El año 2025 registró un incremento significativo de visitantes a Cusco, con indicadores que alcanzan las 4 millones 200 mil llegadas al aeropuerto y un millón y medio de turistas en Machu Picchu. Estas cifras colocan a la región a pocos puntos de los niveles prepandemia de 2020, con una proyección similar para este 2026.

“En el primer trimestre tenemos un crecimiento sostenido de alrededor del 5%. Las proyecciones para este año son alentadoras. Al margen de la coyuntura política, que no ha sido ajena a la actividad turística, creemos que el 2025 fue un buen año y esperamos que el 2026 también lo sea. Desde los tres niveles de gobierno se planifica alcanzar los 4 millones 500 mil visitantes al Perú, el índice previo a la pandemia”, enfatizó el gerente.

El funcionario resaltó que parte de este trabajo incluye acciones en materia de seguridad, destacando que “Cusco es una de las ciudades más seguras”. Además, subrayó la labor de la Red de Protección al Turista, instancia que trabaja en la salvaguarda de los visitantes en todo momento.

Asimismo, se refirió a la promoción turística y la calidad del servicio, aunque reconoció que aún existen aspectos por superar, como la conectividad del transporte ferroviario y otros puntos que requieren una mejor gestión.

CIFRAS ACTUALES

En cuanto a Cusco, informó que recibe un promedio mensual de 200 mil turistas. Se espera que eventos como la feria Expo Amazónica congreguen a unos 120 mil visitantes adicionales en solo tres días, fortaleciendo así la recuperación del sector.

• En la última década, las regiones recibieron más de 17,000 millones de soles por ese concepto. Sin embargo, los cambios en las concesiones afectarían esas transferencias que sostienen el gasto público y pondría en riesgo obras y servicios básicos.

A inicios de enero, el Gobierno Regional del Cusco (GORE) recibió, por concepto de adelanto de canon, 31 millones 307 mil 261 soles; y los gobiernos municipales, en conjunto, 117 millones 402 mil 232 soles. Cabe precisar que esta transferencia es la primera; la segunda, que es más cuantiosa, se realizará entre junio y julio próximo.
Mientras tanto, en 2025, el GORE Cusco recibió transferencias por canon y regalías mineras por más de 786 millones de soles y logró invertir más del noventa por ciento. Ese mismo año, las 13 municipalidades provinciales y las más de 110 distritales recibieron transferencias por 2 840 millones de soles y alcanzaron una ejecución del noventa y uno por ciento.
Según un análisis de Videnza Instituto, la minería formal aporta recursos que, cuando son bien utilizados, contribuyen al desarrollo de las regiones. “En la última década, los gobiernos locales y regionales contaron en promedio con más de 17 000 millones de soles anuales en su presupuesto”, señala la institución.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el año pasado la gestión regional de Werner Salcedo Álvarez destinó esos recursos principalmente a planeamiento, gestión y reserva de contingencia, así como a salud y educación; mientras que los gobiernos locales los orientaron a agro y ganadería, planeamiento, gestión y reserva de contingencia, transporte, cultura y deportes.
Es cierto que varias autoridades no han usado adecuadamente el dinero del canon y las regalías; sin embargo, en la mayoría de las regiones esta fuente representa más del 70 y 80 % de su presupuesto.
Por esa razón, según el analista Iván Arenas, el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que busca modificar el régimen minero encareciendo las inversiones y reduciendo los plazos de concesión, afectaría directamente el canon y las regalías, sin contar con los cientos iniciativas que la minería formal impulsa directamente. En el mediano plazo, perjudicaría a la minería formal y, al mismo tiempo, reduciría el presupuesto de los gobiernos regionales y locales.
En Cusco, con recursos del canon se construyeron obras como el centro de salud en Chilloroya, en Chumbivilcas, donde hoy es posible realizar consultas por telemedicina con especialistas de la ciudad y se avanza en el asfaltado de la carretera de la carretera Colquemarca-Muyoqorco, en Chumbivilcas. Asimismo, unos 50 mil pobladores de Apurímac dejaron de viajar ocho horas hasta Cusco desde la construcción del puente Kutuctay, obra construida a través del mecanismo de Obras por Impuestos, que redujo el tiempo de traslado a cuatro horas.
Gasto de canon y regalías
En 2025, a nivel nacional, los gobiernos regionales con mayor ejecución de los recursos transferidos por canon y regalías fueron Junín (97.3 %), Áncash (96.7 %) y Ayacucho (95.6 %); mientras que los de menor desempeño fueron Tumbes (61.9 %), Huánuco (57.3 %) y Lambayeque (34.7 %).
En el caso de los gobiernos locales, la mejor ejecución se registró en las comunas de Tacna (93.7 %), Callao (93.2 %) y Cusco (91.3 %); mientras que el menor desempeño se observó en Cajamarca (65.3 %), La Libertad (65.1 %) y Ayacucho (64.8 %).
Sin canon, muchos gobiernos regionales y municipales verían recortado su presupuesto y se quedarían sin dinero para concluir obras e iniciar nuevos proyectos.

El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, presentó ante la fiscalía una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a tres altos funcionarios de esa entidad y al representante legal de la empresa GALAGA S.A.C por las presuntas irregularidades ocurridas durante las Elecciones Generales 2026.
Les atribuye los presuntos delitos contra el derecho de sufragio – atentado contra el derecho de sufragio; delito contra la administración pública – omisión, y rehusamiento o demora de actos funcionales en la contratación de la empresa GALAGA S.A.C. para la distribución de material electoral y los problemas que presentó la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) para el proceso electoral.
En el caso de Corvetto, la denuncia indica que, a pesar de la “crisis logística y tecnológica”, “mantuvo una conducta omisiva sistemática” y no informó oportunamente al Pleno del JNE la magnitud de la falta de material, permitiendo que la ciudadanía permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día.
Señala además que, ante la inminente e irreversible quiebra del sistema de instalación de mesas, “pretendió mitigar el impacto institucional anunciando que gestionaría la exoneración de las multas electorales para los ciudadanos impedidos de sufragar debido a la falta de material”, hecho que constituye “una aceptación tácita del incumplimiento de sus funciones esenciales como garante del proceso”.
En tanto, la denuncia atribuye a Edward Eloy Alarcón, gerente de Administración de la ONPE, haber presuntamente omitido activar los mecanismos de supervisión directa sobre la flota de GALAGA S.A.C., lo que permitió la vulneración de la seguridad nacional electoral al entregar el material a un tercero sin las garantías mínimas de fidelidad y control. Ello habría facilitado la obstaculización del desarrollo electoral por parte del proveedor privado.
Asimismo, precisa que José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de ONPE, habría permitido que “el sistema tecnológico sufriera un colapso sistémico reportado en locales de votación, donde la falta de reconocimiento de códigos y fallas en la verificación biométrica impidieron el inicio de la jornada electoral”.
Asimismo, la denuncia penal incluye a Ricardo Javier Saavedra Mávila, gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE.
De igual manera, contra Juan Charles Alvarado Pfuyo, en su condición de representante legal de la empresa GALAGA S.A.C.
El procurador del JNE, en declaraciones a RPP, puntualizó que el JNE considera que ha habido una serie de irregularidades que deben investigarse a nivel fiscal para que se determine la responsabilidad en estos hechos.
«Una vez que se abra la investigación, se va a realizar una serie de diligencias y se va a poder determinar si hay otras personas que estarían involucradas justamente estos hechos», aseveró. (Andina).