Las largas colas en el acceso a la Ciudadela Inca de Machu Picchu y para la compra de un boleto, de los 1000 que ofrece la Dirección de Cultura de Cusco, es un maltrato al turista que viene a conocer la maravilla.
El gerente de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) Cusco, Rosendo Baca Palomino, lamentó haber constatado que los visitantes tienen que esperar para conocer el destino más importante que tiene el país, justo en la misma puerta.
Según dijo, solo hay una persona que controla el acceso para los 4,500 turistas que a diario acceden para recorren la llaqta. Al respecto hay responsabilidad de la Dirección de Cultura, y no es ajena la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM).
“En la última reunión también se puso en conocimiento. Hemos estado presentes en el ingreso a la llaqta y solamente había una persona haciendo el control de ingreso a los turistas y unas colas excesivas, este es un maltrato a nuestros turistas”, expresó.
Estas colas se repiten en Machu Picchu Pueblo o Aguas Calientes, donde los turistas que llegan por Ollantaytambo e Hidroeléctrica esperan a la intemperie para tener un boleto para acceder a la maravilla, boleto que recién les servirá al día siguiente. Al respecto se informó que para este jueves 7 de mayo se agotaron los boletos.
Baca Palomino reconoció que este problema se presenta cada año con el inicio de la temporada alta del turismo, pero hay deficiencias de la entidad cultural que tienen que ser resueltas lo más antes posible, y que desde la Gercetur ya presentan propuestas técnicas.
Uno de los factores para no tener una adecuada venta y recepción de turistas en Machu Picchu Pueblo, es el constante cambio de ministros de Cultura y funcionarios en la Dirección de Cultura de Cusco.

Redacción La Última

• En territorios lejanos votar implica atravesar distancias largas y geografías difíciles. Por eso las mesas instaladas en centros poblados garantizan el derecho al sufragio de los peruanos más pobres. La ONPE sostiene que su legalidad no está en cuestión.

El jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas Serrano, acudió a la Comisión de Constitución del Congreso para responder por las Elecciones Generales 2026. En su intervención puso énfasis la validez de las mesas de sufragio instaladas en centros poblados y localidades rurales, especialmente en territorios extensos y de difícil acceso como La Convención, en Cusco.
Pachas explicó que estas mesas, identificadas con códigos de seis dígitos que comienzan en 900001, forman parte de una estrategia implementada desde 2006 para garantizar el derecho al voto en zonas donde trasladarse hasta una capital distrital puede implicar horas o incluso días de viaje. No se trata solo de centros poblados, sino de comunidades campesinas, comunidades nativas, caseríos y anexos dispersos en la geografía andino-amazónica.
En provincias como La Convención, donde la distancia y la precariedad de las vías limitan el acceso, estas mesas no son una excepción sino una necesidad. Según el funcionario, existen actualmente en 1913 centros poblados a nivel nacional y todos los electores asignados a ellas están debidamente registrados en el padrón electoral de su distrito. La instalación de estas mesas, remarcó, no altera la legalidad del proceso, sino que lo hace viable en contextos donde el Estado suele llegar con dificultad.
Reconoció problemas logísticos en Lima Metropolitana durante la jornada electoral, aunque aclaró que estos no guardan relación con el funcionamiento de las mesas en zonas rurales. En esos casos, la ONPE extendió el horario de votación y adoptó medidas internas, como la separación de funcionarios y el inicio de procesos disciplinarios.

Redacción La Última

• Bajo el pretexto de combatir denuncias falsas, el proyecto de Renovación Popular criminalizaría a víctimas de violencia en un país que registró 154 feminicidios solo en 2024.

La congresista Ruth Luque Ibarra alertó que el Congreso pretende aprobar hoy un proyecto normativo que calificó como «nefasto» y que busca criminalizar a las mujeres que se atreven a denunciar violencia familiar. La iniciativa legislativa, impulsada por la bancada de Renovación Popular, propone castigar con cárcel a las víctimas y perseguir a jueces y fiscales que las protegen.
El dictamen propone incorporar el artículo 402-A en el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para sancionar las «denuncias falsas» en procesos de violencia familiar. Según el texto, quien interponga una denuncia que luego sea archivada por inexistencia de los hechos o por manipulación de pruebas podría recibir una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, además de una multa de hasta 730 días.
La propuesta también establece que jueces, fiscales, policías, médicos, peritos y psicólogos que participen en la «simulación o adulteración de documentos» podrían recibir la misma pena e inhabilitación. Además, se modifica el artículo 15 de la Ley 30364 (Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres) para establecer responsabilidad penal a quien interponga una denuncia «a sabiendas de que contiene hechos falsos».
La espiral violencia contra las mujeres
La aprobación de esta medida ocurre en un contexto grave para la violencia contra la mujer en el país. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la Policía, en 2025 se cometieron 133 feminicidios, y en lo que va de este años ya suman 33 casos. Mientras que, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2024 se registraron 154 casos. Estamos entonces ante una tasa de un feminicidio por cada 100 mil mujeres. En la última década, entre 2015 y 2024, se contabilizaron 1,345 feminicidios.
La región Cusco, según Amnistía Internacional, es la segunda región con mayor incidencia de feminicidios, solo detrás de Lima. En 2024 hubo 15 feminicidios y en 2026, 7 casos. Además, la tasa de feminicidio en Cusco alcanzó 2,2 víctimas por cada 100 mil mujeres en ese año, muy por encima del promedio nacional de 0,9.
Criminalizar a las víctimas
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que esta iniciativa, bajo el pretexto de combatir las «denuncias falsas», en realidad busca desincentivar que las mujeres busquen justicia.
La parlamentaria Ruth Luque sostuvo que el objetivo real de esta propuesta es «dejar a las mujeres en total desprotección» y que se trata de «una medida deplorable que atenta contra los derechos fundamentales y perpetúa la impunidad en un país con altos índices de feminicidios».