• El proyecto para mejorar las oficinas de Agricultura en 10 provincias tiene expedientes incompletos y no cuenta con dinero suficiente para ejecutarse. La Contraloría advierte que estas dificultades podrían afectar una inversión de más de S/51 millones.

La Contraloría advirtió problemas en el proyecto del Gobierno Regional del Cusco para mejorar los servicios de la Gerencia Regional de Agricultura y sus agencias en 10 provincias. La obra tiene un costo actualizado de S/51,1 millones, pero presenta expedientes incompletos y no cuenta con los recursos necesarios para su ejecución.
El proyecto fue aprobado en julio de 2022. Hasta agosto de 2026, el Gobierno Regional del Cusco había gastado S/3,7 millones, equivalentes al 7,3 % del costo total. Todo ese dinero se destinó a la elaboración de los documentos necesarios para ejecutar el proyecto.
La Contraloría encontró que varios de los documentos del proyecto todavía no tenían las firmas de todos los profesionales responsables. En una visita realizada el 31 de agosto, solo cuatro de los 15 expedientes tenían todas las firmas requeridas. En una segunda visita, el 9 de setiembre, la entidad informó que ya había completado diez.
Sin embargo, una nueva revisión realizada el 18 de setiembre confirmó que cinco expedientes seguían incompletos. Corresponden a las oficinas agrarias de Kosñipata, La Quebrada y Ocongate, y a las agencias agrarias de Pichari y La Convención.
A estos documentos les falta la firma del especialista en arquitectura que debe revisar y aprobar los proyectos. Para completar este trabajo será necesario contratar a un nuevo profesional, lo que generará un gasto adicional. La Contraloría advierte que esta situación puede afectar la validez de los documentos y retrasar el inicio del proyecto.
El segundo problema es el presupuesto. El Gobierno Regional del Cusco no destinó dinero suficiente para ejecutar el proyecto durante 2026. Para ese año solo tiene previsto S/111.270.
La situación tampoco se resolvería en los siguientes años. Para 2027 se han previsto S/ 43,4 millones y, para los años posteriores, solo S/1 millón. Estos montos no alcanzarían para cubrir el costo del proyecto. Solo cuatro agencias agrarias requieren S/50,2 millones.
Según la Contraloría, si el proyecto continúa postergándose, los costos calculados podrían quedar desactualizados y sería necesario volver a revisar cuánto costará ejecutarlo. Esta entidad ya había advertido problemas similares el año pasado.
En una revisión realizada en 2025 encontró que los documentos de algunas agencias agrarias tampoco tenían todas las firmas de los profesionales responsables. En otra revisión detectó que el proyecto incluía la compra de un sistema de almacenamiento informático por S/765.000 sin información suficiente sobre sus características, compatibilidad ni sustento del precio.
De acuerdo con la Contraloría, ambas situaciones todavía no han sido corregidas. El organismo de control recomendó al gerente regional de Agricultura, Henry Campana Tamayo, tomar medidas para solucionar estos problemas y comunicar las acciones adoptadas en un plazo de cinco días hábiles.

• Estas actividades ya no solo se realizan en Madre de Dios, Puno, La Libertad o Arequipa. Registros oficiales muestran nuevos focos en Cusco, Apurímac, Cajamarca, Piura, Huánuco y Amazonas.

Durante años, cuando se hablaba de minería ilegal e informal, el mapa apuntaba sobre todo hacia territorios en Madre de Dios, Puno, Arequipa y La Libertad. Eso está cambiando, porque se ha extendido a otras regiones. Nuevos territorios registran actividades de extracción, procesamiento, transporte y comercialización de oro. El nuevo mapa llega en el sur a Cusco y Apurímac; en el norte, a Cajamarca y Piura, y en la Amazonía a Loreto, Huánuco y Amazonas.
Para el analista Iván Arenas, el Perú enfrenta una expansión geográfica de la minería informal e ilegal y la consolidación de nuevos corredores. Explica que la diversidad de recursos minerales sea oro, cobre, zinc, plata, estaño y carbón permite que se extienda. “La minería ilegal no solo ha ampliado la frontera geográfica y no solo se ha consolidado en corredores ilegales, sino que nuevos minerales se han sumado a la informalidad e ilegalidad”, sostiene.
El mapa del sur y el norte
En el sur, las autoridades detectaron explotación ilegal en las provincias cusqueñas de Paucartambo, en el cauce del río Pumachaca, así como en Camanti (Quispicanchi) y en Colquemarca (Chumbivilcas). Mientras que en Apurímac se registra particularmente en Aymaraes, con actividades a tajo abierto sin autorización ni plan de manejo ambiental. Registros policiales muestran que en Aymaraes, entre enero de 2024 y mayo de 2026, se contabilizaron 21 casos vinculados a presunta minería ilegal.
El desplazamiento no ocurre solamente en el sur. En el norte, desde Pataz (La Libertad) los mineros se han movilizado a Cajamarca, que se ha convertido en otro foco de preocupación. Aparecen como zonas críticas Cajabamba, Hualgayoc y San Ignacio, donde en 2025 se realizaron más de 200 intervenciones contra la minería ilegal.
Piura forma otro frente. La Fiscalía ha intervenido actividades ilegales en Ayabaca, particularmente en el distrito de Suyo. En marzo pasado destruyó ocho molinos, seis motores diésel, tres motobombas y pozas utilizadas para procesar material aurífero. Un informe presentado ante el Congreso señala que la minería ilegal se concentra en Tambogrande, Las Lomas, Suyo, Sapillica, Paimas, Jililí y Lancones.
La fiebre por hacerse rico
Van Arenas señala que, en Cusco y Apurímac, señala dos factores: la geología y el atractivo económico que genera la minería, pues Cusco está dentro de la formación Ferrobamba y Apurímac forma parte del cinturón del cobre, y “un boom social por la minería, una fiebre por hacerse rico”, en un contexto de “un Estado desorganizado”.
Arenas advierte que estos corredores funcionan como cadenas productivas organizadas. Cada actor cumple una función. Por ejemplo, en Otuzco, la organización criminal conocida como “Gran FA” tenía entre sus integrantes a policías y jueces. “Las plantas de procesamiento financian los emprendimientos. Tienes a las empresas o estudios tributarios que ayudan a ‘lavar’ los activos. A eso súmale los fiscales, jueces y policías”, afirma Arenas.
Estas redes, continúa el analista, pueden poner en riesgo proyectos de minería formal como en Pataz, Fuerabamba y Tapairihua. Asimismo, reconoce que existen diferencias entre un corredor y otro. “No es lo mismo el desarrollo de una cadena productiva ilegal aurífera en Pataz que en Madre de Dios”. Sí identifica un elemento común: “Siempre hay un productor y hay un comprador; los modelos al final tienen diferencias entre actores o financiadores. En tanto, la corrupción es un hilo homogéneo”

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Cusco, Freddy Quiñones, informó que la institución se encuentra lista para aplicar el Decreto Supremo 018 emitido por el Ministerio de Educación, el cual restringe el uso de teléfonos celulares y tabletas en las aulas, permitiéndolos únicamente con fines pedagógicos, planificados y aprobados previamente en las programaciones de los maestros. El funcionario precisó que se emitirá una directiva específica para normar esta disposición tanto en colegios públicos como privados, lo que incluirá protocolos ordenados para el almacenamiento y cuidado de los dispositivos durante las horas de clase.Asimismo, Quiñones señaló que si bien este año no se registran mayores dificultades en el cumplimiento de las horas efectivas de clases (cuyo reporte mensual los directores deben entregar en un plazo de cinco días tras concluir el mes), la verdadera preocupación se centra en analizar el nivel real de aprendizaje de los estudiantes. En esa línea, destacó que la semana actual es clave para que los profesores evalúen los resultados de la segunda evaluación del segundo trimestre y determinen las estrategias a seguir en los dos meses restantes del año escolar. Finalmente, respecto a la recuperación de la autoridad docente y las posibles medidas disciplinarias como la expulsión de alumnos, indicó que están a la espera de la oficialización de las normas anunciadas por el Ejecutivo para socializarlas e implementarlas de manera adecuada.