Reinfo sirvió para encubrir actividades de mineros ilegales

El secuestro, la tortura y la ejecución de 13 trabajadores en la provincia de Pataz, en La
Libertad, a manos de delincuentes contratados por mineros ilegales, confirmó el fracaso del
Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), una herramienta que, lejos de ordenar este sector, ha sido utilizada para encubrir actividades ilícitas.
El Tribunal Constitucional (TC) ya había advertido, en una resolución que sin embargo no
declaró inconstitucional la ampliación, que el Reinfo era utilizado “para encubrir las actividades
ilícitas de los mineros ilegales”, y exhortó al Ejecutivo y al Congreso a abstenerse de mantener
un sistema que exima de responsabilidad penal a quienes dañan el ambiente. “Tanto la
actividad ilegal como la informal —que es precisamente la que no acaba de reunir los
requisitos para formalizarse— han sido causantes de graves efectos perjudiciales para el medio ambiente”, señaló el Tribunal.
Al respecto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló en un
pronunciamiento que este mecanismo “ha servido para encubrir las actividades ilícitas de los
mineros ilegales”. Este gremio también condenó los hechos, exigió justicia y demandó al
Gobierno la aprobación de un verdadero plan de lucha contra la minería ilegal —más allá de
medidas paliativas, como el estado de emergencia—. Además, pidió poner fin a las sucesivas
ampliaciones del Reinfo, ya que este no ha funcionado y, por el contrario, ha permitido que
mafias actúen bajo la fachada de la formalización. “Demandamos que sus autores sean
identificados y sancionados con todo el peso de la ley”, reclamó.
Mientras que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) solicitó a la presidenta
Dina Boluarte que convoque a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
(Conasec) en Pataz y que se sancione a los autores materiales e intelectuales. “Es una escalada intolerable de violencia criminal que ha superado la capacidad de respuesta de la Policía y de otras autoridades”, advirtió la ANGR.
Ambas organizaciones coincidieron en que lo ocurrido con los 13 trabajadores en Pataz no es
un hecho aislado, sino consecuencia del avance de la violencia ocasionada por las economías
ilegales, que “buscan intimidar a la sociedad peruana y tomar por asalto la propiedad pública y
privada”.
El pedido es que se instaure un plan nacional contra la minería ilegal; que la Policía potencie
sus labores de inteligencia, con el fin de articular estrategias para desarticular las redes
criminales que operan en La Libertad, Madre de Dios y otras zonas afectadas por esta
actividad; que el Ejecutivo establezca un marco normativo moderno y políticas públicas de
fiscalización ambiental, laboral y de seguridad en las zonas mineras; y que se implementen
mecanismos eficientes de trazabilidad del mineral extraído.
De igual forma, la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) consideró que las
ejecuciones constituyen una muestra más del abandono del Estado en zonas dominadas por
economías ilegales, donde la ley ha sido reemplazada por la violencia, la extorsión y la muerte. Según la CGTP, “las mafias de la minería ilegal han convertido a Pataz y otras zonas del Perú en tierra de nadie”.

EL FRACASO DEL REINFO
El proceso de formalización, iniciado en 2016 con la creación del Reinfo, fracasó. A pesar de
ello, el actual Congreso amplió su vigencia en diciembre de 2024 por otros seis meses y la
presidenta Boluarte no observó la ley.
Tras casi una década, solo dos de cada diez mineros lograron formalizarse: de 87,111 mineros
inscritos en el Reinfo, apenas 2,090 (2.4 %) se formalizaron; 68,817 (79 %) tienen la inscripción suspendida por incumplir los requisitos de vigencia, y 16,204 (18.6 %) continúan en proceso de formalización.
En las regiones del sur, la situación no es diferente. De 40,074 inscritos en el Reinfo, solo 1,748 (4.3 %) se formalizaron, y la mayoría tiene la inscripción suspendida. En Cusco, apenas 24 de 3,924 se formalizaron hasta agosto del año pasado. Las actividades mineras se concentran principalmente en las provincias de Quispicanchi y Chumbivilcas. En Quispicanchi, los mineros deforestan bosques en la Amazonía que colinda con Madre de Dios y contaminan los ríos; en Chumbivilcas, operan en Colquemarca, donde han comenzado a ocurrir asaltos a mano armada. Uno de los impulsores de la ampliación del Reinfo fue el congresista de Podemos Perú, Guido Bellido Ugarte.