• Comunidades del Bajo Urubamba exigen respuestas tras la emergencia del 1 de marzo en el gasoducto de Camisea.

Pobladores, colonos y dirigentes del Bajo Urubamba se movilizan hacia la comunidad nativa de Camisea, en el distrito de Megantoni. Buscan iniciar un paro indefinido. Reclaman la falta de atención de las autoridades y de las empresas que operan el gas de Camisea.
La protesta apunta a Transportadora de Gas del Perú (TGP). Las comunidades denuncian que la empresa no atendió a los afectados por la deflagración del ducto. El hecho dejó a medio país sin gas por varios días y elevó el costo de la gasolina y la electricidad.
La medida fue anunciada con anticipación. Desde el 1 de marzo, cuando ocurrió la emergencia en el KP 43 del gasoducto, los pobladores sostienen que no se tomaron acciones para contener la contaminación ni para atender a los afectados.
El incidente ocurrió en el sistema de transporte de gas de TGP y generó impactos ambientales y sociales en la zona. Las comunidades esperaban respuestas en una reunión convocada para el 26 de marzo con la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (PCM). La cita se reprogramó. Desde entonces, no hay nueva fecha ni avances en el diálogo.
Ante ese escenario, autoridades locales, organizaciones indígenas, colonos y jefes comunales decidieron iniciar el paro desde hoy. Los dirigentes dicen que no solo buscan esclarecer lo ocurrido. También exigen que se prioricen los intereses de la población local frente a la explotación de recursos naturales. “Mientras millones de soles se generan por el gas, nuestras comunidades siguen esperando respuestas”, señalaron.
Tras el anuncio, según los pobladores, un helicóptero trasladó a decenas de policías al sector Túpac Amaru. El objetivo sería reforzar la seguridad de las instalaciones y del ducto.
En Megantoni, todavía esperan que el Gobierno y las empresas abran un diálogo real en los próximos días. Si no ocurre, el conflicto puede escalar en una de las zonas clave para la producción de gas.

La culminación del Hospital Antonio Lorena de Cusco presenta un avance superior al 90%, informó el gerente regional de Salud, Jorge Farfán Ochoa, quien destacó que «debe cumplirse» la entrega del nosocomio en junio de este año.
“Estamos a más del 90%. Ya se encuentran en el proceso de instalación de los últimos equipos y en la etapa de capacitación. El presupuesto para el personal se terminará de definir el 24 de abril para que, a través de una demanda adicional, se asignen los recursos respectivos”, declaró el funcionario.
Agregó que el gobernador ha realizado las coordinaciones pertinentes con el nivel nacional y que están “únicamente a la espera de que las precisiones en el plan de operatividad culminen” este 24 de abril; a partir de esa fecha, iniciarán las gestiones presupuestales.
En cuanto al anuncio de entrega del hospital para junio, el gerente indicó que “debe cumplirse” con dicha fecha, pues es “el deseo que tenemos todos”, y subrayó que la gestión trabaja intensamente en la siguiente fase: la puesta en funcionamiento.
Finalmente, sobre los pagos pendientes a la empresa constructora, afirmó desconocer los detalles técnicos, pero aseguró que dicho presupuesto ya está garantizado. Reiteró que su gerencia está enfocada exclusivamente en la operatividad del centro de salud.

La familia y ciudadanos de la provincia de Anta exigen justicia y cadena perpetua para Jesús Arriaga Huamán (25), “colectivero” acusado de secuestrar y asesinar a la niña A.L.P.CH. (12), después de ofrecerle el servicio de traslado en su minivan.
La mañana de este miércoles 15 de abril se tenía previsto la reconstrucción de los hechos en la vivienda del investigado, ubicado en la comunidad de Haparquilla, sector Santa María; pero la diligencia, por medidas de seguridad, se suspendió.
Sin embargo, los familiares y vecinos de la escolar se asomaron de forma pacífica, para exigir justicia tras las investigaciones y que Arriaga Huamán sea encarcelado de por vida.
Un oficial de la Policía Nacional conversó con ellos, les explicó el protocolo ante una desaparición, pues aun persiste la impotencia en la población, del por qué la policía el día de la desaparición no la buscó y más aún pidió, increíblemente, evidencias.
“Queremos que se haga justicia, la policía protege a los delincuentes, a los asesinos”, decía un familiar incómodo, pues mientras se informaba de la suspensión de la diligencia, aparentemente les filmaban desde la vivienda del “colectivero”.
La reconstrucción de los hechos es una diligencia que se llevará a cabo para esclarecer la presencia de sangre en una habitación, en una herramienta como es una comba y con la cual habría sido victimada la niña, además de más sangre en prendas de vestir que utilizó Arriaga Huamán el día que llevó en su minivan a la pequeña.
La población de Anta no sale de la indignación y convoca a una movilización para expresar su rechazo a la violencia y exigir justicia, medida que lo acatarán este viernes 17 de abril desde las 5 y 30 de la tarde. Recomiendan asistir con polo blanco, pañoleta morada y una vela.