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Perú

Reinfo sirvió para encubrir actividades de mineros ilegales

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El secuestro, la tortura y la ejecución de 13 trabajadores en la provincia de Pataz, en La
Libertad, a manos de delincuentes contratados por mineros ilegales, confirmó el fracaso del
Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una herramienta que, lejos de ordenar este sector, ha sido utilizada para encubrir actividades ilícitas.
El Tribunal Constitucional (TC) ya había advertido, en una resolución que sin embargo no
declaró inconstitucional la ampliación, que el Reinfo era utilizado “para encubrir las actividades
ilícitas de los mineros ilegales”, y exhortó al Ejecutivo y al Congreso a abstenerse de mantener
un sistema que exima de responsabilidad penal a quienes dañan el ambiente. “Tanto la
actividad ilegal como la informal —que es precisamente la que no acaba de reunir los
requisitos para formalizarse— han sido causantes de graves efectos perjudiciales para el medio ambiente”, señaló el Tribunal.
Al respecto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló en un
pronunciamiento que este mecanismo “ha servido para encubrir las actividades ilícitas de los
mineros ilegales”. Este gremio también condenó los hechos, exigió justicia y demandó al
Gobierno la aprobación de un verdadero plan de lucha contra la minería ilegal —más allá de
medidas paliativas, como el estado de emergencia—. Además, pidió poner fin a las sucesivas
ampliaciones del Reinfo, ya que este no ha funcionado y, por el contrario, ha permitido que
mafias actúen bajo la fachada de la formalización. “Demandamos que sus autores sean
identificados y sancionados con todo el peso de la ley”, reclamó.
Mientras que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) solicitó a la presidenta
Dina Boluarte que convoque a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
(Conasec) en Pataz y que se sancione a los autores materiales e intelectuales. “Es una escalada intolerable de violencia criminal que ha superado la capacidad de respuesta de la Policía y de otras autoridades”, advirtió la ANGR.
Ambas organizaciones coincidieron en que lo ocurrido con los 13 trabajadores en Pataz no es
un hecho aislado, sino consecuencia del avance de la violencia ocasionada por las economías
ilegales, que “buscan intimidar a la sociedad peruana y tomar por asalto la propiedad pública y
privada”.
El pedido es que se instaure un plan nacional contra la minería ilegal; que la Policía potencie
sus labores de inteligencia, con el fin de articular estrategias para desarticular las redes
criminales que operan en La Libertad, Madre de Dios y otras zonas afectadas por esta
actividad; que el Ejecutivo establezca un marco normativo moderno y políticas públicas de
fiscalización ambiental, laboral y de seguridad en las zonas mineras; y que se implementen
mecanismos eficientes de trazabilidad del mineral extraído.
De igual forma, la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) consideró que las
ejecuciones constituyen una muestra más del abandono del Estado en zonas dominadas por
economías ilegales, donde la ley ha sido reemplazada por la violencia, la extorsión y la muerte. Según la CGTP, “las mafias de la minería ilegal han convertido a Pataz y otras zonas del Perú en tierra de nadie”.

EL FRACASO DEL REINFO
El proceso de formalización, iniciado en 2016 con la creación del Reinfo, fracasó. A pesar de
ello, el actual Congreso amplió su vigencia en diciembre de 2024 por otros seis meses y la
presidenta Boluarte no observó la ley.
Tras casi una década, solo dos de cada diez mineros lograron formalizarse: de 87,111 mineros
inscritos en el Reinfo, apenas 2,090 (2.4 %) se formalizaron; 68,817 (79 %) tienen la inscripción suspendida por incumplir los requisitos de vigencia, y 16,204 (18.6 %) continúan en proceso de formalización.
En las regiones del sur, la situación no es diferente. De 40,074 inscritos en el Reinfo, solo 1,748 (4.3 %) se formalizaron, y la mayoría tiene la inscripción suspendida. En Cusco, apenas 24 de 3,924 se formalizaron hasta agosto del año pasado. Las actividades mineras se concentran principalmente en las provincias de Quispicanchi y Chumbivilcas. En Quispicanchi, los mineros deforestan bosques en la Amazonía que colinda con Madre de Dios y contaminan los ríos; en Chumbivilcas, operan en Colquemarca, donde han comenzado a ocurrir asaltos a mano armada. Uno de los impulsores de la ampliación del Reinfo fue el congresista de Podemos Perú, Guido Bellido Ugarte.

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Cusco

Voces del territorio, el río tigre que enseña a construir gobernanza.

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Por René Torres.


En la cabecera de la cuenca del río Tigre, a más de cinco mil metros de altura, el agua desciende entre bofedales y peñas como un hilo de plata que se deshace. A su paso, las
comunidades de Chillihuani, Tintinco y Paucarpata tejen su vida entre alpacas que pastan en
pastizales cada vez más escasos y parcelas de papa nativa que resisten el frío y la erosión.
Hasta hace poco, este rincón del Cusco era casi invisible en los mapas. Hoy recibe miles de
turistas al día que suben a fotografiar la Montaña de Siete Colores, ese paisaje que parece
pintado por los dioses pero que nació, en realidad, del retroceso de los glaciares.
El éxito turístico llegó sin planificación. Trajo polvo, desechos, disputas por los ingresos y la
sensación —como recuerdan los comuneros— de que el territorio se les escapaba de las
manos. Pero en medio de esa tensión, un nuevo proceso se está gestando. Uno que no vino
desde Lima, sino desde las propias comunidades.


Un territorio que buscaba escucharse


Cuando Norma García Ventura, coordinadora del proyecto del Centro Bartolomé de Las Casas
(CBC), llegó a Cusipata, no llevó un diagnóstico escrito, sino tiempo y escucha. “No
convocamos una gran reunión para que nadie asistiera”, recuerda. “Fuimos comunidad por
comunidad, escuchamos a las mujeres, a los jóvenes, a las autoridades. Todos coincidían en
algo: no se reconocían entre sí”.
En ese contexto de débil gobernanza y fragmentación, el CBC propuso una intervención
financiada por la Embajada de Canadá, enfocada en fortalecer el liderazgo comunal, la gestión sostenible y la participación de mujeres, hombres, niñas y niños en el manejo del territorio.
“El centro del proyecto no es resolver el conflicto por los ingresos del turismo —explica
Norma—, sino trabajar la gobernanza de los recursos. Que las comunidades entiendan que lo
que hacen arriba afecta abajo, que el territorio se gestiona colectivamente”.


La metodología de los pequeños pasos
El proyecto no comenzó con talleres ni formularios, sino con caminatas. Antes que trazar un
plan, el equipo del CBC decidió volver a recorrer el territorio. Subieron a Chillihuani, bajaron a
Tintinco, se sentaron en las asambleas comunales, escucharon los reclamos, los silencios, las
sospechas. Descubrieron que, más que un plan de desarrollo, las comunidades necesitaban
volver a reconocerse entre ellas.
“Convocábamos reuniones y no venían”, cuenta Norma. “Entonces fuimos casa por casa,
asamblea por asamblea. Escuchamos lo que dolía: que las mujeres no tenían voz, que los
jóvenes no veían futuro, que el turismo había dividido a la gente”.
De esas conversaciones nació la idea de una escuela de liderazgo territorial: no un aula, sino unproceso colectivo donde cada comunidad aprende a mirar más allá de sus límites. En paralelo,se invitó a los niños y niñas de las escuelas a observar el agua que baja de la montaña. Algunos midieron su temperatura, otros detectaron bacterias, y todos comprendieron que el río que cruza su comunidad también habla de ellos.
Así, paso a paso, sin prisa, se fue tejiendo una red de aprendizajes y responsabilidades
compartidas. Las reuniones comunales se transformaron en espacios de diálogo; los problemas ambientales, en temas de conversación y acción. Como resume Juan Víctor Béjar, coordinador de territorio del CBC: “La estrategia no fue imponer, sino acompañar. Sentarse a escuchar hasta que las comunidades empezaran a hablar entre sí”.


La mesa donde el territorio se reúne

En la sede municipal de Cusipata, se reúnen autoridades comunales, representantes del gobierno local, rondas campesinas, salud, educación y organizaciones sociales. “Generar un espacio de gobernanza requiere tiempo y procesos de concertación con todos los actores —advierte Béjar—. Pero si este plan no se implementa, si no lo asume el gobierno local, será solo un documento más”.
El desafío, dice, es lograr que esta mesa se consolide como una estructura de decisión
colectiva que trascienda los proyectos. Un espacio donde la gestión del agua, del turismo y de
los recursos naturales deje de ser un asunto individual para convertirse en una tarea común.


Los niños que miden el futuro

En las aulas rurales, los estudiantes se convierten en pequeños guardianes del agua. Armados con botellas, termómetros y tiras reactivas, analizan el agua que corre hacia la montaña. “El monitoreo ambiental ha generado entusiasmo —cuenta Béjar— porque los niños entienden que están midiendo el futuro de su comunidad”. Los docentes, por su parte, ven en esta práctica una manera de reconectar la educación con la vida y fortalecer la conciencia
ambiental desde la infancia.


Las voces que faltaban
El análisis de género del CBC reveló que las mujeres artesanas y trabajadoras del turismo
tienen poca representación en los espacios de decisión. La respuesta fue integrarlas en cada
componente del proyecto: lideresas en la mesa de gobernanza, mujeres en la reforestación y
niñas en el monitoreo del agua. “Se ha visto su involucramiento en los talleres y asambleas
—dice Norma—. Empiezan a tener voz en decisiones comunales”.


El desafío de permanecer
A medio camino de su implementación, el proyecto ya deja huellas visibles: comunidades que
dialogan, autoridades locales más conscientes y niños que observan el agua como un bien
común. Pero el camino recién empieza. “Lo más importante —dice Norma— es la
concientización y el involucramiento. Que se den cuenta de que tienen mucho potencial y que
no pueden deteriorar todo por explotar un solo recurso”.
Béjar coincide: “El reto será consolidar el comité de microcuenca y articularlo con otras zonas,
porque más allá de Vinicunca hay lagunas, pinturas rupestres, puentes coloniales, cultura viva.
Hay un territorio entero que merece ser cuidado”.
Mientras el río Tigre sigue su curso y la montaña de colores se multiplica en miles de
fotografías diarias, algo cambia en silencio. Las comunidades que antes no se hablaban ahora
comparten una mesa. Los niños que antes solo veían turistas ahora son guardianes y vigilantes de la calidad del agua. Y las agencias que antes solo extraían comienzan a preguntar cómo pueden devolver.
Porque en Cusipata, el verdadero color de la montaña no está en sus vetas minerales, sino en
las manos que aprendieron a gobernar el territorio que les pertenece.

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Perú

Joven soldado murió por causa de un impacto de bala en el tórax en Ayacucho

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Un soldado que se encontraba de servicio en el puesto de vigilancia Nro. 6 del Batallón
Contraterrorista Nro. 42, en Canayre, en Huanta (Ayacucho), murió como consecuencia de un
impacto de bala que se alojó en el costado izquierdo de su tórax. Se trata de Edison Warri
Florido Alania, quien aún con signos de vida fue trasladado vía aérea hacia el centro de Salud
de Pichari, provincia de La Convención (Cusco).
Lamentablemente, dejó de existir antes de llegar al Helipuerto de la zona.
Al respecto, el comando especial del Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), a través
de nota oficial Nro. 010, informó que el soldado “´presuntamente se habría autolesionado”,
sufriendo el impacto de la bala en su cuerpo.
Este lamentable hecho, ocurrió el sábado 11 de octubre a las 08:50 de la noche, cuando el
joven cumplía su turno de guardia.
Tras conocerse, el incidente, el comando Vraem, informó al fiscal de Turno, Fiscal de Delito
Común de la Fiscalía de Ayna – San Francisco, quienes conjuntamente que el equipo forense
de la Policía Nacional del Perú, fueron movilizados en helicóptero para el levantamiento del
cadáver, el mismo que fue trasladado a la morgue de Pichari para las diligencias de ley.
Finalmente, se da cuenta que se dispuso que personal de la inspectoría de la 2da Brigada
Infantería se constituya en el lugar de los hechos, con el propósito de realizar las
investigaciones del caso, para esclarecer las circunstancias que rodean su deceso.

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Perú

Más de 2 mil áreas degradadas por residuos municipales identificó la OEFA a nivel nacional

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Más de 2026 áreas degradadas por causa de los residuos sólidos municipales se identificaron a nivel nacional, de los cuales 1975 de los terrenos afectados podrían ser recuperados, informó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA.
Según el mencionado reporte, las regiones con mayor número de botaderos categorizados
para recuperación son Áncash (8.05 %), Cajamarca (7.89 %) y Ayacucho (7.39 %). Las 51 áreas restantes fueron clasificadas para reconversión, principalmente en Junín (66.3 %) y Cusco (21.56 %).
La mayor zona con áreas degradadas en un nivel muy alto se ubica en la provincia de La
Convención.
Así lo detalla el Inventario Nacional de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, publicado en
agosto de 2025.
El OEFA precisó que, a través del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA), las
municipalidades pueden consultar la ubicación y características de cada área degradada, así
como conocer su clasificación y estado administrativo. Esta plataforma también permite a los
gobiernos locales presentar información para acogerse a los beneficios del Decreto Supremo
N.° 001-2025-MINAM.

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