislativo un fondo de emergencia ambiental y compensaciones por los daños causados.
La sesión del 21 de mayo en Camisea deberá definir esas prioridades y un cronograma de ejecución de obras que garanticen el desarrollo del Bajo Urubamba y su integración con la región Ucayali.