Cusco
Crece el riesgo de que mineros ilegales financien campañas en 2026
Quizás después de las elecciones generales y regionales y municipales de 2026 muchos
alcaldes y gobernadores, congresistas o el presidente ya no representarán al Estado, sino a los intereses de economías ilegales.
Según el estudio “Análisis exploratorio de economías ilegales y elecciones”, realizado por el
Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, hay un alto riesgo de que esas mafias de mineros ilegales, narcos, contrabandistas, taladores y otros financien 2,368 campañas
presidenciales, 57,728 campañas congresales y más de 51,000 campañas regionales, según
cálculos del estudio.
Los mineros ilegales serían los más interesados o con suficiente dinero para hacerlo. Tienen
dinero de sobra para hacerlo. Ganan más de 4,600 millones de dólares al año, lo que los ha
convertido en la economía ilícita más lucrativa que el narcotráfico y el contrabando.
De acuerdo con el estudio, en 2026, los mineros podrían fortalecer la elección de congresistas
que defiendan sus intereses, así como contar con personas funcionales a ellos en los gobiernos regionales y los municipios con representantes.
En la actualidad hay autoridades que defienden sus intereses. Según César Ipenza, abogado
especialista en derecho ambiental, los mineros ilegales cuentan con una bancada
multipartidaria ene l Congreso. En efecto, así parece ser. Las bancadas que impulsaron o
apoyaron leyes a favor de estos mineros fueron Fuerza Popular, Avanza País, Perú Libre, Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Somos Perú, Renovación Popular y Podemos Perú.
Estrategia de infiltración
Los especialistas refieren que el riesgo en la próxima campaña es que se infiltren en todo el
proceso electoral: desde la afiliación a los partidos, selección de candidatos, influencia en las
agendas locales y el debate público, hasta la llegada al poder. Moverán el dinero sucio en las
campañas, posiblemente, usando fundaciones y donaciones, empresas fantasma y testaferros, pago a consultoras y asesores, manipular encuestas y pagar publicidad política en medios.
Lo que pasó con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es un pequeño ejemplo
de lo que podrían hacen los mineros con una bancada en el Congreso y presencia en los
gobiernos subnacionales.
Es un patrón, según el informe, en el que las economías ilegales han aprendido a “producir”
candidatos afines, infiltrar partidos o financiar líderes locales que pueden ser elegidas.
Teniendo operadores dentro del sistema, se aseguren protección e impunidad.
Desde el Estado no se hace mucho para controlar la infiltración del dinero sucio en la campaña.
No se fortalece la inteligencia financiera, ni se audita el origen de los aportes de campaña,
tampoco se exige estándares éticos públicos y verificables a partidos y candidatos.
Cusco
Cusco: transportistas exigen “sinceramiento” de pasajes ante continua alza en el precio del combustible
El dirigente de los transportistas, Estanislao Alegre, advirtió que el continuo incremento en el precio de los combustibles está asfixiando la rentabilidad del sector. Ante esta coyuntura, exigió un «sinceramiento» en la tarifa de los pasajes urbanos para evitar un colapso operativo o un paro total del servicio en la ciudad.
El representante gremial señaló que la situación económica actual resulta insostenible para las empresas y los conductores, debido a que el costo del combustible ya oscila en los S/ 27.80 y podría llegar a costar los S/ 30 por galón. Alegre afirmó que, de llegar a esa cifra, las unidades se verán imposibilitadas de salir a operar, lo que terminaría perjudicando a los usuarios al obligarlos a usar medios de transporte informales y más costosos.
Respecto al cambio de gestión en las autoridades reguladoras del transporte, Alegre instó a la administración saliente a transferir de forma transparente todo el trabajo técnico acumulado. Asimismo, exhortó a las nuevas autoridades a no improvisar con el diseño de nuevas rutas ni con los buses alimentadores, exigiendo que cualquier medida se implemente sobre la base de evaluaciones técnicas realistas y consensuadas con el gremio.
Por último, el dirigente rechazó los cuestionamientos sobre la modernización del parque automotor, destacando que las empresas locales contarían con flotas modernas y en constante renovación por iniciativa propia. No obstante, remarcó que el aumento del pasaje responde a la inflación generalizada de insumos y no a un capricho del sector, aunque reiteró el compromiso de reducir la tarifa a un sol en caso de que el combustible vuelva a descender a los S/ 14 por galón.
Cusco
Urubamba contrató por S/30.500 al yerno de un juez superior de Cusco, pese a prohibición legal
• Urubamba emitió dos órdenes de servicio a favor de Gonzalo Vicenth Huarcaya Portilla, yerno del juez superior Luis Alfonso Sarmiento Núñez. Un informe de control advierte que el proveedor estaba impedido de contratar con el Estado.
La Municipalidad Provincial de Urubamba contrató por S/30.500 a Gonzalo Vicenth Huarcaya Portilla, yerno de un juez superior de la Corte Superior de Justicia de Cusco, pese a que la ley le prohibía contratar con entidades públicas dentro del ámbito territorial de competencia del magistrado.
El Órgano de Control Institucional (OCI) de la municipalidad identificó indicios de irregularidad en dos contratos suscritos durante 2023, cuando Luis Alfonso Sarmiento Núñez ejercía como juez superior titular. Los hallazgos figuran en el informe de Acción de Oficio Posterior 061-2026-2-0392-AOP.
La municipalidad emitió una primera orden de servicio el 19 de abril de 2023 por S/29.000 para formular expedientes técnicos. Luego, el 23 de noviembre del mismo año, contrató al proveedor por S/1.500 para capacitar a agentes de tránsito. Ambos servicios suman S/30.500.
Declaró que no tenía impedimentos
El informe de control advierte que Huarcaya Portilla estaba impedido de contratar con el Estado por su vínculo familiar con el magistrado. Sin embargo, suscribió declaraciones juradas para ambas órdenes de servicio en las que afirmó que no tenía impedimentos legales para contratar con entidades públicas.
El OCI sustenta esta conclusión en el artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Esta norma prohíbe contratar con el Estado a los parientes hasta el segundo grado de afinidad de los jueces superiores, cuando la contratación se realiza dentro del ámbito de competencia territorial correspondiente.
La entidad de control también tomó en cuenta el acuerdo de sala plena 006-2021/TCE y la información remitida por la Corte Superior de Justicia de Cusco mediante el oficio 001348-2026-GAD-CSJCU-PJ. Según esos documentos, Urubamba se encontraba dentro del ámbito territorial de competencia del magistrado, por lo que el impedimento alcanzaba al proveedor.
La presentación de las declaraciones juradas agrava los cuestionamientos, pues el proveedor aseguró que podía contratar con el Estado pese a la restricción identificada por el OCI. El informe advierte que esta situación afecta la transparencia y la legalidad de las contrataciones públicas.
Ante los indicios detectados, el órgano de control recomendó al alcalde provincial de Urubamba adoptar medidas para determinar las responsabilidades correspondientes. También solicitó que la municipalidad remita un plan de acción en un plazo de 20 días hábiles. Según el informe, hay presuntas irregularidades en la contratación y recomienda acciones correctivas.
Cusco
Sedacusco prepara racionamiento de agua en Cusco por sequía asociada a El Niño
• La empresa advierte que la falta de lluvias y las altas temperaturas reducen el caudal de algunas fuentes de captación. Si el déficit hídrico empeora, aplicará restricciones al servicio y distribuirá agua mediante camiones cisterna.
La falta de lluvias y las altas temperaturas comienzan a reducir el caudal de las fuentes que abastecen de agua potable a la ciudad del Cusco. Ante este escenario, la empresa Sedacusco prepara un plan de racionamiento que podría aplicar en las próximas semanas si las condiciones hídricas empeoran por el déficit de precipitaciones asociado al fenómeno El Niño.
El gerente general de la empresa, Julio Ítalo Ramos Calderón, informó que el abastecimiento continúa, pero reconoció que ya existen afectaciones puntuales en sectores de la zona noroccidental alta de la ciudad, que dependen de la captación de Jaquira. La empresa ejecuta un plan de contingencia para mantener la continuidad y calidad del servicio.
Entre las medidas que Sedacusco evalúa figuran la instalación de nuevos reservorios en las zonas afectadas y la distribución de agua mediante camiones cisterna en los sectores comprendidos en la emergencia. Todavía no ha precisado qué zonas tendrían restricciones ni cómo se organizarían los horarios de abastecimiento. Ramos Calderón exhortó a la población a utilizar responsablemente el agua potable, evitar el desperdicio y adoptar medidas de ahorro.
Obras para enfrentar el déficit hídrico
En agosto, Ramos Calderón presentó ante las instituciones convocadas en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) el Plan de Contingencia ante el Fenómeno El Niño 2026-2027. Detalló las intervenciones previstas para mitigar los efectos de la alteración climática y reducir el riesgo de desabastecimiento en los próximos meses.
Entre los proyectos expuestos figura el Sistema de Impulsión Qoripata-Picchu (R5 a R4), que requiere una inversión de S/9,8 millones. La obra contempla la instalación de 1800 metros de tubería de hierro dúctil y equipos de bombeo para incrementar el trasvase de agua hacia el reservorio de Picchu.
Según Sedacusco, el proyecto beneficiará directamente a 62 625 usuarios y busca garantizar el suministro continuo durante las 24 horas en el Centro Histórico y la zona hotelera. La empresa prevé concluir el expediente técnico en los próximos meses.
El plan también contempla la construcción de un muro de contención en Piñipampa, distrito de Andahuaylillas, provincia de Quispicanchi. La intervención, valorizada en S/9 millones, busca proteger los pozos de captación del sistema Vilcanota, una de las principales fuentes de abastecimiento de la ciudad.
La declaratoria de emergencia por déficit hídrico permitirá adoptar medidas para atender los efectos de la escasez de agua. Por ahora, el racionamiento es una medida prevista y no una restricción vigente. Su aplicación dependerá de la evolución de las condiciones hídricas durante las próximas semanas.
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