La crisis desatada en Machu Picchu se agrava y se estiman pérdidas millonarias por la
cancelación del 15% de paquetes turísticos. Para el gerente regional de Comercio Exterior y
Turismo Rosendo Baca, estos hechos ponen el riesgo el trabajo de distintos niveles de
gobierno para impulsar la llegada de más visitantes a la Llaqta Inca, y retornar a las cifras pre
pandemia.
“Ya hay un impacto negativo, hay una proyección de una cancelación del 15% maso menos de
los paquetes turísticos, 300 millones de soles de afectación y en crecimiento. Nosotros
estamos dejando de lado todo el trabajo que se ha realizado desde diferente nivel de gobierno
para la promoción y reactivación del país se pone en riesgo este millón 550 mil visitantes que
nosotros teníamos proyectados para fin de año”, expresó el gerente.
Asimismo, señaló que tanto la empresa Consettur como Torontoy deben mostrar mejor
predisposición para solucionar estos problemas. Al igual que las autoridades ediles de Machu
Picchu y Urubamba. Para el funcionario ambos deben mostrar mayor colaboración, pues
“porque ahí está el problema y la solución”.
En ese contexto, cuestionó que se no se cumpla el principio de autoridad y que la empresa
Consettur se retire porque ya finalizó su contrato, sino que ellos están marcando la agenda y
poniendo en riesgo al sector turístico, pues Machu Picchu representa toda una cadena de
negocios interconectados y que hoy se ven, nuevamente afectados.
“Tienen que ingresar los nuevos buses para iniciar operaciones, y Consettur que ya cumplió su proceso de concesión el 4 de septiembre, debe dar un paso al costado. Su colaboración a la fecha se agradece, pero yo creo que ahí tiene que mostrar predisposición”.
Finalmente, indicó que tanto Consettur como otras empresas podrán participar de una nueva
licitación y que, en este periodo, debe acatarse al plan de contingencia y dejar operar a la
empresa Torontoy.
CENTRALISMO IMPIDE UNA MEJOR GESTIÓN
Rosendo Baca indicó que además de la organización 7 New Wonder, quienes otorgaron el
título de maravilla del mundo a Machu Picchu, todos somos testigos de la inadecuada gestión y administración de la ciudadela inca. Empezó con la venta de boletos, problemas en el
transporte ferroviario, y ahora el transporte vehicular.
“El centralismo sigue tomando decisiones para administración de la llaqta. Los recursos que se van al 100% a Lima y con un 10% mínimo que llega para la municipalidad de Machu Picchu, y ahora vemos que estas negociaciones y conversaciones y las mesas técnicas que ha tenido, no han mostrado resultados”, expresó.

Al caer la tarde e ingresar a la noche, un grupo masivo de agentes policiales lanzaron bombas
lacrimógenas para dispersar a decenas de manifestantes que realizaban un plantón en el
kilómetro 88 de la vía férrea Ollantaytambo Machu Picchu, sector conocido como
Qoriwayrachina.
Los efectivos, que días previos ya estaban en la ruta garantizando el paso de trenes que se
dirigían con turistas a la ciudad de Machu Picchu Pueblo y luego a la Ciudadela Inca, esta vez
esperaron la oscuridad para retirar a padres de familias, mujeres y hasta niños que se
encontraban en la zona.
Después de unos cuarenta minutos de diálogo, entre comuneros autoconvocados para el
segundo día de paralización y la policía nacional, no se llegó a una tregua que pedía la policía
para retirar turistas que estaban varados y afectados en Aguas Calientes o Machu Picchu
Pueblo. La conversación fue infructuosa.
Los comuneros sostienen, como lo hicieron en días previos, que la empresa Consettur, que
traslada turistas en bus a la Ciudadela Inca, se retire de la ruta Hiram Bingham, pues ya
concluyó la concesión, es más, venció el pasado 4 de setiembre, pero ilegalmente continúan
brindando el servicio.
Asimismo, están en contra de Perú Rail, la empresa de trenes, que, pese a que hubo un
cronograma de traslado de los nuevos buses de la empresa San Antonio de Torontoy desde
Hidroeléctrica, que entrará en vez de Consettur, no cumple, aún más sospechosamente
denunció que fue objeto de atentado dos vehículos planos que iban a trasladar los buses.
Al no llegar a acuerdos con los manifestantes, los policías los empujaron y luego soltaron
bombas lacrimógenas, algunos arrojaron piedras, todo ello fue transmitido en redes sociales
en las que se oye que en el espacio hay adultos mayores, niños y madres de familia. La
represión, duró varios minutos.
Al cierre de edición trascendió que unas diez personas resultaron con heridas contusas en el
rostro, brazos y otras partes del cuerpo, producto de las pedradas y bombas lacrimógenas. No
se supo si hubo policías heridos.

Varios territorios donde antes hubo marchas y protestas para cuidar las fuentes de agua hoy
están bajo amenaza o bajo el control de las actividades mineras informales e ilegales.
En Tambogrande, región Piura, y en Cajamarca y Celendín, región Cajamarca, las poblaciones se levantaron hace no mucho a favor de las lagunas, ríos y manantiales. Sin embargo, allí ahora se ha impuesto la minería que, bajo la denominación de “en proceso de formalización”, opera sin controles.
Esas operaciones mineras contaminan fuentes de agua destinadas al consumo humano y la
ganadería, así como degradan suelos agrícolas. Ese avance no se explica únicamente por su
carácter informal o ilegal. Responde a la falta de liderazgo de autoridades nacionales para
enfrentarla y a que instituciones estatales han sido incapaces de frenar la expansión de esta
minería y garanticen alternativas de desarrollo en comunidades.
Pero no solo prospera por ausencia del Estado, sino también por complicidad de autoridades
locales y actores políticos que permiten sus operaciones. Basta ver al gobierno de Dina
Boluarte y al Congreso que legislan a favor de estas organizaciones. Según un reciente estudio del Centro Wiñaq, el 70,2 % considera que los congresistas respaldan a estos mineros porque reciben financiamiento o buscan capital electoral. Ese vacío de autoridad y complicidad deja campo libre para economías ilegales que, poco a poco, tienen más poder económico e influencia política en regiones.