• El proyecto de presupuesto 2027 prevé una caída de 22,2 % en el gasto de capital del Gobierno Regional y las 116 municipalidades. El análisis de las cuentas públicas plantea una pregunta clave para la campaña electoral: qué pueden ofrecer los candidatos y, sobre todo, con qué recursos podrán hacerlo.

En Cusco, la discusión electoral también necesita responder una pregunta: ¿con qué recursos gobernarán las próximas autoridades?
Las propuestas de obras y servicios deben partir de una lectura del presupuesto: qué recursos se prevén, qué obligaciones existen y qué margen habría para asumir nuevas prioridades.
El economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), especialista en análisis de políticas públicas, elaboró un estudio que busca responder esa pregunta desde una perspectiva técnica. Un enfoque que resulta necesario frente a propuestas que, en muchos casos, no explican con qué recursos se financiarán ni cómo se sostendrán durante una gestión de cuatro años.
El análisis aborda las finanzas públicas del Gobierno Regional del Cusco y de sus 116 municipalidades y compara el presupuesto aprobado para 2026 con el proyecto de presupuesto para 2027.
La comparación muestra que el presupuesto total no cuenta toda la historia:
• La suma de las asignaciones regionales y municipales disminuiría 6,3 %, pero el gasto de capital caería 22,2 %.
• En el Gobierno Regional, la reducción del gasto de capital alcanzaría 45,3 %.
• En las municipalidades, el gasto de capital disminuiría 12,2 %, mientras que la asignación al servicio de la deuda aumentaría 82,2 %.
• Nueve de las 13 provincias y 70 de las 116 municipalidades presentarían una menor asignación de gasto de capital.
El cambio tampoco es uniforme entre territorios. La Convención concentra la mayor caída neta del gasto de capital municipal, mientras que los incrementos de Espinar y Chumbivilcas compensan parcialmente las reducciones de otras provincias.
Estas cifras no permiten concluir que habrá paralización de inversiones, insolvencia o menor ejecución. Analizamos asignaciones presupuestarias, no ejecución, y el proyecto de presupuesto para 2027 todavía puede modificarse. Además, el agregado excluye al Gobierno Nacional y no consolida las transferencias entre entidades.
Pero los datos sí ofrecen una base para una discusión necesaria. Las propuestas electorales deberían precisar qué se priorizará, quién tiene competencia para ejecutarlo, cuánto se requiere cada año, cómo se financiará y qué compromisos deben atenderse primero.
La planificación pública necesita dialogar con el presupuesto. No basta con identificar lo que queremos hacer. También debemos explicar cómo hacerlo viable y sostenible y dónde se requiere coordinación entre el Gobierno Regional y las municipalidades.

• Contraloría advierte que utilizó S/718 321 en una inversión que no califica como proyecto de inversión pública ni ayudará a cerrar brechas. Ese usó podría configurar el delito de malversación de fondos.

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Distrital de San Sebastián identificó dos situaciones adversas en el uso de los recursos provenientes del incremento del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún).
Para el año fiscal 2026, la municipalidad recibió S/2 218 321 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Estos recursos debían ser destinados para financiar proyectos de inversión pública que contribuyan al cierre de brechas sociales, como la pobreza.
El primer hallazgo se refiere a una inversión denominada “Remodelación de área administrativa y de atención al cliente; en el espacio de trabajo del personal y áreas de atención al ciudadano del local municipal”.
Según la verificación realizada en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del MEF, se trata de una Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR).
La normativa establece que los recursos del incremento del Foncomún deben destinarse únicamente al financiamiento de proyectos de inversión pública que contribuyan al cierre de brechas. La Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, además, precisa que las IOARR no son proyectos de inversión. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF, consultada por el OCI sobre este caso, confirmó que los recursos tienen como único destino el financiamiento de proyectos de inversión pública que contribuyan al cierre de brechas.
Pese a ello, la municipalidad destinó S/718 321 a la citada IOARR. OCI advierte que esta situación podría afectar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, porque reduce el monto disponible para financiar proyectos de inversión destinados a cerrar brechas. Utilizar recursos públicos para fines distintos de los establecidos por ley podría configurar el delito de malversación de fondos.
Tres inversiones no registran ejecución
El segundo hallazgo corresponde a la ejecución de los recursos. Al 17 de agosto de 2026, tres de las cuatro inversiones financiadas con el incremento del Foncomún registraban 0 % de ejecución presupuestal. En conjunto, estas inversiones tenían asignados S/1 718 321.
Una de ellas es la “Creación del servicio de movilidad urbana en la APV Villa Jardín Los Metodistas y la APV Metropolitano de Alto Qosqo”, que tenía S/500 000 asignados. La segunda es la remodelación del área administrativa, con S/718 321. La tercera es la “Creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales de la APV Las Praderas del Inca”, con S/500 000.
Para el OCI, esta situación podría afectar el uso eficiente de los recursos públicos y retrasar la atención de las necesidades prioritarias de la población. El informe recuerda que la Ley 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, establece que corresponde al titular del pliego conducir la gestión presupuestaria en todas sus fases y ejercer el control del gasto.

• El Órgano de Control Institucional advirtió que tres unidades asignadas a las agencias de Puno, Ica y T. Amaru no cuentan con certificado vigente. Otras siete deberán renovar su revisión técnica durante setiembre.

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco advirtió que tres de sus unidades circulan o podrían circular con certificados de inspección técnica vehicular vencidos. La situación podría generar sanciones y multas por parte de la autoridad competente.
La advertencia está contenida en el Informe de Orientación de Oficio 007-2026-OCI, elaborado luego de una revisión realizada en el sistema web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Según el documento “Registro de activos fijos al 17 de agosto de 2026”, Caja Cusco cuenta con 113 camionetas, 21 automóviles y un bus en estado operativo.
De las 135 unidades, tres camionetas Toyota Hilux, modelo 2018, figuran con el certificado de inspección técnica en estado “vencido”. Se trata de los vehículos: X4M-765 de la agencia Puno Centro, X4M-741 de la agencia Ica y X4M-734 de la agencia T. Amaru.
Una infracción muy grave
El OCI señala que esta situación contraviene el Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, que establece que solo pueden circular por las vías públicas los vehículos que hayan aprobado la inspección técnica correspondiente.
La normativa también dispone que la Policía Nacional fiscalice que los vehículos que circulan cuenten con la inspección técnica aprobada.
De acuerdo con el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, circular sin la revisión técnica vigente constituye una infracción “muy grave”. La sanción contempla una multa equivalente al 50 % de una UIT, la retención del vehículo y la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor.
La Caja Cusco cuenta, además, con una directiva interna para el uso, control y mantenimiento de sus vehículos, aprobada el 30 de octubre de 2024. Esta establece que las gerencias deben realizar controles periódicos de la documentación vehicular y comunicar cualquier anomalía al área de Servicios Generales.
Siete vehículos por vencer
El OCI también alertó que otros siete vehículos de Caja Cusco tendrán vencida su inspección técnica durante setiembre de 2026.
Las unidades corresponden a las placas X4M-735, X5A-926, X4M-755, X5M-296, X3W-891, X4M-764 y X4M-757.
Ante ambas situaciones, el órgano de control recomendó al presidente del Directorio de Caja Cusco, Luis Fernando Vergara Sahuaraura, adoptar medidas preventivas y correctivas en un plazo máximo de cinco días hábiles.
También deberá comunicar al OCI las acciones adoptadas para corregir las observaciones advertidas.