Colegios no tienen material educativo, aulas muestran deterioro, carecen de muros, servicios higiénicos y limitaciones para personas con discapacidad según la Contraloría. Durante el operativo “Buen Inicio del Año Escolar 2024”, realizado del 15 de febrero al 8 marzo, la Contraloría General supervisó 395 instituciones educativas públicas a nivel nacional, donde advirtió, entre otros problemas detectados, que el 70% de instituciones educativas no recibió los cuadernos de trabajo para entregar a los alumnos durante el inicio del presente año escolar.

El material educativo de comunicaciones y matemáticas debió ser distribuido por las Unidades de Gestión Educativa Local (Ugel) a las instituciones educativas, pero hasta la fecha de conclusión del operativo esto no se había concretado en el 70% de los casos, situación que podría afectar el acompañamiento cognitivo de la población estudiantil.

Los resultados de la Contraloría General reflejan también que el 52% de las instituciones educativas supervisadas requieren reemplazar los techos como mínimo de un aula porque podrían colapsar debido a las precarias condiciones en los que se encuentran.

Asimismo, se verificó que el 55% de instituciones educativas visitadas necesitan reemplazar o dar mantenimiento como mínimo a las paredes de un aula. Además, en el 44% de locales escolares se observó que al menos un aula requiere sustituir el piso debido al nivel de desgaste que presenta.A ello se suma el insuficiente número de mesas y sillas para los escolares en el 21% de casos, mientras que en otros colegios se observó que en algunas aulas carecían de mesas y sillas para docentes (17% de IIEE visitadas).

Las deficiencias en la infraestructura educativa e insuficiente mobiliario en los locales escolares no asegura las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad, poniendo en riesgo la salud e integridad de la comunidad educativa, lo señalan los diversos informes de control notificados a los funcionarios responsables, señaló el informe.

En el operativo nacional 2024 participaron 130 auditores desplegados a nivel nacional, los cuales emitieron 368 informes de control simultáneo, los mismos que fueron comunicados a las Ugeles, y Direcciones Regionales de Educación a fin de que las autoridades competentes adopten, con prioridad, las acciones preventivas y correctivas en los próximos 45 días que garanticen la adecuada prestación del servicio educativo.

SIN DOCENTES Y PSICÓLOGOS

Durante la supervisión se comprobó que en el 36% de los colegios el número de docentes es insuficiente para el inicio de clases. Esta situación podría afectar el adecuado acompañamiento cognitivo a los estudiantes y la correcta prestación del servicio educativo.

Cabe recordar que en el operativo 2022, la falta de profesores alcanzó un 38.4%.Se informó además que actualmente en el 93% de las instituciones educativas continúan faltando psicólogos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de educación básica regular.

En tanto, en el año 2022 la falta de profesionales en psicología fue de 85. Este hecho podría afectar la convivencia escolar, las acciones para prevenir la violencia estudiantil y los casos de bullying, entre otros problemas. Asimismo, podría dificultar el tratamiento oportuno de casos de acoso entre escolares.

FALTAN MUROS DE PROTECCIÓN

Otra situación identificada en el operativo de control es que el 36% de las instituciones educativas inspeccionadas carecen de un cerco perimétrico que permita salvaguardar los bienes del colegio, evitando la sustracción o vandalización de equipos de cómputo, útiles escolares y otros materiales que permanecen en los locales escolares; mientras que un 22% de instituciones precisan dar mantenimiento a los muros externos del local escolar.

SERVICIOS HIGIÉNICOS

Las comisiones de control también comprobaron que el 58% de las instituciones educativas intervenidas cuenta con al menos un servicio higiénico que requiere mantenimiento o sustitución (caños o inodoros malogrados, sin puertas o con puertas en mal estado). De igual manera, existe un alto porcentaje de colegios que no cuentan con servicios higiénicos por cada nivel educativo (31%), así como de aquellos locales que no cuentan con servicios higiénicos separados para alumnos y docentes (40%).

A esta situación se suma que el 22% de instituciones educativas visitadas carece del servicio de conexión de desagüe, el 9% no tiene agua y otro 9% tiene restricciones en dicho servicio. En el caso de los desperdicios o basura que genera el colegio, el 19% de instituciones educativas entierra los residuos sólidos y el 17% prefiere incinerarlos. Estos hechos afectan la salubridad de la comunidad educativa y no muestran mejoría en los últimos años.

PREVENCIÓN ANTE DESASTRES

Ante un eventual fenómeno climatológico o siniestro, la mayoría de instituciones educativas supervisadas no estarían preparadas para enfrentar dicha situación, puesto que el 61% de ellas no ha conformado la Comisión de gestión del riesgo de desastres y brigadas de profesores, estudiantes y padres de familia; y en el 54% de casos falta elaborar un Plan de gestión del riesgo de desastres vigente.

Los locales escolares también carecen de condiciones destinadas a prevenir, reducir y atender los desastres naturales, lo que genera el riesgo de afectar la integridad física de la comunidad educativa, así como limita su capacidad de respuesta. El 68% de instituciones educativas carece de áreas con protección total o parcial ante la radiación solar; 33% de IIEE no ha señalizado adecuadamente los puntos de reunión o zona segura para casos de desastres naturales, y el 24% no ha establecido estos puntos de reunión o zonas seguras; y el 44% carece de extintores para apagar un eventual incendio.

LIMITACIONES PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Igual de preocupante resulta que el 88% de instituciones educativas carezca de servicios higiénicos para personas con discapacidad; el 77% de instituciones educativas no cuente con rampas que faciliten el acceso y desplazamiento de estudiantes con limitaciones físicas hacia las aulas u otros ambientes que puedan acceder los estudiantes; y, el 45% no tiene rampas que permitan el desplazamiento desde la acera o el límite de ingreso.

La carencia de infraestructura, servicios higiénicos o equipamiento que permita el desplazamiento y la atención de las personas de la comunidad educativa con discapacidad afecta su derecho de acceso al servicio educativo en igualdad de condiciones.