• La Fiscalía Ambiental del Cusco logró una sentencia en menos de cuatro días. El sentenciado llevaba mercurio en su equipaje con destino a Puerto Maldonado, una de las principales zonas afectadas por la extracción ilegal de oro.Un operativo de control en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete terminó con una condena por tráfico ilícito de insumos químicos destinados a la minería ilegal. La Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Cusco logró que el Poder Judicial sentencie a Renán P.M., de 44 años, por transportar mercurio sin autorización ni documentación que justificara su traslado.La sentencia se emitió el 5 de junio, apenas cuatro días después de la intervención realizada por personal de SUNAT Aduanas. El Ministerio Público impulsó un proceso inmediato que permitió resolver el caso en tiempo récord.Los hechos ocurrieron el 1 de junio de 2026. Durante una inspección de rutina en el aeropuerto cusqueño, los agentes detectaron en el equipaje del pasajero 68 gramos de mercurio, un insumo químico fiscalizado debido a su frecuente uso en actividades de minería ilegal.Las investigaciones determinaron que el material tenía como destino final la ciudad de Puerto Maldonado, específicamente la zona de La Pampa, uno de los principales focos de extracción ilegal de oro en la Amazonía peruana.La Fiscalía Ambiental, dirigida por el fiscal provincial Alain Alberto Miranda Solís, reunió elementos de convicción que permitieron acreditar el delito. Entre las pruebas destacaron las comunicaciones extraídas del teléfono celular del investigado, las cuales evidenciaron coordinaciones vinculadas con la obtención y uso de mercurio para actividades mineras ilegales.El Poder Judicial impuso una pena de cinco años de prisión. Sin embargo, la condena quedó suspendida por cuatro años debido a las condiciones personales del sentenciado y a que tiene hijos menores de edad bajo su responsabilidad.Además, deberá pagar S/7 000 por concepto de reparación civil, una multa equivalente a S/1,357.44 y cumplir una inhabilitación de cinco años para obtener concesiones mineras, autorizaciones o registros relacionados con el transporte y manejo de materiales fiscalizados.El caso es un nuevo golpe contra las redes que abastecen a la minería ilegal. Aunque la cantidad de mercurio incautada era reducida, las autoridades destacan que este insumo resulta fundamental para la extracción ilegal de oro y genera graves impactos sobre el ambiente y la salud pública.Con esta sentencia, la FEMA Cusco refuerza su estrategia de perseguir no solo a quienes extraen minerales de manera ilegal, sino también a quienes suministran los insumos que sostienen esta actividad en regiones como Madre de Dios.

• Poco se habla de la cadena de actores que giran alrededor de esta actividad ilícita. No se señala a financistas, autoridades y policías corruptos, plantas procesadoras y redes criminales.El minero que entra a los socavones o baja al río para sacar minerales es el eslabón más débil en la cadena de actores de la minería informal e ilegal, que no funciona sola ni aislada. Para desarrollarse y sostenerse necesita una red de financistas, autoridades aliadas, policías corruptos, compradores, plantas de beneficio y comunidades. Son eslabones invisibles, o que buscan mantenerse invisibles, por lo que el Estado no los controla o los controla poco. Zaraí Toledo Orozco, politóloga que investigó las economías ilegales, dijo tras la masacre de 13 personas en Pataz, que el gobierno no conoce el problema por lo que se enfoca en quien extrae el mineral, la persona que más se expone y menos gana. Toledo dijo que una política que ataque a esas economías ilegales debe apuntar a quienes se benefician y las financian, y contar con un servicio de inteligencia para reconocer a los actores y sus nexos con grupos criminales y políticos.Para que una mina empiece a operar debe haber financistas o prestamistas, personas o redes que ponen dinero, maquinaria, combustible, explosivos y campamentos. Muchas veces nunca pisan una mina, pero se quedan con la mayor parte de la producción.Estos “empresarios” tienen como aliados a alcaldes, gobernadores y congresistas que ofrecen protección política, impulsan normas, como la ampliación del Reinfo o la flexibilización de leyes, y frenan operativos. Muchos presentan a la minería ilegal como “trabajo del pueblo” para ganar legitimidad y votos. A eso se suman funcionarios de gerencias o direcciones regionales de Energía y Minas que facilitan trámites irregulares o miran a otro lado frente al daño ambiental.El analista Iván Arenas señala que algunos congresistas ya representan a este tipo de minería y desde el Congreso apoyaron y promovieron normas para flexibilizar la lucha contra la informalidad e ilegalidad. “Algunos gobiernos regionales también han sido los culpables de la informalidad, del fracaso del REINFO. Asimismo, en lugares donde hay minería informal, los alcaldes están coludidos y en algunos casos son hasta tenedores del registro”, dijo.Las redes ilegales también logran el apoyo de comunidades o dirigentes cooptados con pagos o entrega de beneficios. Otros son presionados o amenazados por organizaciones criminales, como ocurre en la Amazonía. En algunos casos, terminan convertidos en aliados y socios.De la misma forma, miembros de la Policía y del Ejército cobran cupos para permitir el paso de combustible, maquinaria o mineral, así como alertan sobre operativos, custodian convoyes o campamentos, simulan interdicciones y protegen rutas ilegales. Hay policías involucrados en el robo de oro en Cusco, Puno y Lima, mientras que en La Libertad han sido denunciados por liberar “paqueteros” y desaparecer mineral incautado. Según el medio Causa Justa, pagan a policías entre 10,000 a 50,000 soles para transportar minerales.La cadena se completa con compradores, plantas de beneficio y comercializadores. Son acopiadores locales, empresas exportadoras, intermediarios que “blanquean” mineral ilegal mezclándolo con producción formal y casas de compra que no verifican el origen. Al respecto, Arenas dijo que sin las plantas no habría el desorden que hay hoy, que han generado un mercado atractivo. “Algunas reciben producción sin ningún tipo de fiscalización más allá del Reinfo”.A nivel nacional, 304 plantas procesan minerales en 17 de departamentos, muchas son informales e ilegales, y muchas otras reciben minerales sin verificar si efectivamente su procedencia es formal. Esas plantas facilitan la expansión de este tipo de actividades y se convierten en el canal de ingreso del oro ilegal al mercado formal. No se puede obviar tampoco el papel de los proveedores de explosivos y combustible, las bandas que trafican mercurio, los dueños de maquinaria pesada, los talleres mecánicos y las empresas de transporte. Ni ignorar que alrededor de esta actividad, y muchas veces con ella, operan también redes criminales dedicadas a la trata de personas, prostitución, extorsión, sicariato y lavado de dinero.

El coronel PNP Carlos Guizado, jefe de la Región Policial Cusco, informó que el Comando Policial de Lima ha emitido “disposiciones claras” para garantizar el compromiso de todo el personal en los próximos comicios. En ese sentido, anunció que desde mañana los efectivos comenzarán a desplazarse hacia los distintos locales de votación de la región.
“El desplazamiento es total. No le podría dar una cifra exacta, pero se trata de la totalidad del personal. En las comisarías y unidades administrativas solo se quedará el personal mínimo indispensable”, indicó la autoridad policial.
Asimismo, Guizado explicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) estará a cargo de la seguridad externa de los locales de votación, la custodia de los electores y el repliegue del material electoral, labores que se realizan en constante coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Finalmente, el coronel señaló que este proceso representa una fiesta cívica en la que cada ciudadano debe cumplir con la obligación de elegir al candidato de su preferencia. Aseguró que la institución se enfocará “íntegramente” en que se respete el derecho al sufragio, garantizando la presencia policial desde la instalación de las mesas de votación hasta el resguardo final de las ánforas.