Perú
Las “joyas” que postulan a cargos políticos
En la lista de candidatos al Gobierno Regional de Cusco y a las alcaldías provinciales aparecen personajes que tienen antecedentes nada santos. Algunos como Fedia Castro registran condena vigente y otros fueron sentenciados antes por actos de corrupción u otros delitos. Mirar sus antecedentes es vital para no elegir a los peores.
El 2 de octubre próximo volveremos a acudir a las urnas para elegir a las nuevas autoridades regionales y municipales. Serán ungidos por el voto popular un gobernador y vicegobernador, 22 consejeros regionales, 13 alcaldes provinciales y más de 100 regidores, así como más de 110 burgomaestres distritales y en promedio 400 concejales.
La oferta de candidatos es pobre. Además de los viejos conocidos políticos figuran aquellos que tuvieron condenas, tienen sanciones vigentes o tuvieron actuaciones irregulares cuando ocuparon cargos públicos antes. ¿Por qué estas personas se consideran opciones viables? ¿Por qué los partidos los cobijaron como candidatos?
Seguramente porque consideran que representan a un sector de la población que tiene sus vicios y por ende votará por ellos. Del voto de cada ciudadano depende si premiamos castigados a los malos políticos que quieren retomar el poder desde el 2023.
Los rostros grises
El empresario y economista Luis Arturo Florez García quiere volver a ser alcalde de la provincia de Cusco. Esta vez postula por las filas del partido-empresa Alianza Para el Progreso. En las internas obtuvo 190 de los 212 votantes.
Florez García es recordado por haber ascendido a la alcaldía de la Ciudad Imperial en 2009 tras las sucesivas vacancias de tres alcaldes: Marina Sequeiros, Mariano Baca y Gustavo Vivanco. Y fue reelegido en 2010.
Su segunda gestión estuvo marcada por numerosos hechos irregulares en ejecución de obras, compras, manejo de recursos del Cosituc. En varios de los casos fue absuelto, pero, por ejemplo, en 2019 la Primera Sala Penal de Apelaciones del Cusco confirmó en segunda instancia la sentencia a 4 años de pena privativa de la libertad suspendida por el plazo de 3 años en contra Florez García.
Fue hallado culpable por la muerte del trabajador municipal Edgardo Ccorimanya Cordero, que laboraba en la Planta de Asfalto Municipal en el distrito de Oropesa, provincia de Quispicanchi. El delito: contra la libertad en la modalidad de violación de la libertad de trabajo, subtipo atentado contra las condiciones de seguridad laboral.
También a la alcaldía del Cusco postula por el partido conservador Renovación Popular, José Carlos Huamán Cruz. Antes de entrar a la política fue miembro del director de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito y en su gestión fue responsabilizado porque junto a los otros directores aprobaron gastos que supuestamente no fueron aprobados por la Junta de Accionistas. Hubo un perjuicio económico, según la Contraloría, de S/1.2 millones.
Otro candidato provincial que tiene sombras en su carrera es Albert Arenas Yábar, actual alcalde del distrito de San Jerónimo. Postula por las filas de Somos Perú. Arenas Yábar aparece en los informes de Contraloría que dan cuenta de un grupo de funcionarios del Gobierno Regional de Cusco que favorecieron al Hotel Sanctuary Lodge, administrado por Perú Belmond Hotels S.A., cuyo director es el excandidato presidencial Rafael López Aliaga. Ese grupo permitió el uso de dinero público para pagar una obligación tributaria de la empresa Belmond, y por la firma de la adenda.
Ocurrió en la gestión del expresidente Jorge Acurio Tito, cuando Arenas Yábar estuvo al frente de la Oficina Regional de Administración, del 1 enero de 2013 al 3 de enero de 2014. Contraloría lo señala como responsable de haber continuado por los trámites para la recaudación de las retribuciones fija y variable y el pago del IGV en vez de Belmond. Tiene presunta responsabilidad administrativa y penal.
Las “joyas” de provincias
Alianza Para el Progreso parece tener predilección por políticos con pasado oscuro. Postula al exalcalde de Calca, Ciriaco Condori Cruz, a ese cargo. En 2013, el Juzgado Penal Unipersonal de Calca condenó a Condori Cruz a tres años de pena suspendida de la libertad tras ser hallado culpable del delito de peculado doloso cuando se desempeñaba como burgomaestre de esa provincia.
En 2018, el Jurado Electoral Especial denegó su inscripción justamente porque se encontraba impedido de postular a cualquier cargo de elección municipal de acuerdo a la Ley de Elecciones Municipales. Esa norma señala que aquellos políticos que hayan sido condenados por corrupción no pueden postular. Aquella vez postuló por el Movimiento Regional Inka Pachakuteq.
Un caso similar se reproduce en la provincia de La Convención. La exalcaldesa de esa localidad, Fedia Castro Melgarejo, quiere volver a ocupar ese cargo de la mano de Somos Perú.
En abril de este año, la exalcaldesa fue sentenciada a seis años de cárcel de pena privativa de libertad y seis años de inhabilitación para ejercer función pública. Fue hallada culpable por la compra sobrevaluada de linternas. Una linterna que en el mercado costaba S/20 fue adquirida a S/280 cada una. Es decir, con un sobrecosto de 1400 %.
Asimismo, el abogado Yuri Ricardo Cornejo Sánchez es el candidato del Movimiento Regional Inka Pachakuteq. El también exalcalde de Canchis es investigado por haber concertado con el consorcio Terminal Jergo para la concesión de la compra de un terreno y la construcción del terminal de buses.
Según la denuncia, la concertación ocasionó un perjuicio a la comuna de 2 millones 483 mil 697.87 soles. En los fundamentos de la denuncia se señala que hubo vicios en la contratación a profesionales evaluadores del expediente técnico porque no tenían experiencia, lo que generó un perjuicio de 7 mil 050 soles.
Los aspirantes a la región
En el caso de los candidatos al sillón regional sobresale un detalle: la mayoría cambiaron de camiseta para postular. El abogado Boris Germain Mujica Paredes es la carta de APP. Antes perteneció a Patria Arriba Perú Adelante, Somos Perú, Movimiento Etnocacerista y Victoria Nacional.
De igual forma, Werner Salcedo Álvarez vuelve a tentar el sillón regional bajo el paraguas de Somos Perú. Salcedo postuló al Congreso en 2021 por Democracia Directa.
En ese mismo grupo se encuentra el ex presidente regional Carlos Cuaresma Sánchez, candidato regional del Frente de la Esperanza. Es la sexta ocasión que el periodista candidatea a este cargo. Antes los hizo por el desaparecido Frente Independiente Moralizador, APP, Inka Pachacuteq, etc. Renovación Popular postula a la Región al comunicador Luis Alberto Soto Colque. En 2018 este postuló al mismo cargo por el Partido Popular Cristiano (PPC).
Presentarán plataforma digital RTC sobre acceso a información relevante de candidatos en elecciones generales del 2026.
En el contexto del próximo proceso electoral, Cusco será sede del Foro “Decidir en Tiempos de Incertidumbre: Integridad, participación y decisiones informadas en el proceso electoral”, un espacio de diálogo multisectorial orientado a fortalecer la calidad del voto y fomentar una participación ciudadana responsable frente a la fragmentación política y la desinformación. El encuentro se realizará este 19 de febrero en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cusco, ubicado Parque España E-4.
El foro es organizado por el Consorcio RTC (Revisa Tu Candidato), integrado por la Asociación Civil Transparencia, IPYS, Proética, Empresarios por la Integridad e IPAE Acción Empresarial. Está dirigido a líderes empresariales, periodistas y representantes de la sociedad civil organizada, quienes podrán acceder a información clasificada de los candidatos de este escenario electoral nacional.
La primera reunión se realizará desde las 8:30 de la mañana con un desayuno para periodistas, en seguida, a las 11:30 se realizará un taller dirigido a líderes políticos y sociedad civil organizada, mientras que a las 6:30 de la noche se llevará a cabo un foro electoral, con el objetivo de fortalecer capacidades para identificar y contrarrestar información falsa durante estas elecciones.
Los asistentes, conocerán la plataforma RTC, donde periodistas y público en general, podrán acceder a datos públicos de los aspirantes a cargos públicos en las elecciones de 2026.
El diálogo regional será conducido por José Luis Gargurevich, director de Proética, quien abordará los principales retos del nuevo contexto electoral peruano. El panel contará además con la participación de representantes de la Cámara de Comercio de Cusco, organizaciones de la sociedad civil y miembros del Consorcio RTC, quienes aportarán un análisis técnico y plural sobre el proceso electoral.
La inscripción es gratuita y se realiza a través del enlace: https://revisatucandidato.typeform.com/to/HktSpLj8?typeform-source=www.google.com. Los participantes del desayuno y taller recibirán certificados. Ambas actividades se desarrollarán bajo un enfoque no partidario, orientado a fortalecer la integridad democrática y el voto informado en la región.
• Se impulsa la creación de un Área de Conservación Regional Bosques del Araza para proteger más de 56 mil hectáreas de bosque amazónico en Camanti, donde habitan más de mil especies. Las actuales ACR son: Choquequirao, Ausangate, Chuyapi Urusayhua, Q’eros-Kosñipata y Tres Cañones.
Imagina despertar en medio de un bosque amazónico: escuchar el crujido de las hojas, el alboroto de los árboles, el aleteo de las aves y las gotas cayendo, aunque no llueva. La mañana se llena de chirridos de insectos y del canto de aves, como el gallito de las rocas.
Esa escena se repite día tras día en los bosques del Araza, en Camanti, provincia de Quispicanchi. Este territorio concentra una de las mayores riquezas biológicas del sur andino-amazónico. Allí viven árboles centenarios, flores silvestres y helechos, además de aves, mamíferos y reptiles, como osos de anteojos, jaguares y otras especies endémicas. En cifras, en este territorio conviven más de 60 especies de mamíferos, 135 de aves, 41 de peces, 32 de anfibios, 11 de reptiles, 117 tipos de insectos y 4 de arácnidos. Y no solo eso: también hay 635 especies de árboles y plantas nativas.
Cada tramo del Araza conserva especies que no sobrevivirían fuera de este corredor natural. El río Araza atraviesa ese territorio como una columna vertebral. Sus aguas abastecen a las comunidades del distrito de Camanti y a otras poblaciones aguas abajo. Sirven para el consumo humano, la agricultura y la pesca. Como toda cuenca hídrica, este río constituye una fuente de vida. Es conocido como una “fábrica de agua”, porque captura humedad para el valle y mantiene condiciones favorables para la producción de cacao y copoazú.
Para proteger este lugar, el Gobierno Regional del Cusco, con el acompañamiento de Conservación Amazónica (ACCA), impulsa la creación del Área de Conservación Regional (ACR) Bosques del Araza. De aprobarse, Cusco sumaría seis áreas de conservación. Actualmente cuenta con las ACR Choquequirao, Ausangate, Chuyapi Urusayhua, Q’eros-Kosñipata y Tres Cañones.
De acuerdo con la consejera regional por Quispicanchi, Luz Marina Casafranca, es clave proteger la zona frente a invasiones territoriales de pobladores de Puno, un conflicto latente que puede acelerar la destrucción del bosque. A ello se suman la tala y la minería ilegal, actividades que podrían abrir trochas, contaminar el río, ahuyentar la fauna y expulsar a poblaciones, como ya ha ocurrido en la región vecina de Madre de Dios.
Cuidar el Araza es una necesidad y demanda una decisión política y social. Son más de 56 mil hectáreas de bosques montanos y pajonales altoandinos. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) aprobó la segunda etapa del proceso y habilitó la fase tres para crear el ACR: actualizar el expediente técnico y socializar la propuesta de zonificación.
Como en todo proceso, hay voces que se oponen a la creación de un área de conservación. Para desacreditarla, afirman que impedirá el acceso a tierras para la agricultura o afectará la economía local, que se entregarán las tierras a terceros, que se restringirá el ingreso al río o que se prohibirá la pesca. Nada de eso es cierto. Un ACR no faculta a ninguna institución ni autoridad a expropiar tierras ni concesionarlas. Su objetivo es gestionar el territorio mediante un comité de gestión conformado por autoridades locales, instituciones y organizaciones sociales, de base y comunales.
Los mineros informales e ilegales y el gobierno del presidente interino José Jerí Oré empezaron a presionar al Congreso sobre la aprobación del dictamen que buscar ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2027.
Los mineros se declararon en huelga hasta que el dictamen de la Comisión de Energía y Minas sea aprobado tal como está, con una prórroga por dos años y la reincorporación al registro de los 50 000 mineros excluidos en julio pasado, mientras que Jerí Oré consideró que “razonable” una ampliación de solo un año, no reincorporar a los 50 000 excluidos y diferenciar bien a mineros artesanales de informales e ilegales.
Los mineros bloquearon las carreteras en varias regiones del país. En Cusco, según el dirigente Walter Molina, mañana y pasado mañana bloquearán el corredor minero del sur en la zona de Choccoyo del distrito de Colquemarca, en Chumbivilcas. “Nuestro pedido es que amplíen la formalización”, dijo.
Mientras tanto, Jerí Oré se manifestó en contra de una prórroga por dos años, hasta diciembre
de 2027. “Dos años no; un año, porque si ponemos seis meses le vamos a dejar una cierta
situación complicada al próximo gobierno”, dijo Jerí Oré el fin de semana.
Además, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, señaló que el Ejecutivo observará la extensión de la vigencia del Reinfo si la norma se aprueba tal como está, sin diferenciar a los mineros informales y artesanales de los ilegales.
“El Congreso tiene los instrumentos adecuados para separar la paja del trigo. Si ellos no lo
hacen, nosotros primero vamos a observar la ley; pero, si no hay la decisión del Congreso de
hacer algo bien hecho, entonces van a superar la insistencia y nosotros llevaremos el tema al
Tribunal Constitucional”, dijo Álvarez.
Cambio de posición
La postura de Jerí Oré muestra un cambio. Como congresista apoyó en dos ocasiones la
ampliación del Reinfo, en un debate que giraba en torno a la presión social y política de los
mineros ilegales e informales, que tienen contactos en el Legislativo y pueden influir en
determinados parlamentarios. Sin embargo, desde el Ejecutivo ya no mira el problema solo
como una negociación con un grupo, sino como un problema nacional. Formalizar ya no se
trata de dar un plazo más, sino de asumir que el fracaso del Reinfo ha permitido el desborde
de la minería ilegal.
Parece que el entorno de Jerí también ha visto el deterioro de la imagen del Congreso, las
encuestas que muestran el rechazo ciudadano al avance de la minería ilegal y la necesidad de
que el Gobierno marque distancia de las economías ilegales. Por eso, aunque Jerí evitó cerrar
completamente la puerta a un acuerdo, dijo que el Ejecutivo no está satisfecho con una
ampliación hasta 2027. Entonces, si el Congreso aprueba la quinta ampliación tal como está
planteada, el Gobierno de Jerí observará la ley.
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