El diputado por Cusco César Holguín calificó el reciente atentado y crimen de la comunicadora Susy Aponte Polo como un hecho “inaceptable” y un “mensaje” para infundir miedo en los hombres y mujeres de prensa que fiscalizan el poder.
“No es que se pueda tomar. Es un mensaje. Tú dices que vas a hacer un destape, vas a denunciar, pues esto es lo que te espera. Eso es lo que están queriendo decir al país. Eso es inaceptable”, aseveró con contundencia.
El congresista remarcó la gravedad del caso recordando que la víctima manejaba información que hizo pública en sus redes sociales, señalando nombres e incluso solicitando garantías previas para salvaguardar su vida. Pese a ello, la falta de protección efectiva y la presunta implicación de efectivos policiales en redes han generado una profunda desconfianza ciudadana frente a las autoridades encargadas de impartir justicia y proteger la labor periodística.
Ante esta alarmante situación que acerca al país a la peligrosa normalización del crimen, Holguín informó que desde el Legislativo se están tomando acciones inmediatas. En respuesta a la inacción frente a esta ola de atentados contra comunicadores, las bancadas vienen impulsando una moción de censura contra el ministro para exigir explicaciones claras al Ejecutivo.
Finalmente, advirtió que al retomar la legislatura ordinaria se evaluarán medidas drásticas desde el Parlamento para evitar que el periodismo de investigación sea silenciado por la impunidad.

Redacción La Última

Los sujetos, Alain Vidal Ferro Grajeda, Ernesto Erasmo Ccasa Quispe y Juan Diego Falero Llacma, pasarán doce meses internados en el penal de varones Qenccoro, por disposición del sétimo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Cusco.Ellos son parte de la organización criminal investigada por el robo de más de 727 mil soles y equipos tecnológicos del centro comercial Plaza Vea de Cusco, ocurrido en diciembre del 2024, en agravio de la empresa Compañía Food Retail S.A.C., Plaza Vea y de Luisberto Ramírez Álvarez. La noche del 8 y la madrugada del 9 de aquel diciembre, los investigados habrían ingresado al establecimiento a bordo de un vehículo con placa clonada y permanecido ocultos hasta después del cierre.Posteriormente, redujeron y maniataron al vigilante para acceder a la bóveda de tesorería y violentar 19 cajas de transferencia. De acuerdo con la Fiscalía, fueron sustraídos S/ 626 589,80 y US$ 300 en efectivo, además de equipos tecnológicos valorizados en S/ 101 124,00, lo que representa un perjuicio económico total de S/ 727 713,80.La resolución establece que la prisión preventiva rige desde el 28 de agosto de 2026 hasta el 27 de agosto de 2027. El juzgado declaró fundada en parte la solicitud fiscal, que había requerido 18 meses de prisión preventiva. Tanto el Ministerio Público como las defensas técnicas interpusieron recursos de apelación dentro del plazo legal. El caso continúa en etapa de investigación y comprende, además, la imputación por el presunto delito de banda criminal.

Redacción La Última

*El Poder Judicial ordenó su internamiento hasta junio de 2027 por la presunta extracción ilegal de oro con maquinaria pesada y la afectación de cauces y fuentes de agua en Colquemarca. Los cuatro fueron detenidos durante el operativo de la semana pasada, que dejó 17 adultos intervenidos y un adolescente retenido.____El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Cusco dictó nueve meses de prisión preventiva contra Gabriel Solano Palomino Fernández, Alex Jonathan Quispe Asencio, Óscar Donato Cconislla Ollachica y Ángel Fortunato Soncco Llaique, investigados por la presunta comisión del delito de minería ilegal agravada, en agravio del Estado.La medida fue dictada por el juez José Luis Cáceres Pizarro y vencerá el 7 de junio de 2027. La decisión considera la gravedad de los hechos investigados, el presunto daño ambiental y los riesgos procesales de fuga u obstaculización de la justicia.Los cuatro investigados fueron detenidos durante el operativo ejecutado la semana pasada en el sector Choccoyo, distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas. La intervención, realizada por la Policía Nacional y el Ministerio Público con apoyo de la Autoridad Local del Agua, permitió identificar tres campamentos vinculados presuntamente a actividades de minería ilegal.En el operativo fueron intervenidos 17 adultos y un adolescente de 16 años. De los adultos, 11 fueron detenidos en flagrancia y siete quedaron en calidad de intervenidos. Las autoridades encontraron siete unidades de maquinaria pesada, seis motocicletas, tres motobombas, cuatro estructuras de lavado de mineral y tres campamentos mineros.La intervención también permitió constatar trabajos de extracción a cielo abierto, remoción de material mineralizado y alteración de cauces próximos al río Ccasccamayo. Según el reporte de la operación, parte de los efluentes y materiales removidos representaban un riesgo de contaminación para el curso de agua.Por disposición del Ministerio Público, tres máquinas pesadas, entre ellas un cargador frontal, una retroexcavadora y una excavadora, fueron destruidas o inutilizadas debido a la imposibilidad de trasladarlas. También fueron inutilizadas cinco motocicletas, tres motobombas, dos estructuras de lavado y dos campamentos. Otros cuatro cargadores frontales y una motocicleta fueron incautados y puestos a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.*La investigación por daño ambiental*Los hechos que son materia de investigación ocurrieron en el sector denominado «S1», a orillas del riachuelo Choccoyo, en la comunidad de Huayllani-Choccoyo, distrito de Colquemarca. De acuerdo con la investigación fiscal, los imputados habrían utilizado excavadoras y cargadores frontales para extraer oro sin contar con las autorizaciones correspondientes.Las labores extractivas habrían alterado y desviado el cauce natural del agua y generado residuos que terminaron afectando el río Ccasccamayo. La Fiscalía investiga estos hechos como presunta minería ilegal agravada, conforme a los artículos 307-A y 307-B del Código Penal.El caso también alcanza a otros tres investigados. El juzgado dispuso libertad bajo reglas de conducta para Juan Carlos Cruz Huaycani e Irene Cruz Soto, mientras que Rolando Cruz Mamani quedó con comparecencia simple y fue ordenada su inmediata excarcelación.La prisión preventiva no determina responsabilidad penal. Los cuatro investigados serán procesados mientras la Fiscalía continúa con las diligencias destinadas a establecer su eventual responsabilidad en las actividades extractivas y en el daño ambiental atribuido a estas operaciones.