Indica que no se respetan parámetros nacionales e internacionales

La Federación de Trabajadores del Cusco, lamentó que la Dirección Desconcentrada de Cultura, se haya mantenido en silencio tras las intervenciones, “caprichosas” y sin mayor socialización que realiza la Municipalidad provincial a nivel de la Paccha de San Blas, la plazoleta de Santa Catalina y la Alameda Pachacútec.
Así se dio a conocer, en un pronunciamiento suscrito por el secretario general, Juan Castillo Olmedo, en calidad de vecino del centro histórico de San Blas.
La FDTC recordó a la DDC, “que toda intervención en el Centro Histórico por ser patrimonio de la Humanidad tiene parámetros y reglamentos nacionales, internacionales y municipales que deben cumplirse y que ahora no existen para los casos que se denuncian, permitiendo, sin embargo, a toda luz, la presencia de retroexcavadoras de alto tonelaje que han roto la loza de la Paccha de San Blas, lo cual demuestra una clara contradicción en su labor de fiscalización”.
Cae señalar que en el punto 3 del pronunciamiento, se indica además que “ninguno de esos expedientes, para realizar dichas intervenciones, fueron mostradas, socializadas con el pueblo del Cusco.
La FDTC, además deja entrever que la idea, en el fondo, es destruir el legado del alcalde Daniel Estrada Pérez , con el fin de cambiar conceptos culturales que marcan la identidad de un pueblo que ha resistido en el tiempo, por lo que exigen a la municipalidad respeto a la monumentalidad y el contexto urbano arqueológico que lo representa frente a otras ciudades y que la hace única, en el mundo.
Finalmente, la FDTC, demandó al colegio de arquitectos, de arqueólogos, historia que tienen sus sedes, en este barrio, así como a las universidades emitir un pronunciamiento técnico profesional, al respecto.

Esta región recibe millones por este concepto, pero esa riqueza no ha ayudado a cerrar brechas básicas. En muchas provincias todavía hay pobreza, servicios precarios y una gestión pública sin eficiencia y manchada por la corrupción.

El presupuesto de muchos gobiernos regionales y municipalidades provinciales y distritales no se explica sin el canon y las regalías mineras y gasíferas. En algunos casos, estos recursos representan alrededor del 70 % del total disponible para ejecutar obras. Es decir, siete de cada diez soles que financian obras, servicios y el funcionamiento del Estado subnacional provienen directamente de la actividad extractiva minera y gasífera.
La región Cusco recibió, solo en 2024, unos 3,000 millones de soles por canon y regalías gasíferas y mineras, vinculadas al proyecto Camisea, en la provincia de La Convención, así como a las actividades mineras en Chumbivilcas y Espinar. En La Convención, de donde se extrae el gas, ese flujo ha llegado a superar los 1,000 millones de soles anuales. En términos presupuestales, estas transferencias explican más de los dos tercios del gasto regional y una proporción aún mayor en los municipios distritales de esa provincia.
El año pasado, La Convención absorbió más de la mitad del canon y las regalías gasíferas de toda la región, con más de mil millones de soles, mientras que Chumbivilcas y Espinar encabezaron las transferencias por renta minera, al concentrar más del 50 % de todo el canon minero regional. Por su parte, el Gobierno Regional del Cusco recibió más de 718 millones de soles por canon minero y gasífero.
Ese dinero que, en teoría, debería traducirse en obras, servicios y cierre de brechas; pero eso no sucede. En estas localidades, los niveles de pobreza, anemia y desnutrición superan el promedio nacional, mientras que los servicios básicos siguen siendo insuficientes. Según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), dieciocho de cada cien cusqueños se encuentran en condición de pobreza monetaria.
Es cierto que el canon sirve para financiar infraestructura y también para garantizar el funcionamiento cotidiano del Estado en las regiones, pero esta dependencia también tiene costos. Las regiones altamente vinculadas al canon son más vulnerables a la volatilidad de los precios internacionales de los minerales y a las decisiones de inversión de las grandes empresas extractivas. Cuando los ingresos caen, los presupuestos disminuyen.
A ello se suma un problema más difícil de enfrentar: la limitada capacidad de gestión y la baja calidad del gasto. Estos recursos no siempre se destinan a cerrar brechas sociales ni a atender las necesidades de la población. Así, regiones y municipios con presupuestos millonarios tienen dificultades para impulsar obras de calidad.
Al respecto, Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, señaló, en un evento organizado por REDES, que regiones como Cusco enfrentan una crisis en la eficiencia del gasto público. Esto se traduce en obras paralizadas, proyectos de escaso impacto y carencias en servicios básicos de infraestructura, salud y saneamiento.
Santoyo planteó la necesidad de establecer una planificación articulada entre el gobierno regional, las municipalidades y el sector privado para priorizar la inversión del canon y convertirla en mejores servicios públicos.
A ello se deben sumar medidas urgentes para fortalecer los controles institucionales y prevenir actos de corrupción. Y es que más de una docena de anteriores y actuales alcaldes de La Convención son investigados: algunos presos y otros fugados, por presuntos actos de corrupción. La semana pasada, el alcalde de La Convención, Alex Curi León, pasó a la clandestinidad para huir de una orden de detención dictada por un caso de presunto cobro de coimas para favorecer con contratos.
Asimismo, dos exgobernadores regionales (Hugo Gonzales y Jorge Acurio) han sido condenados por corrupción, y otras exautoridades están siendo investigadas por esos mismos delitos.

Redacción La Última

De acuerdo a DS. 063 de la PCM

A través del Decreto Supremo Nro. 063 de la Presidencia del Consejo de Ministros, se prorrogó, por 60 días más, el Estado de Emergencia declarado en diversos distritos de las regiones de Cusco, Ayacucho y Junin a partir del 7 de mayo del presente año , con el fin de hacer frente a la comisión de delitos como tráfico ilícito de droga y diversas situaciones de violencia en estas zonas.
En el caso del Cusco, esta disposición alcanza a distritos de Kimbiri, Villa Kintiarina, Villa Virgen, Echarate, Megantoni, Kumpirushiato, Cielo Punco y Manitea de la provincia de La Convención. En Ayacucho, el estado de emergencia se amplía en los distritos de Anco, Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay, Río Magdalena y Unión Progreso de la provincia de La Mar, así como en los distritos de Pangoa y Río Tambo de la provincia de Satipo del departamento de Junín.
Según esta norma, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.
Se excluye del ámbito de aplicación del presente Decreto Supremo Nro. 063 de la PCM a los centros poblados Puerto Ocopa y Quiteni del distrito de Río Tambo de la provincia de Satipo del departamento de Junín y al centro poblado de Kiteni del distrito de Echarate de la provincia de La Convención del departamento de Cusco; así como las Franjas Territoriales denominadas “Eje Energético del Gas de Camisea”, la cual abarca una distancia de ocho (8) kilómetros a cada lado del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural, desde el Centro Poblado Nuevo Mundo en el distrito de Megantoni de la provincia de La Convención del departamento de Cusco, hasta el distrito de Anco de la provincia de La Mar del departamento de Ayacucho; y, “Corredor Operacional Fluvial – Terrestre del Ene”, que abarca un espacio territorial hacia ambas márgenes del Río Ene.