El dirigente de los transportistas, Estanislao Alegre, advirtió que el continuo incremento en el precio de los combustibles está asfixiando la rentabilidad del sector. Ante esta coyuntura, exigió un «sinceramiento» en la tarifa de los pasajes urbanos para evitar un colapso operativo o un paro total del servicio en la ciudad.
El representante gremial señaló que la situación económica actual resulta insostenible para las empresas y los conductores, debido a que el costo del combustible ya oscila en los S/ 27.80 y podría llegar a costar los S/ 30 por galón. Alegre afirmó que, de llegar a esa cifra, las unidades se verán imposibilitadas de salir a operar, lo que terminaría perjudicando a los usuarios al obligarlos a usar medios de transporte informales y más costosos.
Respecto al cambio de gestión en las autoridades reguladoras del transporte, Alegre instó a la administración saliente a transferir de forma transparente todo el trabajo técnico acumulado. Asimismo, exhortó a las nuevas autoridades a no improvisar con el diseño de nuevas rutas ni con los buses alimentadores, exigiendo que cualquier medida se implemente sobre la base de evaluaciones técnicas realistas y consensuadas con el gremio.
Por último, el dirigente rechazó los cuestionamientos sobre la modernización del parque automotor, destacando que las empresas locales contarían con flotas modernas y en constante renovación por iniciativa propia. No obstante, remarcó que el aumento del pasaje responde a la inflación generalizada de insumos y no a un capricho del sector, aunque reiteró el compromiso de reducir la tarifa a un sol en caso de que el combustible vuelva a descender a los S/ 14 por galón.

• Urubamba emitió dos órdenes de servicio a favor de Gonzalo Vicenth Huarcaya Portilla, yerno del juez superior Luis Alfonso Sarmiento Núñez. Un informe de control advierte que el proveedor estaba impedido de contratar con el Estado.

La Municipalidad Provincial de Urubamba contrató por S/30.500 a Gonzalo Vicenth Huarcaya Portilla, yerno de un juez superior de la Corte Superior de Justicia de Cusco, pese a que la ley le prohibía contratar con entidades públicas dentro del ámbito territorial de competencia del magistrado.
El Órgano de Control Institucional (OCI) de la municipalidad identificó indicios de irregularidad en dos contratos suscritos durante 2023, cuando Luis Alfonso Sarmiento Núñez ejercía como juez superior titular. Los hallazgos figuran en el informe de Acción de Oficio Posterior 061-2026-2-0392-AOP.
La municipalidad emitió una primera orden de servicio el 19 de abril de 2023 por S/29.000 para formular expedientes técnicos. Luego, el 23 de noviembre del mismo año, contrató al proveedor por S/1.500 para capacitar a agentes de tránsito. Ambos servicios suman S/30.500.
Declaró que no tenía impedimentos
El informe de control advierte que Huarcaya Portilla estaba impedido de contratar con el Estado por su vínculo familiar con el magistrado. Sin embargo, suscribió declaraciones juradas para ambas órdenes de servicio en las que afirmó que no tenía impedimentos legales para contratar con entidades públicas.
El OCI sustenta esta conclusión en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Esta norma prohíbe contratar con el Estado a los parientes hasta el segundo grado de afinidad de los jueces superiores, cuando la contratación se realiza dentro del ámbito de competencia territorial correspondiente.
La entidad de control también tomó en cuenta el acuerdo de sala plena 006-2021/TCE y la información remitida por la Corte Superior de Justicia de Cusco mediante el oficio 001348-2026-GAD-CSJCU-PJ. Según esos documentos, Urubamba se encontraba dentro del ámbito territorial de competencia del magistrado, por lo que el impedimento alcanzaba al proveedor.
La presentación de las declaraciones juradas agrava los cuestionamientos, pues el proveedor aseguró que podía contratar con el Estado pese a la restricción identificada por el OCI. El informe advierte que esta situación afecta la transparencia y la legalidad de las contrataciones públicas.
Ante los indicios detectados, el órgano de control recomendó al alcalde provincial de Urubamba adoptar medidas para determinar las responsabilidades correspondientes. También solicitó que la municipalidad remita un plan de acción en un plazo de 20 días hábiles. Según el informe, hay presuntas irregularidades en la contratación y recomienda acciones correctivas.

Las autoridades de la Institución Educativa Arturo Palomino, en vez de explicar a la Asociación de Padres de Familia, porque no se contrató una docente titular para enseñar a los niños del 2do Grado Sección “A”, con anticipación, ya que se conocía que la maestra, se iba retirar del plantel, ha optado por publicar un comunicado, donde les “pide” a los padres de familia que justifiquen por que sus hijos no asistieron al colegio, el lunes 19 de octubre.
De no tener una “justificación válida”, se precisa textualmente en el comunicado Nro.037-2026, que, la “ Dirección se verá en la obligación de tomar las acciones que competen de acuerdo a ley, comunicando el hecho a las instancias correspondientes por presunta desprotección”.
El comunicado no es firmado por ninguna persona, sólo consigna, un sello y un membrete donde dice “La Dirección”.
Frente a este hecho, las madres de familia expresaron su rechazo al comunicado emitido por el colegio, por cuanto, según indican es “por proteger a sus hijos”, que no los enviaron a la institución, ya que desde hace más de dos semanas, no tienen una maestra titular, y los niños sólo son atendidos de manera discontinua, por la auxiliar, la subdirectora, la psicóloga, quienes les dejan unas fichas para llenar o para pintar, después de una hora regresan, y así se pasan las horas todos los días, sin que nadir garantice la adecuada enseñanza de los alumnos.
“No sabemos porque razón la profesora se ha retirado del colegio. Pero las autoridades sabían que esto iba ocurrir, por lo que nos preguntamos, porque no tomaron las previsiones del caso. Hace más de dos semanas que no hay una maestra titular, prácticamente nuestros hijos están abandonados, porque viene una auxiliar, una psicóloga, un maestro y otra, y eso no es una enseñanza de calidad, parece que no les interesa el aprendizaje de nuestros hijos”, dijeron.
“Hemos ido a la Ugel Cusco, a preguntar al director Quiñonez, cuándo nos darán un maestro titular, nos dicen que ese trámite dura de 20 a 30 días, y mientras tanto, nuestros hijos como van a estar. ¿Quién les pondrá sus calificaciones?, ¿qué notas nos entregarán? estamos a dos meses de que culmine el año escolar, y nos ponen en esta situación, no es justo”, continuaron.
“Lo peor es que ahora, después que las madres de familia, por este abandono hemos decidido no enviar al colegio después de las vacaciones a nuestros hijos, con el fin de velar su seguridad e integridad, porque prácticamente no hay quien los atienda adecuadamente, nos quieren denunciar, lo cual es injusto”, finalizaron.