Un total de 4,000 policías y 500 miembros del Ejército Peruano resguardarán la seguridad en Cusco durante la visita del Papa León XIV, según informó el jefe de la Región Policial, general PNP Virgilio Velásquez. El plan de operaciones incluye también el apoyo de voluntarios que formarán barreras humanas para orientar a los asistentes.

El resguardo policial se centrará en los puntos de mayor concurrencia, como el aeropuerto Velasco Astete, la Plaza de Armas y el parque arqueológico de Sacsayhuamán, así como en todas las vías por donde se desplazará el Pontífice. Además, agentes de inteligencia vestidos de civil estarán presentes entre el público para prevenir robos u otros delitos.

Para ingresar a los eventos principales, las personas deberán presentar un pase con código QR tramitado ante el Arzobispado. Este sistema permitirá identificar a los asistentes y mantener el orden en los accesos.

Por último, la Policía solicitó a los vecinos y dueños de locales nocturnos evitar la venta de bebidas alcohólicas durante las fechas de la visita, con el fin de mantener un ambiente tranquilo durante las actividades religiosas.

• Aunque la región recibió cerca de S/ 21 mil millones por canon gasífero entre 2016 y 2025, miles de familias siguen sin acceso a servicios básicos. Mientras tanto, las autoridades debaten cómo llevar gas natural a los hogares del sur del país.

Cusco es una pieza clave de la producción de gas natural del Perú. En su territorio se encuentra el lote 88 de Camisea, que abastece al mercado nacional. Sin embargo, esa riqueza energética todavía no llega a buena parte de los hogares de la región. Según los datos del Censo Nacional 2025 citados por el Instituto Peruano de Economía (IPE), el 22 % de las viviendas cusqueñas cocina exclusivamente con combustibles sólidos, como leña y bosta.
La brecha es más profunda en las zonas rurales. En Ccorca, el 69,7 % de los hogares cocina con leña. En Accha, la cifra llega al 67,2 %, y en Rondocán, al 63,2 %. En cambio, en la provincia de Cusco solo el 3 % de los hogares usa este combustible. En la capital regional, el 75 % de la población ya tiene acceso al gas licuado de petróleo (GLP).
Víctor Fuentes Campos, gerente central de Economía del Instituto Peruano de Economía (IPE), expuso estas diferencias y puso en evidencia la desigualdad en el acceso a la energía entre las zonas urbanas y rurales.
Tres propuestas para llevar gas al sur
Para reducir esta brecha, al menos tres propuestas buscan ampliar el acceso al gas natural en el sur del país. Una de ellas es el Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), conocido también como Gasoducto Sur Peruano. El proyecto contempla un ducto que atravesaría la sierra y requiere una inversión estimada de USD 7.000 millones, según los datos proporcionados para este artículo.
Otra alternativa es el Gasoducto Regional Cusco, que necesita una inversión de USD 780 millones para llevar gas a Cusco, Anta y Quillabamba. La tercera propuesta plantea distribuir gas mediante camiones y construir redes en 15 ciudades, a través de la adenda vinculada a Cálidda.
En Cusco, autoridades y sectores de la población respaldan el SIT Gas. Consideran que el proyecto podría abastecer de energía a las regiones del sur e impulsar la industria y la actividad económica. También esperan que conecte la selva cusqueña con los puertos del litoral. Sin embargo, el proyecto todavía se encuentra en la etapa de estudios y necesita decisiones políticas para avanzar hacia su adjudicación definitiva.
Millones de soles en canon
Entre 2016 y 2025, Cusco recibió cerca de S/ 21.000 millones por canon gasífero. De ese monto, el 75 % (más de S/ 15.750 millones) se transfirió a los gobiernos locales.
La provincia de La Convención, donde se encuentra el yacimiento de Camisea, concentró una parte importante de esos recursos. Según las cifras proporcionadas, sus municipalidades recibieron más de S/ 9.000 millones, incluidos más de S/ 7.500 millones registrados en la categoría “otros”. Pese a estos ingresos, varios distritos mantienen grandes brechas en servicios básicos y desarrollo humano.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) muestra diferencias marcadas dentro de la región. Mientras Wanchaq registra un índice de 0,75, Omacha alcanza 0,39 y Paccaritambo, 0,41. El acceso a los servicios básicos también refleja esta desigualdad. En Megantoni, distrito de La Convención, solo el 6,1 % de las viviendas cuenta con agua, desagüe y electricidad. En Langui, la proporción llega apenas al 7,2 %.
Las carencias también afectan a las escuelas rurales. En Quellouno, solo el 9,6 % de los locales educativos cuenta con los servicios básicos señalados; en Kumpirushiato, la cifra alcanza el 10,3 %.
Cusco lleva dos décadas esperando que la riqueza del gas impulse el desarrollo de sus zonas más alejadas. Sin embargo, los ingresos del canon no han cerrado las brechas que enfrentan muchas comunidades.
Ahora, la región espera que el SIT Gas permita ampliar el acceso al recurso y dinamizar la economía del sur. Pero construir un ducto no resolverá por sí solo las desigualdades. También será necesario asegurar que los recursos públicos se traduzcan en servicios básicos y mejores condiciones de vida.
Mientras las autoridades discuten qué proyecto priorizar, miles de familias cusqueñas siguen cocinando con leña y bosta. La pregunta es cuánto más tendrán que esperar para que la riqueza energética de su propia región llegue hasta sus hogares.

Por hurtar un celular a una niña de seis años, en la ciudad de Quillabamba, un hombre fue sentenciados a seis años de pena efectiva de la libertad por la Unidad Piloto de Flagrancia Delictiva de La Convención, en el Cusco.
Cabe señalar que este caso se produjo, el 19 de octubre del 2026. Tras la intervención, del sujeto y declararse la legalidad de su detención, las partes en proceso, arribaron a un acuerdo mutuo, de terminación anticipada, lo que permitió dictar sentencia en un plazo de 72 horas.
Cabe señalar que el sentenciado, además de cumplir seis años de pena privativa de la libertad, por el delito de hurto agravado, deberá pagar una reparación civil de S/ 770.00 soles, a la agraviada, según dispuso el poder judicial.