• La propuesta limita a cinco años la fiscalización de las plantas de beneficio con capacidad superior a 25 toneladas métricas diarias. Posterga para el reglamento los mecanismos para rastrear el oro desde su extracción hasta su comercialización.

Más de la mitad del oro exportado por el Perú hasta agosto de 2026 habría tenido origen ilegal y alcanzaría un valor de 12.063 millones de dólares. Según la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), esta cifra ya supera el monto registrado durante todo 2025.
¿Cómo llega ese oro al mercado internacional? De acuerdo con Redes, el negocio no termina en el lugar donde se extrae el mineral. “Antes de salir del país, el oro pasa por plantas de procesamiento, intermediarios y comercializadores. En ese recorrido, los controles insuficientes, la débil fiscalización y los vacíos del Reinfo permiten que el oro ilegal se mezcle con producción legal y pierda su rastro”, precisa.
La nueva Ley MAPE presentada al Congreso por el Ejecutivo no tiene propuesta claras sobre los mecanismos de control. La propuesta asigna temporalmente al OEFA, Osinergmin y Sunafil la fiscalización de las plantas de beneficio, pero solo durante cinco años y para aquellas con capacidad superior a 25 toneladas métricas diarias.
El analista Iván Arenas advierte que la norma no garantiza un control efectivo de estas operaciones. Las plantas con capacidad inferior a 25 toneladas continuarán bajo la supervisión de los gobiernos regionales, que, según señala, no ejercen una fiscalización efectiva. “El detalle es que nada garantiza que, bajando la fiscalización de la producción, se siga camuflando minerales”, dijo.
Además, la efectividad de este cambio dependerá de la transferencia de las funciones de fiscalización. La norma no precisa cuándo comenzará ni cuándo concluirá ese proceso. “Mientras no se transfieran las competencias, quedarán en manos del Minem. Se supone que el Formape, la nueva institución, asumirá la dirección de la formalización. Si se retrasan las competencias, entonces seguirán en manos del Minem”, precisó Arenas.
A esta dificultad se suma la falta de plazos y responsabilidades definidos para implementar sistemas de trazabilidad e interoperabilidad que permitan seguir el recorrido del mineral desde su extracción hasta su procesamiento y comercialización. Estos mecanismos recién se definirán en el reglamento, que deberá aprobarse 120 días después de publicada la ley.
Arenas advierte que la propuesta plantea un control del origen del mineral, pero ese control actualmente se queda en el papel y resulta insuficiente. “La trazabilidad implica no solo la demostración de los papeles, sino la rigurosidad de las autoridades y funcionarios”, señaló.
La apertura de cuentas en el Banco de la Nación para los mineros comprendidos en el régimen también requiere mayores precisiones. La propuesta no deja claro qué controles permitirán verificar el origen legal del oro y evitar que ingresen al sistema financiero recursos procedentes de la minería ilegal.
Según Arenas, sin una trazabilidad efectiva será posible camuflar minerales de origen ilegal en el mercado formal. Recordó que actualmente se comercializa oro ilegal utilizando el Reinfo, que, de aprobarse la nueva ley, pasaría a llamarse Régimen de Consolidación. “Se supone que el sistema de trazabilidad dará las garantías, pero hoy ya hay un sistema de trazabilidad que no funciona”, afirmó.

La Comisión de Defensa Nacional y Control Interno de la Cámara de Diputados del Perú, aprobó por mayoría citar al Ministro del Interior, General de Ejército (r) César Augusto Astudillo Salcedo y al jefe de la Policía Nacional del Perú, General PNP, Fredy López Mendoza, con el fin de que brinden un informe pormenorizado en torno al deceso de un detenido, en la comisaría de Rosaspata, en Sicuani, provincia de Canchis, en Cusco,
Cabe señalar que este lamentable hecho se produjo, el 14 de octubre, luego de que Ronald Coaquira Sulla de 29 años de edad, fuera detenido, por agentes del orden, por manejar un vehículo en “estado de ebriedad”, sin embargo, horas después, se comunicó a la familia, que éste había decidido quitarse la vida, en el calabozo.
“El día 14 de este mes ha sido detenido en la madrugada, el ciudadano Ronald Coaquira, posiblemente, en estado de ebriedad, sin embargo, horas después ha sido confirmado su deceso”, refirió Edwin Espinoza en la Comisión de Defensa y Control Interno de la Cámara de Diputados.
“Este hecho ha generado en su familia un dolor profundo, sin embargo, lo que más preocupa es que, al parecer, la respuesta que ha dado la Policía Nacional del Perú, en la comisaría de Rosaspata, en Sicuani, no ha dado claridad sobre lo sucedido y hay muchos silencios que deben ser respondidos por la autoridad competente”, agregó, Espinoza Huillca.
“En ese sentido, solicito, refirió, en alusión a la presidencia y a los miembros de esta comisión para que se pueda invitar al ministro del Interior y también al jefe de la PNP con el fin de que pueda detallar la cronología y la base fáctica de la intervención policial, las causas del posterior deceso para que las familias y los deudos puedan entender que es lo que realmente ha pasado en la comisaría y que es lo que ha llevado al fallecimiento del ciudadano Ronald Coaquira”, puntualizó.
Tras el pedido, la votación fue aprobada, sin embargo, hasta el momento aun no se ha dado la fecha, en la que comparecerán el ministro del Interior y el jefe de la Policía Nacional, en la Cámara de Diputados, en Lima.

• Urubamba emitió dos órdenes de servicio a favor de Gonzalo Vicenth Huarcaya Portilla, yerno del juez superior Luis Alfonso Sarmiento Núñez. Un informe de control advierte que el proveedor estaba impedido de contratar con el Estado.

La Municipalidad Provincial de Urubamba contrató por S/30.500 a Gonzalo Vicenth Huarcaya Portilla, yerno de un juez superior de la Corte Superior de Justicia de Cusco, pese a que la ley le prohibía contratar con entidades públicas dentro del ámbito territorial de competencia del magistrado.
El Órgano de Control Institucional (OCI) de la municipalidad identificó indicios de irregularidad en dos contratos suscritos durante 2023, cuando Luis Alfonso Sarmiento Núñez ejercía como juez superior titular. Los hallazgos figuran en el informe de Acción de Oficio Posterior 061-2026-2-0392-AOP.
La municipalidad emitió una primera orden de servicio el 19 de abril de 2023 por S/29.000 para formular expedientes técnicos. Luego, el 23 de noviembre del mismo año, contrató al proveedor por S/1.500 para capacitar a agentes de tránsito. Ambos servicios suman S/30.500.
Declaró que no tenía impedimentos
El informe de control advierte que Huarcaya Portilla estaba impedido de contratar con el Estado por su vínculo familiar con el magistrado. Sin embargo, suscribió declaraciones juradas para ambas órdenes de servicio en las que afirmó que no tenía impedimentos legales para contratar con entidades públicas.
El OCI sustenta esta conclusión en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Esta norma prohíbe contratar con el Estado a los parientes hasta el segundo grado de afinidad de los jueces superiores, cuando la contratación se realiza dentro del ámbito de competencia territorial correspondiente.
La entidad de control también tomó en cuenta el acuerdo de sala plena 006-2021/TCE y la información remitida por la Corte Superior de Justicia de Cusco mediante el oficio 001348-2026-GAD-CSJCU-PJ. Según esos documentos, Urubamba se encontraba dentro del ámbito territorial de competencia del magistrado, por lo que el impedimento alcanzaba al proveedor.
La presentación de las declaraciones juradas agrava los cuestionamientos, pues el proveedor aseguró que podía contratar con el Estado pese a la restricción identificada por el OCI. El informe advierte que esta situación afecta la transparencia y la legalidad de las contrataciones públicas.
Ante los indicios detectados, el órgano de control recomendó al alcalde provincial de Urubamba adoptar medidas para determinar las responsabilidades correspondientes. También solicitó que la municipalidad remita un plan de acción en un plazo de 20 días hábiles. Según el informe, hay presuntas irregularidades en la contratación y recomienda acciones correctivas.