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Gobierno no conoce ni sabe cómo enfrentar la minería ilegal
La minería ilegal empezó aproximadamente en 2003 y, desde entonces, ha crecido tanto que se ha convertido en una amenaza para la economía y la seguridad nacional. Es una actividad actualmente vinculada al sicariato, la extorsión, los ajustes de cuentas, la trata y explotación de personas, y la corrupción.De este problema se ocupan especialistas, funcionarios y algunas autoridades. Ellos saben que esta actividad ocasiona daños ambientales, genera riesgos a la salud por el uso de mercurio y amenaza la vida de los peruanos.Martín Arana, líder de Gestión Territorial Amazónica de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), es uno de ellos. Arana expuso en el conversatorio “Estimaciones sobre la dimensión de la minería ilegal en el Perú- 2025”, un reporte sobre la dimensión de la minería ilegal en el Perú entre 2003 y 2023.Para elaborarlo, analizó 16 estudios sobre minería ilegal realizados en esos 20 años, los cuales abordaron las brechas entre exportaciones de oro y volúmenes de producción. Una tercera parte de los estudios fue publicada en 2024.El especialista realizó estimaciones mínimas y máximas de los volúmenes de producción de oro y del valor de su comercialización. La producción mínima estimada entre 2003 y 2023 fue de 475.83 toneladas, con un valor de comercialización de 23,361.48 millones de dólares; la producción máxima fue de 3,620.09 toneladas, vendidas por 165,357.57 millones de dólares. El auge de esta actividad empezó en 2014. El pico más alto de producción fue en 2018, y el de valor de comercialización, en 2023. Es probable que el año pasado se hayan batido todos los récords debido al aumento del precio del oro, que superó los 3,200 dólares la onza.En contraste, mientras aumentaban las ganancias, los recursos públicos para luchar contra los mineros ilegales se redujeron en 37 % desde 2019. Ese año el presupuesto fue de 121 millones de soles, y para 2024 disminuyó a 89 millones. “Es como pretender matar dragones con matamoscas”, dijo Arana.SE SABE POCOUno de los problemas más graves, según Arana, para enfrentar a los ilegales, es que el Estado no cuenta con un sistema integral de monitoreo de la minería ilegal. No se puede entonces dimensionar, optimizar ni hacer efectivas las políticas públicas para combatirla.“La falta de variables e indicadores para dimensionar la minería ilegal, acordes con la realidad, se refleja en la insuficiencia o ineficacia de las medidas”, anotó.Al respecto, Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías para la Conservación de ACCA, consideró importante la creación de un sistema de monitoreo integrado, como el que existe para el caso de la hoja de coca. Así sería más fácil contrastar los niveles de producción de oro con los de exportación. Dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Sunat deberían trabajar como parte de ese sistema.Asimismo, Dante Vera, director y fundador de V&C Analistas, expuso la necesidad de que el Estado realice un censo para saber cuántos mineros hay, cuántos trabajan en las minas y en qué áreas. Solo así, dijo, se pueden dictar medidas efectivas.LA CRIMINALIDADCon el secuestro, tortura y ejecución de 13 trabajadores en Pataz, La Libertad, vimos el nivel de violencia que rodea a la minería ilegal.Frank Almanza, coordinador nacional de las Fiscalías de Medio Ambiente (FEMA), reconoció que hay alrededor de diez lugares en el país donde, si no se toman medidas en el corto plazo, puede haber violencia como la de Pataz. “No estamos avanzando; estamos retrocediendo en tiempos en los cuales la criminalidad se está desbordando”.Almanza también admitió que, a pesar del incremento de denuncias por minería ilegal y delitos afines, las tasas de sentencias son mínimas, debido a las normas que se aprobaron en el Congreso, y porque los recursos son escasos y las carencias, grandes.Por ejemplo —dijo— la minería ilegal no puede ser investigada como organización criminal porque las penas no superan los cinco años, como se exige. “Minería ilegal es sacar oro, pero no es delito el transporte ni la venta. Son conductas típicas, pero no son sancionables. Tenemos absoluta carencia de normas”, explicó el fiscal.Tampoco se pueden hacer denuncias a causa del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). “Si queremos hacer una denuncia penal, el informal tiene un escudo protector que es el Reinfo, un Reinfo que pareciera que se quiere perpetuar”.
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Gobernador Werner Salcedo inauguró nueva institución educativa Antonio Raymondi de Saylla
Obra iniciada, obra concluida; un hito para la igualdad de oportunidades y el desarrollo social.
En un día histórico para el distrito de Saylla, el Gobierno Regional Cusco inauguró la nueva
infraestructura de la institución educativa ‘Antonio Raymondi’, obra emblemática que marca
un avance concreto en el cierre de brechas educativas y en la promoción de igualdad de
oportunidades para la niñez y juventud de la región.
La moderna infraestructura ejecutada bajo la modalidad de administración directa, representa
una inversión de 23,837,537.63 y beneficiará de manera directa a más de 4 600 habitantes y
permitirá, también que los estudiantes accedan a un servicio educativo seguro, inclusivo y
adaptado a las exigencias de la jornada escolar completa.
La obra diseñada para responder a una necesidad histórica del distrito cusqueño ahora cuenta
con un espacio educativo digno porque durante años, cientos de estudiantes estudiaron en
ambientes precarios, con limitaciones en infraestructura y equipamiento. Incluye 3
componentes fundamentales: infraestructura moderna y adecuada, equipamiento pedagógico
de última generación y el fortalecimiento de competencias docentes y participación de
familias.
De esta manera, Saylla cuenta con 20 aulas pedagógicas totalmente equipadas, laboratorios de física y química, biblioteca moderna, talleres de arte, educación para el trabajo e innovación tecnológica, auditorio, comedor, cocina y ambientes administrativos, así como servicios higiénicos adecuados para estudiantes y docentes.
“Esta moderna construcción simboliza un paso firme hacia un Cusco más igualitario, donde
cada niño y joven pueda construir su futuro desde una escuela segura, moderna y humana”,
remarcó el gobernador Werner Salcedo Álvarez, en el acto de inauguración.
Asimismo, destacó que la educación es la herramienta más poderosa para transformar la vida
de las comunidades. “Obra iniciada, obra concluida. Seguiremos trabajando por más
educación, más desarrollo y más oportunidades para todos porque una escuela moderna no
solo forma estudiantes, fortalece familias, une comunidades y abre caminos hacia el progreso
social, cultural y económico”, señaló la autoridad.
La ceremonia contó también con la participación de la vicegobernadora, Noely Loaiza Líbano,
autoridades locales, docentes, padres de familia, estudiantes, entre otros, quienes resaltaron
que este proyecto no solo resuelve una problemática histórica, sino que renueva la esperanza
en una educación pública que promueve justicia social.
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Comuneros de Chimur tendrían acreditación de ANA sobre aguas termales
Luego de que efectivos de la policía, realizaran el desalojo de pobladores de la comunidad de
Chimur (Paucartambo) a causa de la administración de las aguas termales, el delegado de
relaciones comunitarias Jesús Zamalloa, indicó que no cederán ante las pretensiones del
alcalde Riben Huillca, pues ya cuentan con la acreditación de la Autoridad Nacional del Agua
(ANA).
“Es imposible la administración del alcalde (de Challabamba) porque ya tenemos la
acreditación de los recursos hídricos ósea, para que crea el estado la autoridad nacional del
agua, para que administre. Esa autoridad ya nos ha dado la administración. Entonces que cosa va a administrar el alcalde. ¿Va a administrar la infraestructura?”, cuestionó.
Don Jesús indicó que en algún momento cedieron la administración de las aguas termales a un alcalde, pero sin documentación, solo de “buena fe”, pero que se dio malversación de fondos por lo que la comunidad recuperó la administración de los baños termales.
Reconoció que con apoyo de varios alcaldes lograron ejecutar la construcción de pozas pero
que el actual burgomaestre, no ha hecho ninguna intervención y que, aun así, pretende
administrar el lugar.
DESALOJO
“Este 21 de noviembre, el alcalde ha pedido 500 policías para que nos desalojen de esas aguas termales, y como verán en los videos han vulnerado los derechos de la comunidad, de mujeres y niños. Y eso no se puede permitir. Nosotros vamos a continuar con esta lucha porque nos ampara la ley de las comunidades campesinas y eso estamos pidiendo al Poder Judicial”, enfatizó.
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Fiscalía investiga a coronel y suboficial PNP por pedir 10 mil soles a colega en Quillabamba
Las cámaras de video vigilancia, un vehículo y un celular son objetos de revisión por peritos e
integrantes de la Fiscalía Anticorrupción de la provincia de La Convención Cusco, los mismos
serán claves, para confirmar si el suboficial PNP Jasand Barrios y la coronel PNP Edith Espejo, se encuentran implicados en el presunto delito de cohecho pasivo propio.
Así lo refirió el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del distrito Fiscal del Cusco,
Manuel Mayorga Zárate.
Sobre el particular, cabe señalar que, según denuncia de un suboficial de la PNP, el técnico en
investigación de Inspectoría de la PNP, Jasand Barrios, le habría solicitado inicialmente
S/15,000 y luego bajó a S/10.000 para evitar la formalización de una denuncia en su contra, al
estar involucrado en un accidente de tránsito.
El efectivo, tras esta proposición, comunicó de la acción ilícita a la Fiscalía Anticorrupción,
quien empezó hacer seguimiento del caso, de tal forma, que se había planificado, un operativo
inopinado, para el 11 de noviembre; sin embargo, Barrios, adelantó su petición y
personalmente había decidido ir buscar al “investigado”, para recibir la coima, lo cual fue
alertado al Ministerio Público, y cuando estaban a punto de capturarlo, en flagrancia, (en la
vivienda del denunciante) huyó, pues se dio cuenta de la intervención del Ministerio Público.
Se indica además que este técnico de inspectoría se habría tragado los billetes, fotocopiados
para borrar la prueba del delito.
Finalmente cabe señalar que, en las últimas 48 horas, el Poder Judicial dispuso la detención,
por 72 horas, de la coronel Edith Espejo, la misma que sufrió un desmayo, por lo que fue
trasladada en camilla al hospital.
Del mismo modo se dio cuenta, que el suboficial Jasand Barrios, a quien se le acusa de haber
recibido el dinero y haberse tragado, se habría entregado en compañía de su abogado, para
afrontar el proceso de acuerdo a Ley.
