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Los tres objetivos de los mineros informales para no formalizarse

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Los mineros informales —e ilegales— no están satisfechos con la ampliación, por seis meses,
lograda el año pasado, del plazo de formalización en el Registro Integral de Formalización
Minera (Reinfo). Ahora buscan que la Comisión de Energía y Minas del Congreso recoja sus
propuestas, en audiencias públicas, y las incluya en el dictamen del proyecto de Ley para la
Formalización de la Pequeña Escala y Minería Artesanal (Ley MAPE), impulsado por el Ejecutivo y que debería reemplazar al Reinfo.
Ismael Palomino, coordinador general de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y
Minería Artesanal del Perú (Confemin), confirmó que han presentado cinco propuestas a la
comisión del Congreso para que sean incluidas en el dictamen de la Ley MAPE. Tres de ellas, en la práctica, impedirían el proceso de formalización.
Asimismo, en la II Audiencia Descentralizada de la Comisión, el presidente de la Federación
Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe),
Celso Cajachagua, dijo que si la ley no se discute con el pueblo saldrá mal. “Nosotros queremos aportar propuestas que hemos trabajado y esperamos un avance”.
Primer objetivo
El primer planteamiento es que el proceso de formalización sea permanente, como cualquier
otra actividad económica.
“Hasta el día de hoy, la formalización ha tenido plazos: dos años, tres años; ahora, por último,
nos han dado seis meses. ¿Por qué nos ponen plazos? ¿Por qué no puede ser permanente,
como cualquier otra actividad?”, cuestionó Palomino.
Dijo que el gobierno debería permitir esa actividad como cuando alguien decide abrir una
farmacia: tramita la licencia en la municipalidad y empieza a funcionar.
“De igual forma debe ser la actividad minera. Ese es un planteamiento de la Confemin Perú”,
señaló el dirigente minero.
SEGUNDO OBJETIVO
Un segundo objetivo es que la Ley MAPE reconozca la práctica de la minería ancestral o
tradicional y disponga medidas para su preservación. Palomino refirió que la mayoría de los
mineros pertenece a esta categoría y reconoció, al mismo tiempo, que ninguno ha iniciado el
proceso de formalización.
“Queremos que se reconozca esa minería ancestral y tradicional”.
En concreto, quieren que la ley incluya políticas públicas para preservar y mejorar las
condiciones de vida de los mineros ancestrales o tradicionales. Esto obligaría al Estado, por
ejemplo, a entregar a un minero el título habilitante de minero ancestral, con derecho de
exploración y explotación, sin ningún compromiso de formalización ni obligación de cumplir las
normas que regulan el sector, según el abogado Natale Amprimo.
Amprimo advirtió que esto, en vez de contribuir a la formalización y sostenibilidad de la
actividad minera, promovería una norma que eventualmente sería usada para encubrir
actividades informales e ilegales en zonas prohibidas, como las áreas naturales protegidas.

TERCER OBJETIVO
El tercer objetivo de los mineros informales es que la Ley MAPE considere la entrega de
derechos de servidumbre. Según Palomino, si un minero no llega a un acuerdo con el
concesionario donde hay reservas mineras, podrá solicitar al Gobierno Regional o al Ministerio
de Energía y Minas el derecho de servidumbre de explotación sobre “esa labor que está
desarrollando”.
“Actualmente hay acaparamiento de extensas hectáreas en concesiones que no se trabajan
durante 20 o 30 años. Por lo tanto, eso se calificaría como concesiones inactivas en cinco años; deberían ser revertidas al Estado y concesionadas a aquellos mineros que trabajan en esas áreas”, explicó Palomino.
A su vez, Cajachagua también insistió en que el contrato de las concesiones mineras debe
cambiar. “No puede ser que un titular que nunca ha ido a la mina, a pesar de ser su concesión, le diga en forma abusiva ‘te vas’ a los mineros que han trabajado años”, dijo.
Si los mineros logran sus objetivos, será difícil erradicar la informalidad y la ilegalidad en la
minería a pequeña escala. Y seguirán aumentando las extorsiones, los cobros de cupos, la
prostitución, etc.

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Cusco

Joven de 20 años con leucemia en Cusco requiere urgentemente donantes de sangre y ayuda económica

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El señor Gabino Ramos Arabia, un agricultor procedente del distrito de Checacupe, solicita con urgencia el apoyo de la población cusqueña para salvar la vida de su hijo Alex, de 20 años. El joven padece de leucemia aguda desde hace cinco años y actualmente se encuentra internado en el área de Oncología (cuarto piso, cama 470) de un Hospital Regional en la ciudad del Cusco, afrontando momentos difíciles tras sufrir severas recaídas.
Debido a constantes sangrados y a la complejidad de las quimioterapias, el personal médico le requiere con urgencia transfusiones diarias de sangre y plaquetas. El banco de sangre le exige la reposición de aproximadamente 80 unidades para continuar facilitando el tratamiento que el joven necesita para su recuperación, situación que angustia a su progenitor por la falta de allegados en la zona.
Al no contar con familiares cercanos ni redes de apoyo en Cusco, el señor Ramos ha tenido que recurrir a colocar anuncios e impresos en puertas de universidades e instituciones públicas. Además, el tipo de sangre de su hijo es universal, lo que permite que cualquier persona en disposición de donar pueda acudir y colaborar directamente a favor de este caso.
La situación económica de la familia es sumamente vulnerable; la víctima trabajaba previamente en la Municipalidad de Checacupe, pero tras perder su empleo se quedó sin seguro social. En la actualidad, su padre permanece de tiempo completo a su cuidado, mientras que su esposa y sus otros dos hijos menores (de 18 y 12 años) permanecen en su pueblo natal subsistiendo gracias a la solidaridad de vecinos y familiares.
Para todas las personas de buen corazón, colectivos o instituciones que deseen colaborar con donaciones de sangre o ayuda económica para cubrir los gastos de hospedaje y alimentación, pueden ponerse en contacto directo con el señor Gabino Ramos Arabia al número telefónico 910 711 005.

Redacción La Última

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Cusco

Defensoría del Pueblo: Cusco no cuenta con banco de piel y perjudica atención de personas con quemaduras

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Tras el reciente incendio forestal que dejó a dos menores con graves quemaduras en la provincia de Acomayo, el representante de la Defensoría del Pueblo, Alan Díaz, informó que la región no cuenta con un banco de piel. Esto dificulta la recuperación de los pacientes, quienes deben ser derivados de emergencia a Lima.
Asimismo, el funcionario señaló que, a pesar de las constantes advertencias, las personas continúan provocando incendios forestales, una problemática que se incrementa cada año y daña gravemente a la región. Como en este caso, las consecuencias son «lamentables» para las vidas humanas, la flora y la fauna, por lo que instó a dejar de lado estas costumbres e hizo un llamado al COER (Centro de Operaciones de Emergencia Regional) para que continúe con las capacitaciones.
En ese sentido, llamó la atención a las comunidades y a los alcaldes para que prohíban y erradiquen estas prácticas en sus jurisdicciones. Por su parte, la Policía Nacional manifestó que el caso se encuentra en investigación para determinar a los responsables.
Menores perdieron la vista en el incendio
El funcionario explicó que estas malas prácticas, específicamente el tradicional «roce» o quema agrícola que se realiza con fuego, terminan saliéndose de control. Los menores afectados Rosmeri (11) y Clinton (18) presentan el 80% del cuerpo con quemaduras, una situación que debe llamar la atención de toda la ciudadanía. «hasta la vista han perdido», lamentó.
Finalmente, al cierre de esta edición se conoció que la menor de 11 años murió tras no resistir las graves quemaduras que presentaba.

Redacción La Última

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Perú

La minería infantil no ha podido ser erradicada de La Rinconada

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Más de veinte años después de que se documentara el trabajo infantil en La Rinconada, menores aún trabajan en el pallaqueo y los socavones. Las autoridades reconocen que no existe una cifra precisa. El problema también aparece en Cajamarca, Piura y Cusco.


Entre 2000 y 2004, Braulio tenía 14 años y trabajaba en una mina informal de La Rinconada. Era quimbalatero. Pasaba sus días triturando piedras, como muchos otros niños que trabajaban en las minas de esta zona de Puno.
Un proyecto del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización Internacional del Trabajo lo encontró allí. Braulio les contó: “Un día, no me sentía bien, estaba muy cansado y me caí varias veces. A la salida de la mina, se volcó mi carretilla y se cayó todo el mineral. El capitán (…) me pateó fuerte por lo sucedido”.
En ese periodo, el IPEC atendió a más de 2 500 niños como Braulio. Han pasado más de veinte años y, en La Rinconada, todavía hay niños que trabajan en las minas.
Carmen Choquehuanca, directora regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Puno, confirma que estos casos persisten. El Consejo Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil ha identificado a La Rinconada y Sandia como las zonas mineras con mayores tasas de trabajo infantil y niveles de peligro y vulnerabilidad.
En ambas zonas hay niños que trabajan junto a sus madres. Algunos hacen pallaqueo, actividad que consiste en seleccionar y recuperar minerales, oro o plata, entre desmontes y relaves de grandes minas. Otros entran a los socavones. “Eso es lo que nosotros hemos encontrado en el trabajo que hemos realizado”, dice Choquehuanca.
La escena se parece a la de hace décadas en el Cerro Rico, en Bolivia. Niños ingresaban a pequeños socavones para extraer minerales. En Puno, dice la funcionaria, la Fiscalía, la Policía y Sunafil han realizado intervenciones en Sandia, San Juan del Oro y La Rinconada. Encontraron niños dedicados al pallaqueo.
Explotados y rechazados
Las autoridades no han podido determinar cuántos niños son sometidos a trabajar en esas zonas mineras. De acuerdo con Choquehuanca, “hay una cifra oscura de niños que trabajan y trabajarían dentro de socavones”.
Unos trabajan junto a sus hermanos menores, saben manejar dinamita en los socavones y realizan estas labores de noche. Durante el día estudian. “Esos niños dicen que ir al colegio es una bendición, porque el trabajo en las minas es bien cansado”, recuerda la funcionaria.
Pero para algunos, ir a la escuela tampoco resulta sencillo. Los niños mineros contaron que tienen dificultades con sus compañeros. Cuando se enteran de que trabajan en una mina, les ponen apodos. “Son robapiedras, tragadores de polvo”, les dicen, cuenta Choquehuanca. “Les ponen esos adjetivos y, entonces, ellos se avergüenzan”.
Por eso, algunos prefieren no acercarse a sus compañeros. El trabajo termina ocupando un lugar más importante que el estudio o el juego con otros niños.
No hay datos precisos sobre cuántos niños mineros son. La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024 reveló que el 30,6 % de los niños de Puno trabaja y aporta dinero a casa. Ese porcentaje equivale a unos 100 000 niños. Estos niños realizan actividades en el comercio, el transporte urbano como cobradores de combi y labores agrícolas. No se sabe cuántos trabajan en la minería.
No solo niños llegan a las minas. Cerca de los socavones ilegales, bajo la sombra de locales nocturnos, también hay niñas y adolescentes que son explotadas. Muchas son captadas por mafias de trata de personas. Las engañan con ofertas de trabajo en un restaurante, como ayudantes en una tienda o para administrar un negocio. Cuanto llegan al lugar, les quitan sus documentos y las retienen para usarlas como “damas de compañía” y someterlas a explotación sexual.
Quienes los llevan a trabajar
Los niños de Puno a veces son llevados por sus padres o familiares que trabajan en minas. Pero no siempre es así. Otros son captados y llevados por la fuerza. Son explotados en socavones y labores de pallaqueo.
“Si se detecta este tipo de personas que tienen a niños trabajando en contra de su voluntad, en trabajos de minería forzada, la pena privativa es mínimo de 10 años de prisión”, precisa Choquehuanca.
También están los niños que se quedaron huérfanos y asumen responsabilidades de adultos. Una mina puede representar para ellos una oportunidad de ganar dinero, aunque sea en condiciones de explotación. La mayoría, según Choquehuanca, elige la minería porque allí puede ganar más dinero que en otro trabajo.
“Se han detectado niños que asumen el rol de papá, niños que han perdido a temprana edad a sus padres y se ven en la obligación de generar ingresos económicos para apoyar a su mamá con los gastos o a sus hermanos menores”, explica Choquehuanca.
Casos en otras regiones
No solo hay niños mineros en minas de Puno. En Cusco parecía que no había casos, hasta que la Fiscalía realizó un operativo en minas a tajo abierto ilegales en Choccoyo, Chumbivilcas. El 8 de setiembre último destruyeron pozas de lixiviación y maquinaria, detuvieron en flagrancia por minería ilegal a once personas e intervinieron a otras siete. Una de ellas era un adolescente de 16 años.
Un mes antes, en Piura, durante un operativo en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, encontraron a tres adolescentes. Se encargaban de embolsar minerales en una mina ilegal. Dos adultos fueron detenidos por presunta minería ilegal.
A unos 400 kilómetros de allí, en Cajamarca, encontraron que muchos escolares dejaron de asistir a clases en 2025 para ir a trabajar a minas ilegales. Eran alumnos de San Ignacio, Jaén, Cajabamba y Contumazá. Aquella vez, Roy León Rabanal, representante de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, mostró su preocupación por las condiciones “deplorables” en que trabajaban y, sobre todo, porque postergaban su educación.
Más de dos décadas desde que la OIT detectó casos de niños explotados en minas, en La Rinconada y otras zonas mineras del país todavía se encuentran a muchos niños que entran a las minas para sacar minerales o que pasan sus días pallaqueando entre desmontes y relaves.

Redacción La Última

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