El representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Óscar Luque, confirmó que se registraron retrasos de entre tres y cuatro meses en la entrega de medicamentos e insumos oncológicos para los pacientes de la región. El funcionario explicó que, tras una inspección realizada la semana pasada por un comisionado de la institución en un hospital local, se constató que las órdenes de servicio para la adquisición de fármacos se vienen ejecutando, por lo que las entregas debieron empezar a normalizarse de manera progresiva desde el pasado miércoles.
Luque reconoció que esta situación genera una grave afectación al interrumpir los tratamientos rigurosos que requieren los enfermos de cáncer, aunque atribuyó parte de las demoras a dificultades administrativas y a un déficit presupuestario en el sector salud que ya se arrastra desde el año pasado. Asimismo, indicó que los servicios críticos como radioterapia y braquiterapia están siendo derivados temporalmente mediante convenios a nosocomios ubicados en Arequipa y Lima, mientras que las prácticas de quimioterapia también se atienden en la capital.
Ante los cuestionamientos sobre el rol de la entidad y la diferencia entre las versiones de la gerencia de salud y la realidad de los nosocomios, el representante rechazó ser considerado un vocero del sector. Defendió la labor realizada tras una movilización conjunta con pacientes oncológicos, la misma que derivó en la suscripción de un acta de compromiso con los responsables de la administración para asegurar el cumplimiento de las órdenes de compra y el seguimiento respectivo.
Finalmente, el funcionario instó a los usuarios afectados que aún no reciban sus medicamentos o tratamientos oportunos a formalizar sus quejas directamente en las oficinas de la Defensoría del Pueblo. De este modo, la institución podrá intervenir de manera directa en su favor, fiscalizando que los compromisos asumidos por las autoridades sanitarias se cumplan tanto a nivel local como en las derivaciones hacia otras regiones del país.

Un video grabado por la propia víctima y otras pruebas respaldan la medida cautelar contra el agente de 27 años, quien podría recibir una condena de hasta 26 años de cárcel.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Sicuani ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el efectivo policial L.J.Q.V. (27), acusado de violación sexual en agravio de la menor L.U.B.R.C.C.Q.U. (14).
La jueza Nataly Consuelo Cáceres Velarde dispuso la medida a solicitud de la fiscal Yidka Zorrilla Chacón, dispuso el internamiento del imputado en el penal de varones del INPE desde el 11 de octubre de 2026 hasta el 10 de julio de 2027.
La magistrada rechazó el pedido de la defensa para afrontar el proceso en libertad debido al riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecer la investigación y la gravedad de la posible condena, la cual oscila entre los 20 y 26 años de cárcel.
Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron la mañana del domingo 11 de octubre de 2026, cuando el agente, quien se encontraba de vacaciones, engañó a la menor cerca de su centro de trabajo pidiéndole que le mostrara la ruta hacia un colegio. Tras lograr que abordara su motocicleta (placa 1248-RX), la trasladó contra su voluntad a una vivienda privada y la encerró en una habitación para abusar de ella.
La captura del efectivo policial se logró de inmediato gracias a que la víctima, al ser liberada, grabó con su teléfono celular al agresor, lo que permitió a su familia y a la Policía ubicarlo y detenerlo.
Entre las pruebas más determinantes destacan la declaración de la víctima en Cámara Gesell, los exámenes médicos que confirmaron sus lesiones físicas, las pericias psicológicas, los rastros biológicos hallados en la escena del crimen y el video grabado con el celular.
Con este fallo, la autoridad judicial dispone el internamiento del investigado para asegurar el desarrollo del proceso sin riesgos de fuga ni entorpecimiento, mientras la fiscalía avanza con las investigaciones correspondientes.

Con efectos potenciales en la producción de alimentos.

La falta de lluvias a causa del fenómeno El Niño favorece los incendios forestales y amenaza la agricultura y la ganadería. El impacto también puede llegar a las ciudades con una menor oferta de alimentos y posibles alzas de precios.
Edwin Mansilla Ucañani, especialista en gestión del riesgo de desastres y coordinador del Comité Técnico Regional de Incendios Forestales, advirtió en el podcast Las Barbas en Remojo que la sequía podría extenderse hasta febrero. Aunque existe la posibilidad de lluvias en noviembre, pidió prepararse para condiciones más difíciles. “Vamos a seguir enfrentando condiciones incluso hasta más complicadas”, señaló.
Cusco registra 372 incendios forestales y unas 13.000 hectáreas afectadas en lo que va del año, según el balance del especialista. Ocho personas fallecieron, el doble que en cada uno de los años 2024 y 2025. El año más letal de la serie regional que menciona Mansilla fue 2020, con 11 víctimas mortales.
Sin embargo, este no es el año con mayor superficie quemada. En 2022, los incendios afectaron unas 62.000 hectáreas y en 2024 se registraron 546 incendios, con alrededor de 24.000 hectáreas dañadas.
Mansilla atribuye la mayoría de los incendios al uso irresponsable del fuego y advierte sobre los riesgos que representan la basura mal dispuesta, las botellas de vidrio y las colillas de cigarrillos. El campo, explica, está cada vez más seco y puede inflamarse con mayor facilidad.
Cenepred identifica 95 distritos en riesgo
Los escenarios del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) identifican 82 distritos de Cusco en riesgo alto y 13 en riesgo muy alto por sequías asociadas al fenómeno El Niño.
En los 13 distritos de riesgo muy alto viven 88.497 personas y existen 27.101 viviendas. El escenario comprende 42.621 hectáreas agrícolas y 539.402 hectáreas de pastos.
En los 82 distritos de riesgo alto viven 902.520 personas y hay 240.416 viviendas. En estas zonas se identifican 221.126 hectáreas agrícolas y 1.058.902 hectáreas de pastos. Estas cifras describen escenarios de riesgo, no pérdidas consumadas. Sin embargo, muestran la magnitud de la población y de las actividades productivas expuestas a la falta de lluvias.
La sequía golpea los cultivos y reduce los pastos que alimentan al ganado. Las zonas altoandinas son especialmente vulnerables porque su vegetación se seca con rapidez. Los productores que dependen de las lluvias afrontan mayores riesgos, mientras que quienes cuentan con riego dependen de la disponibilidad de agua.
“La disponibilidad de alimentos en nuestra región va a ser crítica”, advirtió Mansilla. La pérdida de cultivos y animales reducirá los ingresos de las familias rurales y podría disminuir la cantidad de productos que llega a los mercados.
El impacto puede extenderse hasta el próximo año. Si la producción regional cae, las ciudades podrían recibir menos alimentos y enfrentar presiones sobre los precios. La magnitud dependerá de las pérdidas efectivas y de la capacidad de abastecimiento de otras regiones.